miércoles, 9 de enero de 2013

No hay derecho


Tiembla tú, miserable,
con tantos secretos delitos que no castigó la justicia;
ocúltate, ensangrentada mano,
y tú, perjuro,
y tú, simulador de virtud, que eres incestuoso,
y tú tiembla también, malvado,
que bajo capa y apariencia de honradez,
fuiste instigador de asesinatos…
¡Encubiertas maldades,
rasgad la vestidura que os disfraza,
no desoigáis tan terribles conminaciones
y apresuraos a implorar misericordia.
Shakespeare, El Rey Lear

Vacaciones. Dibujo mi existencia con pájaros y nubes en dulces atardeceres en los que el sol se hunde detrás de las montañas y su luz, suave y tibia, tiñe de amarillo la atmósfera. El naranja llameante contrasta con el azul que lo circunda y dora los bordes de las nubes. Con la oscuridad, que crece lentamente, se acentúa el verdor de las copas de los árboles. Vuelvo los ojos hacia mi interior. El esplendor del mundo contrasta con mis sentimientos. Esta renovada tristeza, que eludo cada día, disiente ásperamente con el cielo azafrán que tiñe el horizonte.

Cuando empiezo a sacudirme del cansancio de un año de trabajo y de la fatiga de “meterme a la casa”, me explota en la cara el acuerdo gubernativo 370-2012, actualmente en suspenso. Mal redactado, inexacto, malintencionado e improcedente de acuerdo con lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este documento se plasma la intención de limitar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a hechos posteriores a 1987. Con este acto Guatemala niega la legalidad internacional e incurre en responsabilidad al violar el derecho a la justicia y no acatar debidamente su obligación de cumplir de buena fe las sentencias del tribunal internacional.

El por qué de este adefesio jurídico es una sarta de argumentos manipuladores del secretario de la paz respecto de la indemnización que fija la Corte IDH tras tasar los daños materiales e inmateriales ocasionados por las violaciones a los derechos humanos. En eso basa sus planteamientos uno de los que no se tocaron el alma para construir un andamiaje institucional y clandestino, financiado con fondos públicos, para desarrollar la estrategia contrainsurgente que configuró como enemiga a la propia población; su ejecución, planeada en gran escala, implicó elevados costos económicos en materia de armamento, municiones, indumentaria, alimentos, vehículos terrestres y aéreos, combustible, infraestructura (instalaciones cuartelarías, casas clandestinas de tortura), personal militar y paramilitar, etc. ¿El resultado? Decenas de millares de víctimas - a las que se les castigó por ser lo que eran (indígenas, opositoras) y no por delitos probados mediante un juicio justo- que continúan a la espera de la justicia.

Por otra parte, esta argumentación sesgada ignora deliberadamente que en las resoluciones del SIDH (sentencias y arreglos amistosos) se determinan reparaciones simbólicas y estructurales a las que no se hace alusión alguna[i]. De estas se destaca la justicia en términos de la investigación, procesamiento judicial y castigo a los presuntos responsables, cuya realización es una condición indispensable para cumplir íntegramente con las obligaciones derivadas de dichas sentencias. De allí que la primera conclusión es que el cumplimiento de las sentencias de la Corte no se reduce a pagar indemnizaciones

¿No quieren más pagos obligados por las sentencias de la Corte o por los arreglos amistosos en la Comisión Interamericana? ¿Se niegan a aceptar las resoluciones de los órganos del SIDH? Hagan justicia internamente, pues. En este sentido, si el gobierno cumpliera con su deber de investigar las violaciones a los derechos humanos, enjuiciar a los presuntos responsables y castigarlos, una vez condenados penalmente podría obligarlos a pagar la reparación económica contenida en la sentencia o acuerdo amistoso del SIDH. No hay vuelta de hoja, en sus manos está la solución: mediante la acción de la justicia, le ahorrarían al fisco un dinero que efectivamente no debería salir de allí.

Ah, pero entonces saltan con otro de sus “argumentos”: “el Ministerio Público es ineficiente”, con lo que olvidan deliberadamente que una investigación eficaz de los crímenes de guerra, la desaparición forzada, la esclavitud sexual, los delitos contra los deberes de humanidad y un espeluznante etcétera, requiere el acceso libre y sin censuras a los archivos militares porque es allí donde se encuentran los datos y las pruebas. Asimismo, los miembros del ejército deben romper el pacto de silencio –una mezcla de control interno, complicidad y miedo- que impide conocer los hechos por parte de sus protagonistas y contar con testigos para el impulso de procesos penales. Si tales cosas ocurrieran, lo que en las actuales circunstancias serían auténticos milagros, la justicia guatemalteca se encargaría de que los criminales fueran los que pagaran las indemnizaciones. Para lograrlo, se necesitaría, además, un MP dotado con los recursos suficientes y un sistema judicial fuerte e independiente, lo que incluye la superación de las inconsistencias de la Corte de Constitucionalidad que ha amparado a los violadores de derechos humanos.

