Los que siguen viviendo en el pasado

Hace un año, a partir de la elección de un militar como gobernante de Guatemala, se han venido observando el reforzamiento – envalentonamiento y las manifestaciones escritas y públicas de sectores fascistas ligados con el terrorismo de Estado que asoló el país en una época muy reciente. Con sus opiniones fuertemente teñidas de anticomunismo y sus señalamientos retorcidos y falsos, pretenden imponer una versión en blanco y negro del genocidio. Es una versión muy conveniente, en ellas los presuntos criminales son los buenos y los opositores/as y las víctimas, los malos. 

Para muestra, varios botones: las demandas inconsistentes y burdas en las que decenas de personas –algunas de ellas con una trayectoria de décadas en la oposición política- han sido acusadas penalmente de delitos atribuibles a las organizaciones político militares de izquierda en los sesentas y setentas; los comentarios cargados de odio y amenazas vertidos en columnas periodísticas o hechos a ciertos/as columnistas de prensa; y, etiquetar como asesinos/as, torturadores/as y terroristas a hombres y mujeres que fueron precisamente el blanco de sus acciones.

Situados por completo en el pasado, inmersos en una lógica contrainsurgente, sus posturas y relatos continúan ciñéndose a la doctrina de seguridad nacional que moldeó no solo sus cabezas, sino que también rigió las actuaciones del Estado guatemalteco, su ejército y demás fuerzas de “seguridad” durante los años de la guerra fría. Desde esa perspectiva, tras la contrarrevolución de 1954, la conflictividad política y social del país se enmarcó en el enfrentamiento entre el Oeste (Estados Unidos y el mundo libre, capitalista y cristiano) y el Este (la Unión Soviética y los países del bloque socialista, comunista y ateo). De esta forma, el origen de dicha conflictividad no había que buscarlo en los problemas estructurales de Guatemala, sino en la implantación de “ideas exóticas” producto de la intervención de Cuba y la URSS con la complicidad de la oposición política local. Esta, según la DSN, pasaba a ser concebida como enemiga del Estado y la sociedad, la patria, contraria a los valores cristianos, a la familia y un largo etcétera, entre eso una dieta que incluía niños en el menú.

En ese contexto confrontativo y autoritario, fuertemente militarizado, la seguridad nacional se constituyó en el primer objetivo del Estado y su defensa era ineficaz en democracia y con respeto a los derechos humanos. Así se justificó la puesta en marcha de regímenes de fuerza, de mano dura, dirigidos a "eliminar las amenazas contra el orden establecido" y "evitar que el país cayera en las garras del comunismo internacional" mediante la persecución y el aniquilamiento del enemigo. Puesto en práctica en Guatemala entre 1954 y 1996 y llevado a extremos desquiciados en los ochentas, el enemigo estaba constituido por cualquier persona que desafiara al poder en cualquier ámbito. 

Así, metieron en el mismo saco a trabajadores/as que se organizaban para mejorar sus condiciones laborales; intelectuales, profesores/as y estudiantes que se alejaron de la línea de pensamiento impuesta desde arriba; al campesinado y los pueblos indígenas que luchaban por su derecho a la tierra, que es lo mismo que su derecho a la vida; a catequistas, sacerdotes y religiosas que se involucraron en procesos de mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales y urbanas o en las organizaciones revolucionarias; a cooperativistas, periodistas que sí informaban sobre lo que en realidad estaba sucediendo; y, por supuesto, a militantes de las agrupaciones de centro e izquierda, legales o ilegales, armadas o no. Toda la gente que soñaba y accionaba por construir un país distinto, con justicia, igualdad, libertad y derechos para todos, se convirtió en un blanco de sus ataques letales, pero también la que estaba cerca -sus familias-, la que se enteraba, la que de vez en cuando participaba en una manifestación o en una huelga... Con el más mínimo acto o decisión se cruzaba la línea invisible que dividió a la población en “amiga” o “enemiga”.

