New York, New York

La ciudad de Nueva York, en esta época del año, es una selva calurosa de altísimos edificios y varios millones de habitantes. Pasé tres días con sus noches en “la ciudad que nunca duerme” y, por lo menos una, igual que ella, despierta.

Uno no conoce Nueva York, la reconoce. Todos los lugares en los que estuve –en realidad, muy pocos, la ciudad es inmensa- ya los había visto muchas veces en la tele o en el cine, y me resultaban muy familiares. Todo pasa en esta increíble ciudad en la que se hablan todos los idiomas de la tierra, desde King Kong hasta el desastre financiero, pasando por la impresionante y mediática tragedia del 11 de septiembre de 2001 cuyo memorial visitamos la tarde del miércoles.

Pero hubo dos sitios cuyas imágenes se quedaron en mi retina y estar allí fue una experiencia para los sentidos: Times Square y el paisaje urbano desde el funicular de la isla Roosevelt. La primera, la vitrina del capitalismo, es un ensueño colorido, una oda al consumo, la meca de una nueva religión, el consumismo, a la que acuden decenas de miles de personas cada año a asombrarse y a gastar. A la medianoche del jueves, estaba invadida por una multitud que soportaba las altísimas temperaturas con ropas veraniegas que mostraban, más que tapar, generosas porciones de blancas carnes, sobre todo femeninas. Una tajada de luna se alzaba entre las cumbres de los edificios que rodean la plaza; muy abajo, la muchedumbre parecía que se encontraba bajo los rayos del sol y no a la luz del alumbrado, por su vivacidad y la energía con la que se movía, hablaba, comía, compraba o caminaba, haciendo caso omiso del calor que me abrasaba por entero e intensificaba la maldita migraña que se había apropiado de la mitad derecha de mi cabeza.

La otra estampa es la de Manhattan vista desde el funicular, un inmenso bosque poblado por árboles altísimos, luminosos, de vidrio y de cemento, que se elevan rectos hacia un cielo muy oscuro, de estrellas invisibles opacadas por las luces de esta ciudad enorme. Un cielo anochecido,  sin nubes, sin ángeles ni pájaros ni mariposas volando en ese espacio que una vez fue atravesado por aviones mortales, es el telón de fondo de las moles de metal en una fotografía en blanco y negro. El funicular es el que se ve en una de las películas del Hombre Araña, como me dijo mi amigo Erick, nuestro amable guía por una tarde en la que repasamos Coney Island, Wall Street, el ferry que lleva a Staten Island (desde el que vimos la estatua de La Libertad), el Central Park, la 5ª. Avenida, Harlem, Brooklyn, el barrio Astoria y los puentes y túneles que enlazan las distintas porciones de una de las ciudades más pobladas del planeta.

Además de reconocer esta gran urbe –lugar común en el imaginario impuesto por las expresiones culturales dominantes- me reconocí en las experiencias, sentimientos y aspiraciones de María Luisa, una joven con quien también comparto deberes y lealtades hacia nuestros seres amados desaparecidos, su padre Jorge Rosal Paz y Paz y mi hermano Marco Antonio. Ambas nos encontramos en esta ciudad abigarrada, un espejo de mil caras, para acompañar a las representantes de la Fundación Myrna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) a una audiencia ante el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de la Organización de las Naciones Unidas.

María Luisa y yo, junto con nuestras madres y hermanas/os, somos parte de una comunidad muy reducida: la de las familias de personas desaparecidas que, a décadas de ocurridos los crímenes, seguimos tercamente exigiendo justicia, el reconocimiento de la verdad y la devolución de sus restos. Y digo “una comunidad muy reducida” porque, aunque la mayoría de las 45 000 víctimas pareciera haber sido olvidada, eso no es cierto. Sin embargo, en Guatemala miles de familiares viven en silencio y soledad el dolor causado por este crimen de lesa humanidad -sobre todo las madres sobrevivientes al sufrimiento atroz que ocasiona perder a un hijo o una hija de esa forma- pero el miedo continúa paralizándoles e impidiéndoles sumarse a las demandas de justicia.

De ese miedo renovado en el contexto de polarización impuesto por los partidarios de los criminales terroristas de Estado se habló en la audiencia de la tarde del jueves 18. Allí estuvimos María Luisa y yo con la ineludible pena que determina nuestras vidas desde hace más de tres décadas, pero también con nuestra demanda de justicia –un derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ella habló del caso de su padre, a quien no conoció físicamente pero que está muy presente en su existencia, de la falta de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa firmado en el marco del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y de la renovación de la tortura psicológica constituida por la denegación de justicia y los retrocesos en la política de derechos humanos del actual gobierno.

Estos retrocesos están expresados, sobre todo, en la postura negacionista, basada en aberrantes y retorcidas argumentaciones “jurídicas”, de los delitos de genocidio y desaparición forzada perpetrados por el ejército guatemalteco y otros agentes estatales durante varias décadas. En este sentido, María Luisa les informó a los integrantes del GT que los postuladores del negacionismo, actualmente al frente de la institucionalidad de derechos humanos, han llegado al extremo de que, en los informes recientes sobre el caso de su padre, ya no se menciona que él fue desaparecido sino que se dice que fue detenido y que se desconoce su paradero. Con esto pretenden desaparecer la desaparición forzada como delito para favorecer a los perpetradores resguardando su impunidad. Desaparecieron a 45 000 personas, desaparecieron los archivos –y con ellos la verdad de los hechos y del paradero de nuestros/as familiares- y, ahora, pretenden desaparecer la figura delictiva cuya aplicación resultaría en condenas para sus perpetradores.