La segunda conclusión es que el dinero no es el verdadero problema tras la “reinterpretación” de la aceptación de la competencia del tribunal interamericano. El verdadero problema es la falta de voluntad política para investigar, enjuiciar y castigar a los autores materiales e intelectuales de crímenes de Estado a quienes desesperadamente se busca proteger de la acción penal.

Mantener la impunidad, ese es su real objetivo. ¿Quiénes se benefician? En primer término, los altos oficiales del ejército guatemalteco constituidos en autores materiales o intelectuales del genocidio, la desaparición forzada y la tortura de decenas de miles de mujeres y hombres, niños y niñas, indígenas y no indígenas. Pese a que con sus actos inhumanos y sus planes perversos, provocaron decenas de millares de víctimas, algunos de ellos ocupan altos cargos en el actual gobierno y Ríos Montt, para vergüenza de la gente de bien, fue diputado y presidente del Congreso por varios períodos.

En segundo término, se favorece a los cómplices de los hechores directos e indirectos. Para causar esa impresionante cantidad de víctimas durante tantos años, necesitaron la anuencia, el respaldo, el silencio y el dinero de personas, instituciones y colectividades de las esferas política, eclesiástica, mediática, empresarial, judicial, internacional y de los gobiernos que sostuvieron su “estrategia” contrainsurgente –como el estadounidense y el israelita- o compartieron sus objetivos. También hubo iniciativas privadas en la organización y sostenimiento de escuadrones de la muerte y centros ilegales de detención y tortura de prisionerxs que fueron desaparecidxs.

El silencio y la impunidad mantienen ocultos a los que se enriquecieron con el tráfico y la trata de personas, sobre todo niños y niñas dados en adopción, y otros negocios, como la apropiación ilegal de bienes inmuebles (como el del tipejo que les pidió a mis papás la escritura de la casa para darles información sobre dónde encontrar a mi hermano), objetos materiales y cuentas bancarias. En este recuento de ignominias no se puede dejar de lado a los que se apropiaron de las tierras que pertenecían a comunidades indígenas exterminadas.

Una investigación a fondo de los crímenes del poder probablemente descubriría el origen de las fortunas de muchos militares y sus secuaces civiles y se destaparía toda la porquería que se oculta tras rostros de honorable apariencia. Y esos son los que ahora se dejan decir que quienes acudimos al SIDH lo hacemos por dinero. Es un asunto espinoso y no dudo que haya personas que lo hagan por ese motivo, pero antes de emitir algún criterio se debe tener en cuenta un aspecto primordial: la reparación económica es un derecho, al igual que la verdad y la justicia.

Y si no hay justicia, la historia se repite. Esta es una expresión muy resobada que se queda vacía si no se relaciona con el hecho de que quien mató, torturó o desapareció seres humanos está tentado a hacerlo nuevamente porque sabe que no va a ser castigado. Los lamentables sucesos del 4 de octubre en Totonicapán nos lo recuerdan.

Fuera de mi país, aislada, teniendo este como único medio de expresión, muchas veces he sentido que mis palabras, dichas desde una posición endeble, caen al vacío al igual que hasta hoy me parecen estériles todos los esfuerzos emprendidos para lograr que se haga justicia para mi hermano. Desolada, sumerjo la mirada en el océano celeste surcado de oscuras nubes que se extiende en lo alto. Anocheció. Lejanas brillan las estrellas; su luz trasciende la distancia y el tiempo aunque se hayan extinguido. Así espero que sean mis palabras, luz de estrellas que persista después que me haya ido, porque con ellas quisiera contribuir a superar la inhumana impunidad, erigida despiadadamente por encima del sufrimiento que siguen provocando los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército en los años más duros, tan recientes, tan vivos en la memoria y en el corazón de aquellxs que seguimos amando a nuestros seres queridxs desaparecidxs, con quienes continuamos aguardando justicia y verdad.



[i] En agosto, con ocasión de unas declaraciones del secretario de la paz sobre las indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH publiqué el artículo titulado “No matarás”, que sigue teniendo vigencia y en el que se examinan otros tipos de reparaciones. Por ejemplo, en la sentencia de reparaciones de mi hermano hay órdenes claras de la Corte para que el Estado cree un banco de datos genéticos, se apruebe un procedimiento expedito para establecer la muerte presunta de las personas desaparecidas, se ubiquen los restos de Marco Antonio y nos los devuelvan –lo que se ha vinculado con el proyecto de ley 3590 para establecer una comisión de búsqueda de todas las personas desaparecidas- y se investigue, procese y castigue a los autores intelectuales y materiales de su detención ilegal y desaparición forzada. A estas reparaciones se agregan otras que ya fueron cumplidas: una indemnización por el daño causado a la familia y a mi hermano, el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado y ponerle un nombre alusivo a los niños y niñas desaparecidos a una escuela pública.

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