sábado, 19 de septiembre de 2015

Nunca más militares al poder



Iba para la playa con mis hijos cuando me enteré de la noticia: Hubo un golpe militar en Guatemala. Me angustio. ¿Cómo saber si estás bien? ¿Cómo te aviso que estoy bien, que los niños están conmigo, que no nos pasa nada pese a que estamos atrapados en un país mortal? Las calles se llenan de brotes verde olivo armados hasta los dientes. Están rodeando la casa. El terror se apodera de nosotros.

Porque sí hubo genocidio, NUNCA MÁS militares al poder
Mi cuerpo se sacude con un llanto sin lágrimas, silencioso pese a los gemidos que convulsionan mi pecho; es el llanto de las pesadillas. ¿Dónde estoy? ¿Estoy allá? Y, lo más importante, ¿qué año es? Por fin, despierto. Estoy lejos en el espacio y en el tiempo del último golpe de Estado que me tocó vivir, el del 8 de agosto de 1983. Esa mañana, a escasos kilómetros del centro del poderío militar, muy distinta de la que despunta tras las oscuras cortinas de mi cuarto, estaba dedicada a las prosaicas labores “propias de mi sexo”, como se consignó mi profesión u oficio en la cédula que me ponía nombres y apellidos. La casa tenía un amplio patio engramado, una maravilla para asolear los pañales de ojo de perdiz unos, de gasa los otros, blancos a punta de restregadas. 

Así, mientras lavaba ropa, los altos mandos militares se ocupaban de la patria rebelándose contra el general Ríos Montt, jefe del gobierno golpista desde el 23 de marzo de 1982[i]. La porción de cielo que se alzaba sobre mi cabeza se llenó con el estruendo de los helicópteros militares que, volando muy bajo, cortaban el aire con sus hélices. Su atronador vaivén y la cadena nacional de radio fueron el aviso de que “algo” estaba sucediendo. Más tarde, en el televisor -usado, blanco y negro, comprado por Q100 en la avenida Bolívar- vi el asedio al Palacio Nacional. Hombres uniformados se parapetaban en los pilares del Portal, entre ellos el general Héctor Mario López Fuentes, jefe del Estado Mayor del Ejército. El golpe lo encabezó otro general, el ministro de la Defensa Óscar Humberto Mejía Víctores. Ambos fueron acusados de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en 2011, una causa en la que fueron declarados inimputables. 

Ese día no tenía más que hacer sino esperar. Una partida de criminales sustituiría a otra igual. Con cierto alivio me enteré de la caída de Ríos Montt; ya no tendría que escuchar más sus sermones de pastor demoniaco y ojalá se cerraran los terroríficos tribunales de fuero especial. Ambas cosas sucedieron, pero lo que se vivió después en la capital fue, si cabe, el empeoramiento de la persecución. Durante los meses posteriores a la amnistía decretada el 11 de agosto (Decreto-Ley Nº 89-93), decenas de compañeros y compañeras fueron cazados como animales para luego ser asesinados o desaparecidos, como consta en el documento conocido como “Diario Militar”.

En esos años duros la censura no le permitía a nadie enterarse a cabalidad de lo que estaba sucediendo. Se estaba muy lejos de saber la hondura y la magnitud del sufrimiento infligido a los pueblos indígenas. Las masacres eran reportadas por el ejército, el único autorizado para difundir información sobre el conflicto, como enfrentamientos con fuerzas guerrilleras; las víctimas civiles se presentaban como bajas de la insurgencia. Las desapariciones forzadas y los asesinatos en las zonas urbanas eran cosa de todos los días. Nada de eso era noticia ni movía a la solidaridad. El miedo se respiraba en el aire; era una sustancia pegajosa que se adhería al cuerpo, al pensamiento, a las emociones; una cuerda invisible uncía a la gente al poder paralizando voluntades y conciencias, insensibilizándola. Mientras unas justificaban las acciones represivas, otras se aterrorizaban y muchas más no querían saber y veían hacia otro lado, el ejército guatemalteco perpetraba el más grande genocidio del hemisferio occidental. 