Por mi parte, me referí a nuestro anhelo de justicia y a la necesidad de encontrar a mi hermano para cerrar un círculo que, a casi 32 años de su desaparición forzada, aún permanece abierto. Les expliqué que la dignidad, el deber y la lealtad a Marco Antonio, a mis padres, a la verdad y la justicia, son los sentimientos que me han animado a lo largo de mi vida y como, en el último año y medio transcurrido a partir de la toma de posesión de un militar como presidente de la república, se han reavivado el dolor, la impotencia y la frustración que nos provocan las decisiones y posturas de los funcionarios del actual gobierno. Ellos, con un extremado cinismo, no niegan los hechos cometidos sino su tipificación como desaparición forzada.

De esta forma, dije, nuevamente se nos revictimiza. El sufrimiento que es lo que, en última instancia, moldea nuestra existencia, se ahonda en mí, en mis hermanas, en mi madre que vive y espera encontrar los restos de mi hermano para sepultarlo dignamente. Es ella, con una fortaleza que solamente puede surgir del amor hacia su hijo, quien sigue exigiendo justicia. Y con ella, nosotras, sus hijas. Esa aspiración ha sustituido la búsqueda de Marco Antonio vivo, tal es el significado e importancia de nuestra demanda. Por eso, acciones ilegales como la suspensión del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y la anulación de la sentencia del 10 de mayo o el intento de desconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los crímenes estatales anteriores a 1987, son duros golpes que buscan debilitar nuestra esperanza de justicia, una oportunidad para iniciar la construcción de un país distinto en el que las víctimas de estos horrendos crímenes, que no son parte del pasado, ejerzamos nuestros derechos ciudadanos.

Les expliqué que la impunidad de los perpetradores de este crimen de lesa humanidad, imprescriptible y continuado, características que han sido negadas reiteradamente por el actual Secretario de la Paz (que es, en sí mismo, una de esas absurdas paradojas de nuestra inefable Guatemala dado que con sus palabras y acciones se suma a quienes incitan a la violencia), supone la continuidad de trasnochados esquemas de relacionamiento en los que la violencia ejercida en todos los ámbitos se naturaliza, legitima y acepta por vastos sectores sociales. Esta situación debilita aún más el reciente proceso democratizador, minado por las violencias pasadas y presentes.

Para evitar la revictimización y superar los retrocesos impuestos por los partidarios, cómplices y simpatizantes de los genocidas, torturadores y desaparecedores, el Estado guatemalteco debe cumplir con sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Entre ellas, son primordiales las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las soluciones amistosas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de los órganos de derechos humanos de la ONU, como el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria. Por ejemplo, el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Marco Antonio supondría que para la búsqueda e identificación de los restos de las personas desaparecidas se tendría, como herramienta fundamental, un banco de datos genéticos; además, se contaría con un procedimiento expedito para el reconocimiento de la muerte presunta; y se establecería lo que desde siempre ha sido una demanda de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas: una comisión nacional de búsqueda con apoyo del Estado y acceso pleno a los archivos militares. Esta última no ha sido aprobada por el Congreso de la República pese a que, desde hace bastantes años, el proyecto de ley 3590 cuenta con dictámenes positivos.

Las representantes de las organizaciones que acudieron a la audiencia, Marcia Aguiluz, por CEJIL, y la Directora de la Fundación Mack, ilustraron al GT con abundantes datos y un rico análisis sobre el viraje de la posición gubernamental relativa a los compromisos internacionales del Estado en derechos humanos. Se refirieron a la campaña de intimidación promovida por los sectores de derecha que defienden la impunidad de los crímenes del terrorismo estatal, constituida por ataques públicos plasmados en pasquines distribuidos masivamente, campos pagados y columnas de prensa, junto con amenazas y otras acciones de hostigamiento dirigidas en contra de la comunidad de derechos humanos y juristas comprometidxs con la justicia y la verdad. También comentaron las burdas maniobras de abogados inescrupulosos que fueron avaladas por una Corte de Constitucionalidad que no dudó en emitir una resolución ilegal con tal de alejar de la cárcel a Ríos Montt, condenado a ochenta años por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.

No sobra decir que el GT estaba al tanto de las peripecias del proceso por genocidio y su vergonzoso desenlace y expresaron su consternación y solidaridad con las víctimas y sus representantes. Al término de la audiencia, se les solicitó pronunciarse públicamente sobre estos asuntos y visitar el país lo más pronto posible para expresar su apoyo a las personas y organizaciones que están impulsando la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos: los defensores y defensoras, jueces, juezas, fiscales, abogados/as, organizaciones de víctimas y de derechos humanos y las y los familiares de las personas desaparecidas. 

Hacer justicia y reconocer la verdad, como dijo la admirable jueza Barrios del caso de genocidio, “ayuda a sanar las heridas del pasado. La aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas. Estos hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz”. Con esas palabras, cuyo significado comparto plenamente, cerró su intervención María Luisa.