“Vamos a matar pero no a asesinar” Los tribunales de fuero especial (II)

La primera parte está en http://cartasamarcoantonio.blogspot.com/2013/04/vamos-matar-pero-no-asesinar-los.html

Era 1983. Potencial carne de tormento, sobrevivía como una incontrolable partícula social que mantenía, junto a otras, el sueño de un país diferente. Con nuestro aliento sosteníamos la esperanza –que pretendían ahogarla en sangre- de mejorar las condiciones de existencia de las mayorías empobrecidas y explotadas. Resistíamos contracorriente, éramos vida contra la muerte, voces contra el silencio.

En mi agujero, apretando los dientes, sobrellevaba las pavorosas noticias que escupían un pequeño radio de onda corta, que se robó la policía mexicana tras detenerme un año y meses después, y un televisor usado, blanco y negro. Este lo había comprado en cien quetzales en la avenida Bolívar, junto con el camastro plegable de metal con colchón a rayas y el amueblado de cartón piedra forrado de telas baratas de colores chillones con el que se completaba el decorado del caparazón que se habitaba. Eso eran las casas en las que viví en aquel tiempo. Más que hogares o viviendas, ilusorios refugios, fantásticos escudos protectores, cotas de malla impenetrables, endebles fortalezas en las que me resguardaba de las balas, las miradas y los oídos de los “orejas” y delatores gratuitos que plagaban la ciudad –telaraña de cemento, ciudad - campo minado por la que me movía escabullendo el cuerpo, ocultando las ideas, los pensamientos y las acciones para afrontar la opresión. La existencia se balanceaba vertiginosamente sobre un abismo de total incertidumbre no solo sobre un futuro que me parecía inasible sino sobre el día, la hora y el minuto siguientes, en un perverso juego del que apenas me sabía las reglas.

Repito: sobrevivía. Otros no tuvieron tanta suerte. Por el televisor y el radio, cordones umbilicales que me ataban a ese otro mundo que discurría paralelamente al mío, el de la “legalidad” construida a la medida por un poder impuesto a manotazos sangrientos, en enero se dio a conocer la inminencia de otro fusilamiento como el de la madrugada del 17 de septiembre de 1982. Entonces, Marcelino Marroquín, Julio Hernández Perdomo, Jaime de la Rosa Rodríguez y Julio César Vásquez Juárez fueron pasados por las armas en el Cementerio General.

Dos condenas a muerte fueron dictadas en 1983 por los tribunales de fuero especial, unos esperpentos jurídicos contrainsurgentes con los que se pretendió dar visos de legalidad a los asesinatos de personas presuntamente subversivas. Los procedimientos de los fantasmagóricos TFE violaban los derechos de los condenados al debido proceso y a la legítima defensa, así como las obligaciones derivadas de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 4º., prohíbe la imposición de la pena de muerte por delitos políticos y comunes conexos.

Casi junto con el anuncio de los fusilamientos del 3 de marzo, se dio a conocer la visita del papa Juan Pablo II, alguien que, para mí, más que un guía espiritual era un dirigente político anticomunista. El entusiasmo y el fervor que despertó su inminente llegada me pasaron a un lado sin rozarme; la Iglesia guatemalteca y sus feligreses lo percibieron como un consuelo en tiempos difíciles. Yo, gran cosa, no quería que llegara para no ver a tan importante personaje al lado de esos criminales vestidos con uniformes enrojecidos por la sangre de sus víctimas inermes e indefensas. En mi cabeza no cabía que un Papa, un hombre con una enorme cuota de poder, se fotografiara a la par de esa partida de asesinos sin alma, despiadados. A mis ojos, su presencia en Guatemala era la legitimación y el reconocimiento al gobierno de un país que sufría su embestida mortal por los cuatro costados.

¿Quiénes eran los condenados? ¿Eran delincuentes? ¿Estaban vinculados a las organizaciones revolucionarias? ¿A qué se dedicaban? ¿A quiénes amaban? No sé qué edades tenían, si tenían hijos/as, dónde vivían, en qué creían, ni si eran buenas personas. Más allá de sus nombres (Walter Vinicio Marroquín González, Sergio Roberto Marroquín González, Héctor Haroldo Morales López, Marco Antonio González, Carlos Subuyuj Cuc y Pedro Raxon Tepet) y unas palabras escasas, no encuentro más rastros de su humanidad.

