La desaparición forzada de personas (7)

Derechos constitucionales y estado de excepción, la legalización de la arbitrariedad

Las constituciones políticas de cada país recogen con claridad los preceptos establecidos por las convenciones internacionales en cuanto a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad personales. Los derechos humanos se integran al cuerpo jurídico de cada país mediante normas de protección de los derechos individuales, como la inviolabilidad del domicilio, la obligación de presentar a las personas detenidas ante un juez competente en un plazo determinado, la notificación de la causa de la detención, el derecho a no declarar si no es ante autoridad judicial competente, la conducción a sitios de detención legales, el derecho a un juicio justo y legal, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, entre otros. Cuando estos derechos y garantías son irrespetados, la ley contempla los recursos de exhibición personal (hábeas corpus) y amparo.

Aunque debió haber sido suficiente el reconocimiento constitucional de los derechos individuales para delimitar la acción de los organismos de seguridad y las autoridades policiales, evitando que incurrieran en excesos violatorios a los derechos humanos, la desaparición forzada de personas se repitió decenas de millares de veces en Guatemala y en otros países del hemisferio.

 

La desaparición forzada de personas transgrede todos los derechos y garantías consagrados en la legislación nacional e internacional en una suerte de estado de excepción puesto en práctica de hecho o "legalmente" según las circunstancias de cada país. En el segundo caso, se suspendía la Constitución Política -o la aplicación de los artículos correspondientes a derechos y garantías- o se emitían leyes con las que se pretendió legitimar todo tipo de arbitrariedades en un contexto de autoritarismo dictatorial y lucha contrainsurgente.

Este estado de excepción –declarado o no- ahondaba la situación de indefensión extrema en que eran colocadas las víctimas de la desaparición forzada al ser apartadas del mundo, lejos del alcance de sus familias, amigos/as y compañeros/as pero, sobre todo, de abogados/as y jueces.

Uno de los antecedentes de este tipo de acciones es el del régimen nazi, que reemplazó el orden jurídico por la arbitrariedad legalizada mediante la emisión de leyes que les permitieron cometer los más brutales excesos represivos sustentados en la voluntad política y la subordinación del poder judicial a la razón de Estado. (Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Barcelona, 1983, pp. 32 y 34).

Esta práctica, entusiastamente incorporada a la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en Guatemala y otros países del continente, fue criticada por el doctor Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, muerto en el asalto al Palacio de Justicia en 1985:

"Tales legislaciones presentan entre otros los siguientes elementos comunes:

a) Están marcadas por un creciente intervencionismo estatal representado en varios países por gobiernos militares.

b) Presentan frecuentes violaciones al principio de tipicidad en cuanto describen como hechos punibles formas de comportamiento que realmente no vulneran intereses vitales para la comunidad.

c) Entregan a los militares el poder de juzgar a los civiles por delitos comunes y mediante procedimientos violatorios del derecho de defensa.

d) Suprimen unas y recortan otras [garantías para] la real aplicación del habeas corpus.

e) Afectan sensiblemente el ejercicio normal de derechos inalienables como los de reunión, sindicalización y expresión." (“La desaparición forzada en Colombia”).

Todos estos esfuerzos estuvieron dirigidos a establecer e institucionalizar un régimen de impunidad que favoreció a los perpetradores y sus cómplices a lo largo de varias décadas.

Los culpables, sin juicio ni castigo

La maquinaria de terror establecida para desaparecer personas combinó numerosos elementos jurídicos, políticos, sociales, psicológicos, militares, creó un mundo paralelo sin Dios ni ley en el que la ejecución de los múltiples delitos estuvo en manos de los cuerpos estatales y paramilitares, junto con los llamados "grupos especiales" dentro de los organismos de seguridad legalmente constituidos. Sus operaciones fueron secretas y sus cárceles eran clandestinas. Todo ello se dio en un marco de garantías para la preservación de la impunidad de los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, una resolución de la Asamblea General de la OEA consideró que "La desaparición forzada de personas constituye un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal" (Asamblea General de la OEA. Resolución AG/RES. 666 (XIII-0/83). Aprobada en la sesión plenaria del 18 de noviembre de 1983).