Los cuerpos torturados brutalmente, mutilados, desfigurados, irreconocibles, fueron parte del “material didáctico” con el que los militares entrenados por los Estados Unidos infligieron duras lecciones de obediencia y sumisión a la sociedad guatemalteca. Nada ni nadie los detuvo en el afán exterminador de sus supuestos oponentes, el enemigo que tenían que destruir. A partir de la visión anticomunista, contrarrevolucionaria propia de la nefasta Doctrina de Seguridad Nacional, aderezada con racismo, el ejército configuró como “delincuentes subversivos” a todas las personas, organizaciones y comunidades percibidas como amenazas al sistema u obstáculos para apropiarse de sus tierras y territorios, sobre todo a las indígenas. Para el ejército el presunto enemigo dejó de ser humano; percibido como un objeto extraño, temible (“comen niños”), ajeno a la sociedad, desechable, debía perseguirlo, reprimirlo, torturarlo, extirparlo, matarlo, desaparecerlo. 

Deshumanizar a las/los opositores, configurarlos como entes amenazantes y altamente peligrosos, merecedores del odio y el repudio sociales, tuvo un doble objetivo: en primer lugar, no tener ningún límite legal ni ético para maltratarlas de las peores formas, dado que no eran personas iguales a las demás; y, en segundo lugar, obtener el respaldo social a sus acciones para evitar ser investigados, enjuiciados y castigados. 

Su impunidad se cimentó no solo en la consabida pérdida de independencia judicial, sino también en la legitimación y la aceptación de las atrocidades perpetradas por hombres heroicos contra desobedientes vendepatrias al servicio de ideologías exóticas que “en algo andaban metidos”, “por el bien de la patria” y más blablabla. De eso hay ejemplos muy cercanos, como la defensa de Ríos Montt o el discurso de OPM en el momento en el que fue ligado a proceso.

Enemigo, entonces, podía ser cualquiera a la conveniencia y medida que determinaran los represores. El hecho es que la mayoría de sus víctimas fueron personas indefensas a las que les arrebataron su condición humana para sustraerlas de la protección a su vida, integridad y dignidad a la que tenían derecho. Contra todo lo que determinaban las leyes humanas y divinas, fueron penalizadas sin ninguna garantía judicial ni reconocimiento a la presunción de inocencia por supuestos delitos cometidos o por cometer, según sus victimarios. ¿Cuántas veces la etiqueta de enemigo fue puesta en las frentes de los niños y niñas, aún los no nacidos (para “matar a la semilla”; de las mujeres, a las que no les bastó con asesinar, había que violarlas; de los hombres, cuyas únicas armas eran el pensamiento y la palabra? 

Hacia 1978, Leonor Paz y Paz describió la situación así:

Nunca el tiempo había estado tan bárbaro, tan maravilloso, tan brillante… Pero quizá siempre había sido bella la naturaleza en esa región de la tierra; únicamente lo bárbaro, lo cruel, lo minuciosamente sádico, había sido como nunca antes. Y el contraste cegaba. Los ojos ardían por tanto llanto. Se juntaban en el alma la sensación profunda de la vida y la profunda angustia por la muerte. Se iba muriendo poco a poco, por pedazos, con los seis, once o hasta veinte muertos recogidos diariamente por los cuerpos de bomberos. Los sacaban de los ríos donde flotaban semi comidos por los peces; los levantaban de las carreteras, de los barrancos y matorrales, de casas desocupadas donde la policía los llevaba ya muertos para volverlos a matar en fingidas balaceras con los “facciosos”.[ii]
 
Las atrocidades de las sucesivas camarillas militares gobernantes fueron reveladas años después en los informes del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI, de la iglesia católica) y la Comisión de Esclarecimiento Histórico, de la ONU, que plasmaron en cifras la responsabilidad del ejército. Asimismo, la justicia guatemalteca conoció las escalofriantes vivencias de los hombres y mujeres ixiles en el histórico juicio de 2013; sus recuerdos terribles fueron guardados por décadas, junto con su voluntad de justicia, hasta ser escuchados por un tribunal y hacer posible la primera sentencia por genocidio pronunciada en el mundo por una corte nacional.

