Continúo con esta serie de artículos sobre la desaparición forzada que son producto de una revisión bastante exhaustiva de fuentes bibliográficas realizada hace ya bastantes años. Sin embargo, dado su carácter descriptivo, considero que sus contenidos continúan teniendo vigencia; sus vacíos y desfases pueden subsanarse con bibliografía reciente.
La
desaparición forzada de personas en América Latina (2)
Principales
rasgos del método
Amnistía Internacional[i] al analizar la conducta de los agentes de las
desapariciones, ubica dos tendencias principales en relación a los
procedimientos empleados. En Guatemala, tras un manto de legalidad dado por
medio de sucesivas elecciones[ii],
el ejército recurrió a la incorporación de grupos paramilitares que
"...operaron con impunidad y fuera de la ley, pero absolutamente
integrados a la red de seguridad oficial".
Por el contrario, en Argentina, a pesar de
la existencia de grupos paramilitares que cumplían labores de información y
represión directa, no fueron utilizados para secuestrar y desaparecer más que
en muy eventuales ocasiones. La práctica, adoptada como política estatal, fue
totalmente centralizada por las fuerzas armadas.
No obstante esta diferencia -incorporación o
no de grupos paramilitares que fue más notable en los inicios de la puesta en
práctica-, a medida que se fue refinando el método adquirió ciertas
características que nos es posible establecer en nivel general:
• Las
desapariciones forzadas formaron parte del trabajo de la inteligencia militar;
• Su
práctica fue centralizada y dirigida desde el más alto nivel de decisión
militar en orden descendente por medio de los aparatos de inteligencia;
• Era
clandestina. Para perpetrarla, se estableció un aparato que incluyó grupos
operativos, locales de reclusión, vehículos, armamento, disfraces; médicos y
psiquiatras que contribuyeron en la fase del interrogatorio; etc.; y,
• Paralelamente,
se desarrolló una campaña de manipulación psicológica en búsqueda de la
aceptación social del método y el resguardo de la impunidad de los
perpetradores.
La información, un objetivo clave
A partir de la implementación de la Doctrina
de Seguridad Nacional, a lo interno de los ejércitos se desarrolló un régimen
paralelo clandestino cuya tarea fundamental giraba en torno a la información.
Esta era un problema clave; por un lado, la información era el instrumento que
posibilitaba su realización; por el otro, extraerla de las personas
detenidas-desaparecidas constituyó uno de sus móviles fundamentales. En
términos operativos, el planeamiento del secuestro se basaba en la obtención de
toda la información posible acerca de la potencial víctima, entre otros
elementos los siguientes:
• Datos
personales (características físicas -fotografías, descripciones-, residencia,
familia, lugar de trabajo, trayectos, horarios, medios de locomoción, carácter,
posibilidades de reacción ante agresores, etc.);
• Información
política (vínculos organizativos y políticos, nivel de participación,
consistencia política, ideología, desavenencias o acuerdos, trayectoria, etc.);
• Coyunturas
nacional e internacional, la posibilidad de respuesta en relación con las
características del objetivo y del momento concreto del movimiento popular, la
organización política, los familiares, etc.
Para la obtención de información fueron
utilizadas diferentes formas: observación sobre lugares de vivienda y trabajo,
seguimientos a pie o en vehículo, toma de fotografías, rastreo de archivos
públicos y privados, interrogatorios disimulados a vecinos, amigos o
familiares, intervenciones telefónicas, etc. Los datos obtenidos fueron
procesados, evaluados, archivados en memorias manuales o automáticas y luego
utilizados en las distintas fases de la operación propiamente dicha.
Con una labor eficiente de acopio de la
información previa, para los ejércitos fue posible lograr una mayor efectividad
en distintos aspectos:
• Elección
de la víctima más adecuada para propinar un golpe certero a las fuerzas
opositoras;
• Conocimiento
de sus actividades y el escenario en el que se desenvolvía la víctima para
planear una operación "limpia", en el sentido de no tener que usar las
armas con las consecuencias previsibles (heridos, muertos, escándalo); y,
• Conocimiento
minucioso de la personalidad y características de la víctima para planear el
interrogatorio y elegir las torturas adecuadas con la finalidad de obtener más
información e, incluso, lograr su colaboración espontánea quebrando su voluntad
y su compromiso. (Ver Miguel Bonasso. Recuerdo de la Muerte. Biblioteca Era,
México, 1984).
Respecto de la clandestinidad del método,
era un lugar común el mencionar que los secuestros eran realizados por hombres
armados no identificados, que se conducían en automóviles sin placas y que
llevaban a las víctimas a lugares secretos.
Los interrogatorios, acompañados de torturas
físicas y psicológicas, eran llevados a cabo por profesionales en la materia
asesorados por psicólogos, psiquiatras y médicos. En esta fase, la función de
la tortura no era la de eliminar físicamente a la víctima, sino la de obtener
información.
Finalmente, el resguardo de la impunidad de
los "desaparecedores" contempló no sólo la negación absoluta del
delito, sino también la creación de explicaciones que abarcaron las expresiones
más burdas ("los desaparecidos están en Cuba o en Nicaragua",
"fueron secuestrados por la guerrilla", "se fueron 'mojados' a
los Estados Unidos", "son un invento de los subversivos"), hasta
la configuración de una campaña propagandística cuyas finalidades fueron la
deslegitimación de la oposición mediante la inducción de una serie de conductas
con base en diversos argumentos (Ver Kordon, Diana y otros: Efectos
Psicológicos de la Represión Política. Editorial Sudamericana-Planeta, Buenos
Aires, 1987).
[ii] Entre los golpes de Estado de marzo de 1963 y
marzo de 1982, en medio de reclamos de fraude, hubo elecciones en 1966, 1970,
1974, 1978 y 1982. A excepción de 1966, los gobernantes fueron miembros de la
jerarquía militar.
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