Con la creación del aparato de terror, generalmente clandestino, y la supresión de hecho o “legalmente” de todos los recursos previstos por la ley para la protección de las personas detenidas por agentes estatales, paralelamente se estableció una práctica que garantizó la evasión de la responsabilidad de los "desaparecedores" y, por supuesto, su impunidad. Esta práctica se observó en distintos planos:

• Las desapariciones no fueron investigadas;
• Los delitos se ocultaron y se negaron; y,
• Se aprobaron leyes que institucionalizaron la impunidad, como las numerosas leyes de amnistía en Guatemala, El Salvador y Honduras, la obediencia debida en Uruguay o el punto final en Argentina, derogadas en años recientes.

En este sentido, “(...) toda la metodología estaba destinada a no dejar huellas, a garantizar la total impunidad de los criminales. Todo estaba dirigido principalmente a que no fuera descubierto el aparato de terror, de muerte, de sangre, de genocidio total. (...) En lugar de asumir responsablemente esta situación que ellos llamaban guerra, ocultaron la verdad, mintieron sistemáticamente. Dijeron en un comienzo que los desaparecidos eran la creación de la propaganda "subversiva". Más tarde, que estaban en Nicaragua o en Cuba, que se los había hecho salir del país..."(Luis Marcó del Pont, El Estado terrorista para asegurar la impunidad de los crímenes; en: La desaparición, crimen contra la humanidad, pp.63 y 64) 

Quienes hicieron de la práctica de las desapariciones forzadas e involuntarias una política de Estado para sancionar a las personas por sus creencias, opiniones y posición política, y las planearon y ejecutaron de manera sistemática y masiva, tomaron todas las previsiones legales e ilegales para resguardarse de la acción de la justicia. Para ello, retorcieron la legalidad, pusieron a su servicio -por simpatía o por temor- a jueces y abogados, establecieron las estructuras necesarias para garantizar la clandestinidad de sus actos y del aparato empleado para desaparecer personas, ocultaron la información, contaron con la absoluta falta de conciencia-y el absoluto miedo- de los militares que dieron las órdenes y que, pese al tiempo transcurrido, les continúa impidiendo decir la verdad y asumir su responsabilidad.

Pero hay algo que desde su inhumana acción y pensamiento no pudieron prever: nuestro amoroso resguardo de la memoria de nuestro ser querido desaparecido/a, la implacable voluntad de justicia que nos caracteriza, nuestra persistente búsqueda de la verdad, nuestra lealtad indoblegable al amor transfigurado en un dolor que no hallará alivio mientras el relámpago de la justicia no logre fulminarlos. Por eso, el régimen de impunidad que tan laboriosa y perversamente construyeron, se les está yendo a pique.

Enlaces a los artículos anteriores:

La desaparición forzada de personas (6)

La desaparición forzada de personas (5) 

La desaparición forzada de personas (4) 

La desaparición forzada de personas (3)

La desaparición forzada de personas (2)

La desaparición forzada de personas (1)

Los que siguen viviendo en el pasado

Hace un año, a partir de la elección de un militar como gobernante de Guatemala, se han venido observando el reforzamiento – envalentonamiento y las manifestaciones escritas y públicas de sectores fascistas ligados con el terrorismo de Estado que asoló el país en una época muy reciente. Con sus opiniones fuertemente teñidas de anticomunismo y sus señalamientos retorcidos y falsos, pretenden imponer una versión en blanco y negro del genocidio. Es una versión muy conveniente, en ellas los presuntos criminales son los buenos y los opositores/as y las víctimas, los malos. 

Para muestra, varios botones: las demandas inconsistentes y burdas en las que decenas de personas –algunas de ellas con una trayectoria de décadas en la oposición política- han sido acusadas penalmente de delitos atribuibles a las organizaciones político militares de izquierda en los sesentas y setentas; los comentarios cargados de odio y amenazas vertidos en columnas periodísticas o hechos a ciertos/as columnistas de prensa; y, etiquetar como asesinos/as, torturadores/as y terroristas a hombres y mujeres que fueron precisamente el blanco de sus acciones.