El 22 de febrero, el telenoticiero “Aquí el Mundo”, transmitió estas declaraciones de uno de los condenados, que fueron transcritas y publicadas por el periódico mexicano El Día con el título “Habla Walter Vinicio Marroquín González”:

“Mi nombre es Walter Vinicio Marroquín González y primeramente quiero dar las gracias a ustedes de darme la oportunidad de poder dirigirme, es una oportunidad que antes no tuve según el juicio que se me llevó. Y quiero manifestar que juntamente con mi hermano Sergio Roberto, aquí presente, y nuestro compañero Héctor Rodolfo Morales López, hemos sido víctimas de uno de los más tristemente juicios que se hayan llevado en Guatemala, caracterizado principalmente por una muy … violación a los derechos, al derecho de defensa que debimos haber tenido. Como es de conocimiento público, nunca conocimos a nuestro juez en el Tribunal de Fuero Especial.

Yo fui secuestrado el día 4 de septiembre de 1982, en el edificio Seguros Universales, por fuerzas de seguridad pública que no se identificaron nunca como tal, sino por el contrario, se identificaron como pertenecientes al grupo clandestino. Me tiraron en el piso de un carro, me tuvieron con los ojos vendados por varios días y sometido a torturas para obligarme a aceptar hechos sobre una persona que era conocida mía y tenía que aceptar desde el punto de vista de ellos si quería que no fuera afectada mi familia. En ese tiempo, en ese momento, yo no sabía en dónde estaba ni que era lo que estaba pasando conmigo. Posteriormente de una manera oportuna, mi padre hizo una denuncia ante las autoridades de mi secuestro y es interesante el hecho de que todas mis características, las circunstancias, los hechos que en ella se concentran, son totalmente congruentes con las de mi declaración indagatoria que se hizo 52 días después de estar incomunicado el día 25 de octubre de 1982.

Vale la pena hacer notar que en la indagatoria no se me permitió tener ningún profesional en derecho. El día 10 de septiembre nos dijeron que nos habían capturado en un lugar inventado por ellos y en condiciones también inventadas y ese día fuimos llevados por primera vez sin poder hacer uno de la palabra al ser presentado al acusador. Fuimos presentados como culpables. Posteriormente esa misma tarde se me dijo que llegara a hacer la denuncia a la policía, a la dirección general, y en los momentos que llegué se me puso nuevamente enfrente sin poder dirigir ni una sola palabra para defenderme o para hacer ver que éramos inocentes. El día 19 de octubre de 1982, se nos llevó a todos juntos al cuartel general Justo Rufino Barrios… y fuimos regresados nuevamente al centro del Segundo Cuerpo.

Quiero hacer notar que cuando fuimos consignados sin decirnos por qué, determinaron acusarnos de fraude y extorsión, al Tribunal de Fuero Especial. Posteriormente, el 26 de enero de 1983, nuestro compañero Morales López tuvo la visita de funcionarios y autoridades de fuero especial y le hicieron firmar un documento prefabricado en el que confesaba que nos hacía responsables a mi hermano y a mí de haber sido los autores intelectuales de delitos contra personas que en efecto no conozco. La causa de dicha confesión se puede ver fácilmente por el hecho de que él mismo se negó a firmar y, más aún, en correspondencia con su negativa, ese mismo día él fue regresado a donde estábamos detenidos y fuimos encerrados en condiciones realmente infrahumanas”.

La férrea censura impuesta por el régimen impidió que se conocieran las gestiones realizadas ante Ríos Montt por diversas instancias de la Santa Sede que le solicitaron el indulto como un gesto de buena voluntad hacia el Papa. El 15 de marzo el embajador guatemalteco ante El Vaticano, Luis Valladares y Aycinena, dio a conocer los siguientes hechos:

• El 21 de febrero le envió una misiva al ministro de Relaciones Exteriores Eduardo Castillo Arriola (número de protocolo 41/2/83) que fue depositada en el Ministerio el 2 de marzo. En ella le informaba que el arzobispo Achille Silvestrini le había mostrado “una carta escrita a mano por el Pontífice” en la que pedía el indulto para los seis fusilados.

• El 24 de febrero había intentado hablar con el Ministro infructuosamente; ese mismo día, su secretario le informó sobre el pedido papal al Viceministro, quien le comentó que la noche anterior había cenado con el Nuncio y también se lo había transmitido. Todo esto fue posterior a un mensaje en clave del embajador Valladares y que el Ministerio adujo no haber podido descifrar.

Pese a los esfuerzos descritos, el embajador Valladares se convirtió en el chivo expiatorio en el intento del Ministerio de Relaciones Exteriores para lavarle la cara al gobierno, quien le achacó no haber trasladado a tiempo el pedido de gracia de Juan Pablo II. Por ese motivo, fue echado de su cargo acusado por Castillo Arriola de “haber causado un profundo disgusto y numerosos problemas al gobierno”. (Recuento hecho por AFP y SIAG, publicado en El Día el 16 de marzo de 1983).