Es este planteamiento el que resurge con fuerza en las manifestaciones de la derecha fascista, anticomunista y anti lo que sea -antihumanas- porque desde estas posturas de lo que se trata es de etiquetar cualquier tipo de discurso crítico de comunista, aunque no lo sea, con tal de ligarlo al pasado y recurrir a los únicos argumentos que son capaces de esgrimir: las mismas sinrazones contrainsurgentes, manipuladoras y mentirosas de antaño que dieron lugar al genocidio más grande del hemisferio occidental. A esto se agrega que ahora, en un acto de prestidigitación -una operación de guerra psicológica, como las de sus años dorados- las acusaciones de terrorismo, tortura y asesinatos se dirigen a quienes otrora eran precisamente el blanco de esas actuaciones perpetradas por ellos mismos. 

Con su retorcida e ideologizada campaña, los sectores fascistas alineados con los perpetradores del genocidio, la desaparición forzada y la tortura de decenas de millares de guatemaltecos y guatemaltecas, no tiene otro objetivo que perpetuar la impunidad y el silencio que continúan existiendo alrededor de estos crímenes. La difusión de versiones amañadas y mentirosas de hechos deleznables, junto con el amedrentamiento de la población, persigue mantener los privilegios de los presuntos criminales, sus familias y sus allegados, porque además de ensangrentar al país, se enriquecieron mediante el saqueo de las arcas nacionales y el despojo de tierras y propiedades de los perseguidos y aniquilados.

En tal sentido, así como está prohibida la ideología nazi en Alemania y en otros países europeos, en Guatemala se debería prohibir legalmente la difusión de las ideas ligadas a la doctrina de seguridad nacional y las prácticas políticas asociadas con ellas, con base en el elevadísimo costo humano y social que significó su implantación: el sacrificio despiadado de doscientas mil vidas de personas asesinadas o desaparecidas y la cauda de violencia y sufrimiento que continúa aquejando a la sociedad guatemalteca. Además, estas voces, que vienen desde el pasado, revictimizan a las víctimas, mueven los hilos del terror que atraviesan de arriba abajo la vida de nuestro país, atentan contra la paz, incitan a la violencia y reproducen una versión falsificada de la historia reciente. Si se analiza esta situación desde la óptica de los derechos, estos sectores cavernarios y fascistas tienen los de pensar y decir lo que les dé la gana, pero como mínimo hay expresiones que entran en el catálogo de delitos del código penal, como las injurias y calumnias, las amenazas, el hostigamiento, que al constituirse como tales deben ser perseguidos penalmente de oficio por las instituciones establecidas para tales efectos.

Teniendo como caja de resonancia a los medios, los hombres que siguen viviendo en el pasado, aferrados a un estado de cosas en el que pudieron acallar las voces disidentes exterminándolas y aterrorizándolas, no quieren enterarse que a partir de 1996 se echó a andar un proceso en el que ciertamente aún prevalecen las promesas sobre las realidades, pero que ha impuesto las formalidades democráticas de las que el ejercicio de los derechos políticos y civiles es un aspecto fundamental.

Así, se entiende universalmente que ya no son motivo para marcar a alguien como enemigo el sostener posturas políticas de izquierda, de centro, de derecha, con todas sus variantes y combinaciones posibles; defender los derechos humanos; expresar verbalmente o por escrito opiniones críticas; manifestarse en contra del gobierno, la oligarquía y el ejército; salir a la calle a plantear demandas; organizarse y luchar para defender la tierra, la naturaleza y otros derechos de los pueblos indígenas; exigir el cumplimiento de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual; demandar justicia por parte de las víctimas del genocidio, la desaparición forzada, la tortura y otros crímenes.

NO SON DELITO todas estas y muchas otras prácticas y demandas populares. Son manifestaciones legítimas del ejercicio de ciudadanía garantizadas constitucionalmente y protegidas por los tratados internacionales de derechos humanos, por mucho que les pese, y se desarrollan en un espacio conquistado mediante las luchas y la resistencia de los sectores más desfavorecidos de nuestro país. 

Tales avances son ciertamente lentos, tímidos, endebles, pero avances al fin, y deben ser defendidos contra los vientos y mareas neoliberales, autoritarias, extractivistas y militaristas, criminalizadoras de la protesta social, y contra los ataques de los cavernícolas que siguen viviendo en el pasado. Deben ser fortalecidos y traducidos en una institucionalidad democrática vigorosa que haga realidad la existencia, al menos, de un Estado de Derecho en nuestro país.