Situados por completo en el pasado, inmersos en una lógica contrainsurgente, sus posturas y relatos continúan ciñéndose a la doctrina de seguridad nacional que moldeó no solo sus cabezas, sino que también rigió las actuaciones del Estado guatemalteco, su ejército y demás fuerzas de “seguridad” durante los años de la guerra fría. Desde esa perspectiva, tras la contrarrevolución de 1954, la conflictividad política y social del país se enmarcó en el enfrentamiento entre el Oeste (Estados Unidos y el mundo libre, capitalista y cristiano) y el Este (la Unión Soviética y los países del bloque socialista, comunista y ateo). De esta forma, el origen de dicha conflictividad no había que buscarlo en los problemas estructurales de Guatemala, sino en la implantación de “ideas exóticas” producto de la intervención de Cuba y la URSS con la complicidad de la oposición política local. Esta, según la DSN, pasaba a ser concebida como enemiga del Estado y la sociedad, la patria, contraria a los valores cristianos, a la familia y un largo etcétera, entre eso una dieta que incluía niños en el menú.

En ese contexto confrontativo y autoritario, fuertemente militarizado, la seguridad nacional se constituyó en el primer objetivo del Estado y su defensa era ineficaz en democracia y con respeto a los derechos humanos. Así se justificó la puesta en marcha de regímenes de fuerza, de mano dura, dirigidos a "eliminar las amenazas contra el orden establecido" y "evitar que el país cayera en las garras del comunismo internacional" mediante la persecución y el aniquilamiento del enemigo. Puesto en práctica en Guatemala entre 1954 y 1996 y llevado a extremos desquiciados en los ochentas, el enemigo estaba constituido por cualquier persona que desafiara al poder en cualquier ámbito. 

Así, metieron en el mismo saco a trabajadores/as que se organizaban para mejorar sus condiciones laborales; intelectuales, profesores/as y estudiantes que se alejaron de la línea de pensamiento impuesta desde arriba; al campesinado y los pueblos indígenas que luchaban por su derecho a la tierra, que es lo mismo que su derecho a la vida; a catequistas, sacerdotes y religiosas que se involucraron en procesos de mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales y urbanas o en las organizaciones revolucionarias; a cooperativistas, periodistas que sí informaban sobre lo que en realidad estaba sucediendo; y, por supuesto, a militantes de las agrupaciones de centro e izquierda, legales o ilegales, armadas o no. Toda la gente que soñaba y accionaba por construir un país distinto, con justicia, igualdad, libertad y derechos para todos, se convirtió en un blanco de sus ataques letales, pero también la que estaba cerca -sus familias-, la que se enteraba, la que de vez en cuando participaba en una manifestación o en una huelga... Con el más mínimo acto o decisión se cruzaba la línea invisible que dividió a la población en “amiga” o “enemiga”.

Es este planteamiento el que resurge con fuerza en las manifestaciones de la derecha fascista, anticomunista y anti lo que sea -antihumanas- porque desde estas posturas de lo que se trata es de etiquetar cualquier tipo de discurso crítico de comunista, aunque no lo sea, con tal de ligarlo al pasado y recurrir a los únicos argumentos que son capaces de esgrimir: las mismas sinrazones contrainsurgentes, manipuladoras y mentirosas de antaño que dieron lugar al genocidio más grande del hemisferio occidental. A esto se agrega que ahora, en un acto de prestidigitación -una operación de guerra psicológica, como las de sus años dorados- las acusaciones de terrorismo, tortura y asesinatos se dirigen a quienes otrora eran precisamente el blanco de esas actuaciones perpetradas por ellos mismos. 

Con su retorcida e ideologizada campaña, los sectores fascistas alineados con los perpetradores del genocidio, la desaparición forzada y la tortura de decenas de millares de guatemaltecos y guatemaltecas, no tiene otro objetivo que perpetuar la impunidad y el silencio que continúan existiendo alrededor de estos crímenes. La difusión de versiones amañadas y mentirosas de hechos deleznables, junto con el amedrentamiento de la población, persigue mantener los privilegios de los presuntos criminales, sus familias y sus allegados, porque además de ensangrentar al país, se enriquecieron mediante el saqueo de las arcas nacionales y el despojo de tierras y propiedades de los perseguidos y aniquilados.