Ríos Montt también le negó una audiencia al embajador de El Vaticano, Oriano Quilicci, quien se enteró de su negativa a recibirlo al mismo tiempo que supo de la ejecución efectuada el 3 de marzo, al alba. Por su parte, el Papa, como rememora el jesuita Juan Hernández Pico[i]:

(…) desde Costa Rica pidió al entonces jefe de Estado golpista de Guatemala, general Efraín Ríos Montt, convertido al neopentecostalismo, que no ejecutara a unos sentenciados a muerte por tribunales y jueces sin rostro en aquellos días. Ríos Montt, estratega de una guerra total contra campesinos indígenas que terminó en 600 masacres y tierra arrasada, no escuchó a Juan Pablo II y los ejecutó antes de la llegada del Papa. Contra estas barbaries y a favor del pueblo indígena el Papa dejó oír su voz clara y poderosa en Guatemala.

Sin fundamentos legales, sin otra cosa que la voluntad exterminadora convertida en ley, se ejecutó la sentencia emitida por unos tribunales inubicables conformados por jueces desconocidos, cuya conexión con el mundo era una ventanilla del ministerio de la defensa en el Palacio Nacional. El 3 de marzo de 1983, cinco hombres, entre ellos dos hermanos, fueron asesinados. Sus vidas fueron arrebatadas en un acto del poder que, en su momento, fue calificado como un sacrilegio, como el desaire de un loco o la provocación de un fanático, pero eso no fue así. Los tribunales de fuero especial, instancias conformadas sobre la base de leyes ilegales, formaron parte de la maquinaria terrorista gubernamental dirigida a sembrar el miedo en la sociedad guatemalteca y a aniquilar a la disidencia política de cualquier signo.

Al más alto dignatario de la Iglesia Católica no le quedó más que expresar “toda su más profunda tristeza” por este hecho deleznable.

Mientras Ríos Montt, a pocas horas de perpetrados los asesinatos, se comprometía demagógicamente a “hacer que la ley se cumpla” y expresaba que “es positivo que todo lo realizado por los Tribunales del Fuero Especial estuviera apegado a la ley, además de ser corroborado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia”, el hecho era repudiado en el mundo entero. El portavoz de El Vaticano lo calificó como “una dramática, inesperada e increíble noticia” y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala lo consideró una afrenta del gobierno ríosmonttista a la máxima autoridad de la Iglesia Católica; en una columna de un medio extranjero se afirmaba que era una estupidez y una provocación de “una dictadura que se siente acorralada”, tanto como para arrojar “los cadáveres de seis fusilados” en el camino del Papa; y, por su parte, la Asociación de Estudiantes Universitarios sección de México lo conceptuó como “un simulacro de legalidad” y “un asesinato perfectamente calificado”. Hasta el Departamento de Estado declaró estar “naturalmente confundido por estas ejecuciones que tuvieron lugar luego de juicios secretos”. Con “consternación” el gobierno de Ronald Reagan –que dos meses antes había avalado personalmente al régimen por su respeto a los derechos humanos- señaló que se echaban por tierra “las posibilidades de normalización de las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos”.[ii]

En esos días me fui a México por asuntos familiares. En el DF, seguí las noticias de la estadía de Juan Pablo II en Guatemala y juro que cuando besó la tierra, un gesto repetido en cada país que visitaba, vi caer gotas de sangre de sus labios. Sin soslayar lo ocurrido, en una de sus homilías aludió a los fusilamientos diciendo que “cuando se atropella al hombre, cuando se violan sus derechos, cuando se cometen contra él flagrantes injusticias, cuando se le somete a torturas, se le violenta con el secuestro, o se viola su derecho a la vida, se comete un crimen y una gravísima ofensa a Dios; entonces Cristo vuelve a recorrer el camino de la pasión y sufre los horrores de la crucifixión en el desvalido en el oprimido."[iii]

Sin embargo, sus palabras me sonaron tibias y no me convencieron las justificaciones de que su presencia había llevado consuelo a un país en guerra, que había sido un apoyo espiritual, que era su deber como pastor… Desde mi necesidad de que algo o alguien hiciera un contrapeso a la opresión y al autoritarismo criminal que dominaba el país en ese entonces, hubiese querido que el Papa no llegara o que condicionara su visita a que no fusilaran a los seis condenados por esos aberrantes tribunales. Y si llegaba, por lo menos que hiciera público su pésame a las familias de los fusilados y fuera más firme expresando su rechazo al desaire de Ríos Montt con un regaño parecido al que le dio posteriormente al padre Ernesto Cardenal, en Nicaragua, por su postura política afín al gobierno sandinista.

