viernes, 21 de septiembre de 2012

La desaparición forzada de personas (4) Doctrina de seguridad nacional y terrorismo de Estado


La doctrina de seguridad nacional fue aplicada de acuerdo con las condiciones específicas de cada país. En muchos países latinoamericanos se constituyeron Estados fuertes, verticales, militares, despreciativos de las normas democráticas, anticivilistas, que eliminaron la independencia de poderes sometiendo a los organismos legislativo y judicial al ejecutivo, controlado éste último por una cúpula militar que actuó con base en medidas de excepción[i]. Para restaurar el orden, el ejército recurrió al estado de excepción, por medio del cual reemplazó el orden jurídico existente por todas las formas de la arbitrariedad.

Todo esto se tradujo para las sociedades latinoamericanas en el sojuzgamiento de amplios sectores de la población a partir del empleo de métodos terroristas como la tortura, los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas y otras formas de conculcación de los derechos civiles y políticos. Estas fueron prácticas ejercidas por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares que actuaron bajo su absoluto control y dirección.

FEDEFAM, en su V Congreso realizado en 1984[ii], al analizar los mecanismos de la puesta en práctica de la doctrina de seguridad nacional en el continente, concluyó en que "...los gobiernos represores para imponerse y subsistir han tenido que organizar un fuerte aparato represivo para acallar toda voz de disenso e instaurar un verdadero terror en las poblaciones, quebrando toda posibilidad de lucha o solidaridad." (FEDEFAM, vol. III, agosto 1987, pp. 15).

Además, "...la represión está sólidamente estructurada e internacionalizada (...) es masiva (...) se instrumentan métodos represivos en forma selectiva que (...) suelen ser usados ampliamente para incrementar el terror (...) se ejerce coartando las libertades de expresión, movilización y organización (...) abarca desde los presos políticos, el exilio, la censura, hasta brutales torturas, vejaciones, asesinatos, secuestros y la instauración de un nuevo tipo de represión: la detención desaparición de personas (...) llega a extremos de genocidio, haciendo desaparecer poblaciones (...) en su totalidad o de etnocidio cuando aplicaron la política de destrucción total o de migraciones masivas de poblaciones (casos de Guatemala y Perú), en un evidente intento de romper los lazos culturales tradicionales (...) ha implementado un verdadero terrorismo de Estado para extirpar las luchas populares (...) está tan enraizado (el aparato represivo) que aún países que inician un proceso democrático se encuentran con enormes dificultades para desmantelarlo. La persistencia del aparato represivo debilita el poder político". (FEDEFAM, Op. Cit., pp. 15).

El carácter internacional de la represión se manifestó en la coordinación de las fuerzas armadas de país a país mediante organismos como el Consejo de Ejércitos Centroamericanos -CONDECA-, por ejemplo. Estos les permitieron intercambiar información, realizar operativos conjuntos, etc. Esto explica también cómo se dieron las desapariciones forzadas en cualquier país latinoamericano, sin importar la nacionalidad de la víctima.

La desaparición forzada y la guerra de baja intensidad

La guerra de baja intensidad es una versión modernizada, más pragmática y más objetiva, de la guerra contrainsurgente.

En la segunda mitad de la década del setenta, fundamentalmente después del triunfo revolucionario en Nicaragua, las fuerzas hegemónicas norteamericanas principiaron a aplicar esta nueva concepción de guerra en búsqueda de resultados efectivos contra los movimientos insurgentes en algunos de los países centroamericanos y contra el Estado revolucionario nicaragüense.

La GBI es producto de la experiencia norteamericana en Vietnam, país en el que los Estados Unidos aplicaron una estrategia basada en aspectos político-militares que resultaron inadecuados para hacer frente a una guerra de liberación nacional librada en todos los planos.

Esta concepción se alimentó de todas las doctrinas militares previas, que ofrecían soluciones fragmentadas y cortoplacistas a los conflictos que se presentaban en los diferentes países bajo la dominación norteamericana. Además, se basó en el estudio de los movimientos insurgentes para utilizar contra ellos sus mismas tácticas.

A partir de la concepción de la GBI, en las áreas de interés geopolítico para los EEUU prevaleció como interés máximo la seguridad estadounidense y se dio paso al montaje de proyectos contrarrevolucionarios a escala regional. Su gran objetivo, dicho de una manera muy simple, era neutralizar el apoyo de la población civil a cualquier fuerza revolucionaria, gobernante o insurgente, ejecutando todo tipo de acciones deslegitimadoras dirigidas a anular su eficacia. Si bien en su esencia prevalecen los elementos políticos sobre los militares y para los Estados Unidos la participación de sus tropas puede tener un "perfil mucho más bajo", en su aplicación práctica para nuestros pueblos sus efectos no fueron de baja intensidad. Esto se explica dado que la aplicación de esa nueva doctrina de guerra de ninguna manera significó dejar de lado el terrorismo de Estado al interior de cada país.

Así, se implementaron respuestas coherentes y coordinadas en el nivel regional ante la aparición del fenómeno revolucionario nicaragüense para contrastar en el imaginario el "totalitarismo" gobernante en ese país con las "democracias" del resto de Centroamérica. 

En ese marco se realizaron los procesos electorales en El Salvador en 1982 y Guatemala en 1986, sin que eso significara el abandono del poder real por parte de los respectivos ejércitos ni que dejaran de recurrir a las prácticas represivas. Una fachada ajustada a ciertas prácticas democráticas, como las elecciones, les dio un mayor margen en la política interna para continuar con las guerras contrainsurgentes.




[i] Simón A. Lázara, Desaparición forzada de personas, doctrina de la seguridad nacional y la influencia de factores económico-sociales, en La desaparición, crimen contra la humanidad. Grupo de Iniciativa por una Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buenos Aires, octubre 1987, pp. 41.
[ii] Resoluciones del IV Congreso de FEDEFAM.

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