En tal sentido, así como está prohibida la ideología nazi en Alemania y en otros países europeos, en Guatemala se debería prohibir legalmente la difusión de las ideas ligadas a la doctrina de seguridad nacional y las prácticas políticas asociadas con ellas, con base en el elevadísimo costo humano y social que significó su implantación: el sacrificio despiadado de doscientas mil vidas de personas asesinadas o desaparecidas y la cauda de violencia y sufrimiento que continúa aquejando a la sociedad guatemalteca. Además, estas voces, que vienen desde el pasado, revictimizan a las víctimas, mueven los hilos del terror que atraviesan de arriba abajo la vida de nuestro país, atentan contra la paz, incitan a la violencia y reproducen una versión falsificada de la historia reciente. Si se analiza esta situación desde la óptica de los derechos, estos sectores cavernarios y fascistas tienen los de pensar y decir lo que les dé la gana, pero como mínimo hay expresiones que entran en el catálogo de delitos del código penal, como las injurias y calumnias, las amenazas, el hostigamiento, que al constituirse como tales deben ser perseguidos penalmente de oficio por las instituciones establecidas para tales efectos.

Teniendo como caja de resonancia a los medios, los hombres que siguen viviendo en el pasado, aferrados a un estado de cosas en el que pudieron acallar las voces disidentes exterminándolas y aterrorizándolas, no quieren enterarse que a partir de 1996 se echó a andar un proceso en el que ciertamente aún prevalecen las promesas sobre las realidades, pero que ha impuesto las formalidades democráticas de las que el ejercicio de los derechos políticos y civiles es un aspecto fundamental.

Así, se entiende universalmente que ya no son motivo para marcar a alguien como enemigo el sostener posturas políticas de izquierda, de centro, de derecha, con todas sus variantes y combinaciones posibles; defender los derechos humanos; expresar verbalmente o por escrito opiniones críticas; manifestarse en contra del gobierno, la oligarquía y el ejército; salir a la calle a plantear demandas; organizarse y luchar para defender la tierra, la naturaleza y otros derechos de los pueblos indígenas; exigir el cumplimiento de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual; demandar justicia por parte de las víctimas del genocidio, la desaparición forzada, la tortura y otros crímenes.

NO SON DELITO todas estas y muchas otras prácticas y demandas populares. Son manifestaciones legítimas del ejercicio de ciudadanía garantizadas constitucionalmente y protegidas por los tratados internacionales de derechos humanos, por mucho que les pese, y se desarrollan en un espacio conquistado mediante las luchas y la resistencia de los sectores más desfavorecidos de nuestro país. 

Tales avances son ciertamente lentos, tímidos, endebles, pero avances al fin, y deben ser defendidos contra los vientos y mareas neoliberales, autoritarias, extractivistas y militaristas, criminalizadoras de la protesta social, y contra los ataques de los cavernícolas que siguen viviendo en el pasado. Deben ser fortalecidos y traducidos en una institucionalidad democrática vigorosa que haga realidad la existencia, al menos, de un Estado de Derecho en nuestro país.

La desaparición forzada de personas (5)

La guerra psicológica

Un elemento fundamental de la guerra de baja intensidad en sus distintas facetas fue la guerra psicológica. Esta corrió pareja con los actos represivos gubernamentales que, en ciertos momentos y zonas geográficas del país –como la capital-, adquirió un carácter selectivo mediante la utilización de métodos terroristas, como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas de dirigentes y activistas destacados/as[i].

La guerra psicológica respondió a la urgencia de ganar a la población civil por medio de las llamadas operaciones psicológicas, ya fuera por terror o por la disposición a legitimar los actos represivos del poder, respecto de los cuales, estaban destinadas a imponer la versión de los victimarios. Otros de sus objetivos fueron la inducción de culpa sobre las propias víctimas y sus familias o comunidades, la inducción al silencio, la inducción a considerar a los opositores/as como inadaptados/as sociales. De esta forma, se imponía una lógica de "guerra preventiva", dirigida a extirpar del cuerpo social a los posibles enemigos internos, que también estaba destinada a atemorizar a potenciales opositores/as debido a que estos hechos se instalaban en la conciencia social como una advertencia de lo que le sucedía a quienes se atrevían a romper con los mandatos de obediencia y sumisión al poder.

Las operaciones de guerra psicológica incluyeron campañas de desinformación y de propaganda negra[ii], para lo que contaron con la complicidad de los medios masivos. Como parte de la manipulación de la población, los aparatos represivos estatales en Guatemala también recurrieron a la difusión de listas de personas amenazadas de muerte, el abandono de cadáveres en sitios públicos, irreconocibles por las mutilaciones, o en cementerios clandestinos.