Cuánto me hubiese gustado escucharle decir que se sentía burlado e insultado porque asesinaron a seis hombres pese a su pedido de clemencia o que se refiriera más abiertamente al conflicto existente entre la Iglesia del Verbo y la Iglesia Católica. Al respecto, en una nota al pie en el citado informe de la CIDH, se lee lo siguiente:

5o.  Un hecho evidente del enfrentamiento entre la Iglesia Católica y la Iglesia del Verbo, fue la actitud asumida con ocasión del fusilamiento el 3 de marzo de 1983 de las seis personas condenadas por los Tribunales de Fuero Especial que se analizó en el capítulo sobre el derecho a la vida. Mientras la Iglesia Católica presentó a través del Nuncio Apostólico su protesta y señaló este acto como increíble, la secta protestante del Verbo anunció su respaldo al fusilamiento y manifestó también que las ejecuciones llevadas a cabo unos días antes de la visita papal, fueron una infortunada coincidencia.

Nada de eso pasó. En un mensaje ambivalente, que no dejó dudas de por dónde se movían sus preferencias políticas al interior de la Iglesia dijo “Que nadie pretenda confundir nunca más evangelización con subversión”, mientras a la par aclaraba que la “promoción humana es parte integrante de la evangelización y de la fe”.

Sobre el discurso y postura papales, Hernández Pico recuerda:

El dedo acusador de Juan Pablo II sobre el rostro del padre Ernesto Cardenal quedó en fuerte contraste con el apretón de manos que cruzó al día siguiente en San Salvador con el Mayor Roberto D’Aubuisson, presidente del Parlamento salvadoreño y principal sospechoso de ser el asesino intelectual de Monseñor Romero. Con todo, el papa se arrodilló en la Catedral al pie de la tumba de Monseñor Romero y oró allí largamente.

Menos de tres semanas después, este acto criminal fue seguido por el fusilamiento de otros cinco hombres. En el segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala[iv], publicado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos después de su visita in loco de septiembre de 1982, se lee lo siguiente:

3. El 22 del mismo mes de marzo de 1983 tuvo lugar el tercero de los fusilamientos dispuestos por tales Tribunales de Fuero Especial, ejecutándose a los señores: Mario Ramiro Martínez González, Rony Alfredo Martínez González [hondureño], Otto Virula Ayala, Jesús Enrique Velásquez Gutiérrez y Julio César Herrera Cardona (…)

Estos hechos contribuyeron al aislamiento nacional e internacional de un régimen que hacía aguas por diversos factores en un proceso que desembocó con un nuevo golpe de Estado que derrocó a Ríos Montt el 8 de agosto de 1983.

Pese a lo borroso de la fotografía que conservo de esos momentos tan duros, atesoro las imágenes de los abogados que se enfrentaron a los tribunales de fuero especial, que no vacilaron para denunciar públicamente la ilegalidad de los procesos. Entre ellos, Eduardo Fernández López y Conrado Alonso valientemente defendieron a los hombres y mujeres atrapados en ese laberinto y lograron salvar algunas vidas. Alonso, defensor del hondureño, escribió el libro 15 fusilados al alba en el que narra y denuncia lo ocurrido.[v]

En ese tiempo, a balazos me arrebataron los sueños y los anhelos románticos de contribuir a cambiar a Guatemala. Solo me quedó la dureza de un país en el que un grupúsculo aniquiló a las personas por ser lo que eran: revolucionarios/as, indígenas, gente contestataria y rebelde ante un poder casi omnipotente.

Contra todo ello, contra el profundo daño que le hicieron a tantísima gente, contra la destrucción y el miedo que sembraron, seguimos resistiendo y alzando nuestras voces para exigir justicia. Desearles el infierno es redundante. Ellos son el infierno. Son las llamas que arrasaron la tierra, que abrasaron los campos de cultivo y los ranchos humildes. Son las balas que horadaron los cuerpos de las víctimas, los machetes afilados que cercenaron millares de vidas. Son el hielo que congela las almas. Son el terror que hizo cerrar los ojos para que nadie viera lo que hacían y que selló los labios sumiendo al país en un silencio cómplice.

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[i] De Juan Pablo II a Benedicto XVI: un balance, temores y esperanzas, , de Juan Hernández Pico, artículo publicado en la revista “Envío”, http://www.envio.org.ni/articulo/2890

[ii] Citas extraídas de Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica, Paredón y plomo: la aurora que Ríos Montt ofrece a los guatemaltecos. Documento sobre los Tribunales de Fuero Especial. San José, Asociación de Periodistas Democráticos de Guatemala, 1983.

[iii] Juan Pablo II llegó a Guatemala, dejó ver su sufrimiento, nos heredó un santo, el Hermano Pedro. Y se fue. ¿A qué país llegó el Papa? ¿Quiénes le recibieron? ¿Qué quedará de su visita?, de Juan Hernández Pico, artículo publicado en la revista “Envío”, http://www.envio.org.ni/articulo/1173

[iv] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Washington, D.C., CIDH, 1983.

[v] Citado en La justicia que fue de los generales, en http://www.plazapublica.com.gt/content/la-justicia-que-fue-de-los-generales