La doctrina de seguridad
nacional fue aplicada de acuerdo con las condiciones específicas de cada país.
En muchos países latinoamericanos se constituyeron Estados fuertes, verticales,
militares, despreciativos de las normas democráticas, anticivilistas, que
eliminaron la independencia de poderes sometiendo a los organismos legislativo
y judicial al ejecutivo, controlado éste último por una cúpula militar que
actuó con base en medidas de excepción[i]. Para
restaurar el orden, el ejército recurrió al estado de excepción, por medio del
cual reemplazó el orden jurídico existente por todas las formas de la
arbitrariedad.
Todo esto se tradujo
para las sociedades latinoamericanas en el sojuzgamiento de amplios sectores de
la población a partir del empleo de métodos terroristas como la tortura, los
asesinatos políticos, las desapariciones forzadas y otras formas de
conculcación de los derechos civiles y políticos. Estas fueron prácticas
ejercidas por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares que actuaron bajo
su absoluto control y dirección.
FEDEFAM, en su V
Congreso realizado en 1984[ii], al
analizar los mecanismos de la puesta en práctica de la doctrina de seguridad
nacional en el continente, concluyó en que "...los gobiernos represores
para imponerse y subsistir han tenido que organizar un fuerte aparato represivo
para acallar toda voz de disenso e instaurar un verdadero terror en las
poblaciones, quebrando toda posibilidad de lucha o solidaridad." (FEDEFAM,
vol. III, agosto 1987, pp. 15).
Además, "...la
represión está sólidamente estructurada e internacionalizada (...) es masiva
(...) se instrumentan métodos represivos en forma selectiva que (...) suelen
ser usados ampliamente para incrementar el terror (...) se ejerce coartando las
libertades de expresión, movilización y organización (...) abarca desde los
presos políticos, el exilio, la censura, hasta brutales torturas, vejaciones,
asesinatos, secuestros y la instauración de un nuevo tipo de represión: la
detención desaparición de personas (...) llega a extremos de genocidio,
haciendo desaparecer poblaciones (...) en su totalidad o de etnocidio cuando
aplicaron la política de destrucción total o de migraciones masivas de
poblaciones (casos de Guatemala y Perú), en un evidente intento de romper los
lazos culturales tradicionales (...) ha implementado un verdadero terrorismo de
Estado para extirpar las luchas populares (...) está tan enraizado (el aparato
represivo) que aún países que inician un proceso democrático se encuentran con
enormes dificultades para desmantelarlo. La persistencia del aparato represivo
debilita el poder político". (FEDEFAM, Op. Cit., pp. 15).
El carácter internacional
de la represión se manifestó en la coordinación de las fuerzas armadas de país
a país mediante organismos como el Consejo de Ejércitos Centroamericanos
-CONDECA-, por ejemplo. Estos les permitieron intercambiar información,
realizar operativos conjuntos, etc. Esto explica también cómo se dieron las
desapariciones forzadas en cualquier país latinoamericano, sin importar la
nacionalidad de la víctima.
La desaparición forzada y la guerra de baja
intensidad
La guerra de baja
intensidad es una versión modernizada, más pragmática y más objetiva, de la
guerra contrainsurgente.
En la segunda mitad
de la década del setenta, fundamentalmente después del triunfo revolucionario
en Nicaragua, las fuerzas hegemónicas norteamericanas principiaron a aplicar
esta nueva concepción de guerra en búsqueda de resultados efectivos contra los
movimientos insurgentes en algunos de los países centroamericanos y contra el
Estado revolucionario nicaragüense.
La GBI es producto
de la experiencia norteamericana en Vietnam, país en el que los Estados Unidos
aplicaron una estrategia basada en aspectos político-militares que resultaron
inadecuados para hacer frente a una guerra de liberación nacional librada en
todos los planos.
Esta concepción se
alimentó de todas las doctrinas militares previas, que ofrecían soluciones
fragmentadas y cortoplacistas a los conflictos que se presentaban en los
diferentes países bajo la dominación norteamericana. Además, se basó en el
estudio de los movimientos insurgentes para utilizar contra ellos sus mismas
tácticas.
A partir de la
concepción de la GBI, en las áreas de interés geopolítico para los EEUU prevaleció
como interés máximo la seguridad estadounidense y se dio paso al montaje de
proyectos contrarrevolucionarios a escala regional. Su gran objetivo, dicho de
una manera muy simple, era neutralizar el apoyo de la población civil a
cualquier fuerza revolucionaria, gobernante o insurgente, ejecutando todo tipo de
acciones deslegitimadoras dirigidas a anular su eficacia. Si bien en su esencia
prevalecen los elementos políticos sobre los militares y para los Estados
Unidos la participación de sus tropas puede tener un "perfil mucho más
bajo", en su aplicación práctica para nuestros pueblos sus efectos no fueron
de baja intensidad. Esto se explica dado que la aplicación de esa nueva
doctrina de guerra de ninguna manera significó dejar de lado el terrorismo de
Estado al interior de cada país.
Así, se
implementaron respuestas coherentes y coordinadas en el nivel regional ante la
aparición del fenómeno revolucionario nicaragüense para contrastar en el
imaginario el "totalitarismo" gobernante en ese país con las
"democracias" del resto de Centroamérica.
En ese marco se realizaron
los procesos electorales en El Salvador en 1982 y Guatemala en 1986, sin que
eso significara el abandono del poder real por parte de los respectivos
ejércitos ni que dejaran de recurrir a las prácticas represivas. Una fachada
ajustada a ciertas prácticas democráticas, como las elecciones, les dio un mayor
margen en la política interna para continuar con las guerras contrainsurgentes.
[i] Simón A. Lázara, Desaparición
forzada de personas, doctrina de la seguridad nacional y la influencia de
factores económico-sociales, en La desaparición, crimen contra la humanidad.
Grupo de Iniciativa por una Convención Internacional sobre la Desaparición
Forzada de Personas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buenos
Aires, octubre 1987, pp. 41.
[ii] Resoluciones
del IV Congreso de FEDEFAM.