Por medio de la combinación de métodos brutales con las sutilezas de la desinformación, en la conciencia social se fue perfilando al opositor/a como un ser ajeno/a, extraño/a, loco/a, "extranjero/a", contra quien el ejército "salvador" podía recurrir a las más despiadadas formas de represión. Estas, que presuponen la negación de su condición humana, partían de borrarle del imaginario como ser humano y como ciudadano/a con derechos.

De esta forma se concreta uno de los objetivos de la GBI, el de deslegitimar a la oposición hasta convertirla en ineficaz, engarzando en esta nueva concepción de la guerra la práctica de la desaparición forzada.

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[i] Esta es una diferencia respecto de la represión masiva característica de la doctrina de seguridad nacional que no hacía distinciones a la hora de elegir a las víctimas. Es evidente que en nuestro país se recurrió a la combinación de ambas concepciones a la hora de planear y ejecutar las acciones terroristas represivas.

[ii] La propaganda negra distorsionó el mensaje de la oposición política y criminalizó a sus portadores/as.

La desaparición forzada de personas (4) Doctrina de seguridad nacional y terrorismo de Estado

La doctrina de seguridad nacional fue aplicada de acuerdo con las condiciones específicas de cada país. En muchos países latinoamericanos se constituyeron Estados fuertes, verticales, militares, despreciativos de las normas democráticas, anticivilistas, que eliminaron la independencia de poderes sometiendo a los organismos legislativo y judicial al ejecutivo, controlado éste último por una cúpula militar que actuó con base en medidas de excepción[i]. Para restaurar el orden, el ejército recurrió al estado de excepción, por medio del cual reemplazó el orden jurídico existente por todas las formas de la arbitrariedad.

Todo esto se tradujo para las sociedades latinoamericanas en el sojuzgamiento de amplios sectores de la población a partir del empleo de métodos terroristas como la tortura, los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas y otras formas de conculcación de los derechos civiles y políticos. Estas fueron prácticas ejercidas por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares que actuaron bajo su absoluto control y dirección.

FEDEFAM, en su V Congreso realizado en 1984[ii], al analizar los mecanismos de la puesta en práctica de la doctrina de seguridad nacional en el continente, concluyó en que "...los gobiernos represores para imponerse y subsistir han tenido que organizar un fuerte aparato represivo para acallar toda voz de disenso e instaurar un verdadero terror en las poblaciones, quebrando toda posibilidad de lucha o solidaridad." (FEDEFAM, vol. III, agosto 1987, pp. 15).

Además, "...la represión está sólidamente estructurada e internacionalizada (...) es masiva (...) se instrumentan métodos represivos en forma selectiva que (...) suelen ser usados ampliamente para incrementar el terror (...) se ejerce coartando las libertades de expresión, movilización y organización (...) abarca desde los presos políticos, el exilio, la censura, hasta brutales torturas, vejaciones, asesinatos, secuestros y la instauración de un nuevo tipo de represión: la detención desaparición de personas (...) llega a extremos de genocidio, haciendo desaparecer poblaciones (...) en su totalidad o de etnocidio cuando aplicaron la política de destrucción total o de migraciones masivas de poblaciones (casos de Guatemala y Perú), en un evidente intento de romper los lazos culturales tradicionales (...) ha implementado un verdadero terrorismo de Estado para extirpar las luchas populares (...) está tan enraizado (el aparato represivo) que aún países que inician un proceso democrático se encuentran con enormes dificultades para desmantelarlo. La persistencia del aparato represivo debilita el poder político". (FEDEFAM, Op. Cit., pp. 15).

El carácter internacional de la represión se manifestó en la coordinación de las fuerzas armadas de país a país mediante organismos como el Consejo de Ejércitos Centroamericanos -CONDECA-, por ejemplo. Estos les permitieron intercambiar información, realizar operativos conjuntos, etc. Esto explica también cómo se dieron las desapariciones forzadas en cualquier país latinoamericano, sin importar la nacionalidad de la víctima.

La desaparición forzada y la guerra de baja intensidad

La guerra de baja intensidad es una versión modernizada, más pragmática y más objetiva, de la guerra contrainsurgente.

En la segunda mitad de la década del setenta, fundamentalmente después del triunfo revolucionario en Nicaragua, las fuerzas hegemónicas norteamericanas principiaron a aplicar esta nueva concepción de guerra en búsqueda de resultados efectivos contra los movimientos insurgentes en algunos de los países centroamericanos y contra el Estado revolucionario nicaragüense.

La GBI es producto de la experiencia norteamericana en Vietnam, país en el que los Estados Unidos aplicaron una estrategia basada en aspectos político-militares que resultaron inadecuados para hacer frente a una guerra de liberación nacional librada en todos los planos.

Esta concepción se alimentó de todas las doctrinas militares previas, que ofrecían soluciones fragmentadas y cortoplacistas a los conflictos que se presentaban en los diferentes países bajo la dominación norteamericana. Además, se basó en el estudio de los movimientos insurgentes para utilizar contra ellos sus mismas tácticas.

A partir de la concepción de la GBI, en las áreas de interés geopolítico para los EEUU prevaleció como interés máximo la seguridad estadounidense y se dio paso al montaje de proyectos contrarrevolucionarios a escala regional. Su gran objetivo, dicho de una manera muy simple, era neutralizar el apoyo de la población civil a cualquier fuerza revolucionaria, gobernante o insurgente, ejecutando todo tipo de acciones deslegitimadoras dirigidas a anular su eficacia. Si bien en su esencia prevalecen los elementos políticos sobre los militares y para los Estados Unidos la participación de sus tropas puede tener un "perfil mucho más bajo", en su aplicación práctica para nuestros pueblos sus efectos no fueron de baja intensidad. Esto se explica dado que la aplicación de esa nueva doctrina de guerra de ninguna manera significó dejar de lado el terrorismo de Estado al interior de cada país.

Así, se implementaron respuestas coherentes y coordinadas en el nivel regional ante la aparición del fenómeno revolucionario nicaragüense para contrastar en el imaginario el "totalitarismo" gobernante en ese país con las "democracias" del resto de Centroamérica. 

En ese marco se realizaron los procesos electorales en El Salvador en 1982 y Guatemala en 1986, sin que eso significara el abandono del poder real por parte de los respectivos ejércitos ni que dejaran de recurrir a las prácticas represivas. Una fachada ajustada a ciertas prácticas democráticas, como las elecciones, les dio un mayor margen en la política interna para continuar con las guerras contrainsurgentes.

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[i] Simón A. Lázara, Desaparición forzada de personas, doctrina de la seguridad nacional y la influencia de factores económico-sociales, en La desaparición, crimen contra la humanidad. Grupo de Iniciativa por una Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buenos Aires, octubre 1987, pp. 41.

[ii] Resoluciones del IV Congreso de FEDEFAM.

La desaparición forzada de personas (3)

Desaparición forzada y doctrina de seguridad nacional

La doctrina de la seguridad nacional, la guerra de baja intensidad y las desapariciones forzadas formaron parte de la geopolítica norteamericana en el hemisferio occidental. Según Helio Gallardo "el fenómeno de las desapariciones forzadas se da en el marco de la guerra contrainsurgente que se desata en América Latina en la década del sesenta, guerra contrainsurgente que se inscribe al interior de la guerra fría (conflicto este-oeste) gestada tras la Segunda Guerra Mundial  (…) el principal motor de las desapariciones forzadas es la geopolítica norteamericana en el área" según el conferencista. (Conferencia de Helio Gallardo en ACAFADE, 1988).

En esta visión geopolítica (que es asumida como propia por sectores locales en los países latinoamericanos, en particular las fuerzas armadas) se encuentran otros antecedentes, como el totalitarismo, el nazismo, el fascismo y las experiencias contrainsurgentes derivadas de las guerras francesas en Indochina y Argelia. 

La doctrina de seguridad nacional, una doctrina guerrerista

La DSN es una doctrina de guerra que parte de la concepción de que existe un enfrentamiento entre el este y el oeste; que la democracia es débil para defender la "seguridad nacional" -la que coloca por encima de los derechos de las personas- y que la seguridad nacional es amenazada no sólo por un enemigo externo sino también por uno interno, separado por una imprecisa y arbitraria frontera ideológica. (S.a. "La Desaparición Forzada en Colombia", sf, pp. 4)

Otro elemento para comprenderla es que "...en cuanto ideología dominante para un proyecto de Estado y sociedad, reposa en dos vertientes: la imagen de la existencia de una crisis, por una parte, y la afirmación del rol militar como factor de restauración del equilibrio, para que esa restauración abra el paso al nuevo proyecto ajustado a los intereses económicos de la transnacionalización y la concentración del poder y la riqueza. La restauración neoconservadora expresó un objetivo básico: fundar un Nuevo Orden Político, mientras una esmerada operación de cirugía represiva basada en los métodos de la contrainsurgencia, eliminaba a los 'enemigos del sistema'". (Simón A. Lázara, “Desaparición forzada de personas, doctrina de la seguridad nacional y la influencia de factores económico-sociales”, en La desaparición, crimen contra la humanidad, del Grupo de Iniciativa por una Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buenos Aires, octubre 1987, pp. 41).

Ejércitos latinoamericanos, ejércitos de ocupación

En términos muy generales, la doctrina de seguridad nacional fortaleció el proceso de militarización en América Latina, surgido en un marco de crisis de la hegemonía norteamericana al concretarse una alternativa revolucionaria en Cuba. Las condiciones políticas internas en algunos de los países –como Guatemala- también llegaron a niveles de crisis, predominando el descontento popular ante las injusticias prevalecientes, las movilizaciones constantes, la radicalización de sectores de la población que optaron por la lucha armada ante el cierre de los espacios políticos y el incremento de la represión, etc.

En ese contexto los ejércitos (modernizados, profesionales, capacitados en las escuelas militares norteamericanas, como la tristemente célebre Escuela de las Américas) pasaron a ser la única opción para recuperar el orden social, concebido como el mantenimiento del sistema político y económico existente. Dentro de esta lógica, el ejército se situó por encima de la sociedad, como la encarnación de los intereses nacionales, con una contraparte responsable de todos los males sociales, un enemigo subversivo. Esta concepción fue compartida por todos los sectores hegemónicos en el poder y control del Estado. (Lázara, Op. Cit., pp. 41).

La frontera ideológica

Según la doctrina de seguridad nacional, no existe un frente de guerra en el sentido tradicional. El enemigo (la subversión, el comunismo internacional...) se encuentra en cualquier lado, está inmerso en el seno de la población. El conflicto se expresa por parte de la oposición no sólo en el terreno militar, sino también en lo ideológico, político o cultural; de esta manera, el poder configuró las actividades en esos campos tan peligrosas como las acciones militares y las combatió militarmente, utilizando métodos violentos.

Así los ejércitos latinoamericanos rompieron con la concepción tradicional de defensa del territorio y la soberanía, para convertirse en virtuales ejércitos de ocupación en sus propios países, representando y defendiendo intereses ajenos y hasta contrarios a los de sus propios pueblos en un supuesto combate contra el comunismo internacional.

Subordinando la política a la razón de Estado, las personas fueron calificadas de acuerdo con una clasificación maniquea de "amigo" o "enemigo". Toda la actividad del Estado en función de su seguridad se dirigió contra aquellas calificadas como enemigas con una declaración de guerra total y sin considerar ningún límite legal o ético para su actuación.

La difusión del terror mediante brutales hechos represivos fue acompañada de sucesivas campañas de control ideológico; con ellas se pretendió infundir en la población la creencia en la existencia real de un enemigo, de tal manera que esta lo asuma como suyo también. En distintos ámbitos –la iglesia, los medios de comunicación- expresiones como "los delincuentes subversivos", “narcoterroristas", "come niños" y otros temas -como la socialización de la propiedad individual, de las mujeres y la eliminación del matrimonio y la familia, formaron parte de estas campañas. Otra faceta de la campaña terrorista de estado fue la aparición de cadáveres con señas de torturas, en una perversa combinación de sutilezas y hechos atroces.

La perpetración de actos criminales por parte del poder, el temor a un cambio revolucionario en las capas medias, la radicalización de las derechas y la búsqueda de una salida a la crisis, entre otros elementos, contribuyeron a generar un consenso favorable a las actuaciones de los militares. En una mezcla de terror, insensibilidad y complicidad, se llegó a ver en los excesos represivos algo necesario, y amplios sectores sociales legitimaron su accionar.