No es sorprendente que en los pocos crímenes de Estado que han sido procesados sean militares los autores materiales e intelectuales. Para muestra, además del caso de genocidio, se cuentan los asesinatos de Myrna Mack y monseñor Juan Gerardi y las desapariciones forzadas de Fernando García[iii] y en los casos de la aldea El Jute (Inocente Gallardo; Antolín, Valentín y Santiago Gallardo Rivera; Tránsito Rivera; Jacobo Crisóstomo Cheguen; Miguel Angel Cheguen Crisóstomo, y Raúl Cheguen)[iv] y Choatalum (Filomena López Chajchaguin, Lorenzo Ávila, Alejo Culajay Ic, Encarnación López López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajti)[v]

Son militares los acusados en el caso de las mujeres de Sepur Zarco[vi], sometidas a servidumbre y violencia sexual. Fueron militares los que detuvieron a mi hermana y la mantuvieron prisionera en el cuartel Manuel Lisandro Barillas, de Quetzaltenango. Fueron militares los que se llevaron a mi hermano y lo desaparecieron un día después de que ella logró huir de sus captores.

Por otra parte, que además de matar sean ladrones no es un hecho novedoso. En los sesentas, setentas y ochentas, tanto los jefes de la contrainsurgencia como sus achichincles se llenaron los bolsillos con el dinero robado a las instituciones a su cargo y se enriquecieron aún más con el despojo de tierras y propiedades, después de haber aniquilado a sus legítimos propietarios. Los integrantes de “La Línea” y demás mafias corruptas tienen sus antecedentes en personajes oscuros como Ydígoras Fuentes, Arana Osorio, los hermanos Lucas García o Ríos Montt, por ejemplo. 

Gracias al régimen de impunidad implantado para favorecerlos, sin investigación, juicio y castigo continuaron delinquiendo en “tiempos de paz”. Los ladrones de hoy son los mismos ladrones de antes y son también los que ordenaron o cumplieron las órdenes de tortura, desaparición y muerte decenas de miles de veces. Son generales, coroneles y demás violadores de derechos humanos los que han estado vinculados siempre al crimen sangriento o de cuello blanco y, ahora, a las mafias. 

Su responsabilidad penal por los crímenes de lesa humanidad es un asunto que pareciera imposible de llevar a un debate público serio, dada la virulencia de los ataques de la ultraderecha fascista que les apoya incondicionalmente y el temor que esto despierta en la población. Pero su impunidad empieza a terminarse, como la de Pinochet, a quien la justicia -que fracasó varias veces en su procesamiento por violar derechos- logró caerle por evasión fiscal, falsificación de pasaportes, uso malicioso de instrumento público y fraude fiscal. Así, en Guatemala, donde el juicio por genocidio fue ignorado por las mayorías, fue la corrupción la que propició la acción judicial contra el general ex presidente y sacó a la gente de sus casas. Durante semanas, agrupaciones y personas autoconvocadas se arremolinaron en calles, plazas y parques en un hermoso, multipolar y espontáneo movimiento ciudadano que culminó el 27 de agosto, cuando unas cien mil personas se hicieron mirar y pusieron el cuerpo, mientras el aún presidente se escondía de las visiones de su descalabro.

El cemento que los amalgamó fue la indignación ante la corrupción y la exigencia de renuncia del 1 y de la 2. La idea prendió en decenas de miles de cabezas dentro y fuera del país, lo cual no es poca cosa tras la destrucción del tejido social de maneras brutales. También hubo sectores que se opusieron a las elecciones del 6 de septiembre, además de demandar la reforma del sistema político electoral, la constitución y otras leyes; incluso se habló de gobierno provisional y asamblea constituyente. Aún es temprano para determinar cuan decisivo fue el movimiento ciudadano para sacar al ex presidente y a la ex vicepresidenta de sus puestos, pero en un país dominado por el autoritarismo y los cacicazgos despóticos, que han ahogado la libre expresión de las ideas y la riqueza del debate político en todos los niveles y ámbitos de poder, aún en los más reducidos y cotidianos espacios de relacionamiento y hasta en las más chatas jerarquías, ha sido refrescante que cada quien grite lo que quiere, se exprese como quiere y, al final, logre lo que se propuso.

Pero, a la par de las calles desbordadas, el comediante subía en las encuestas.

Así, se llegó al 6 de septiembre y los resultados electorales, aunque ya esperados, me estallaron en la cara. Entre las variopintas candidaturas presidenciales, algunas dignas de figurar en las listas del más buscado, paradójicamente del “soberano”, del mismo del que salieron esas plazas retumbantes, del que por fin rompió el silencio y el miedo y demandó la renuncia del militar corrupto, salieron también quienes pusieron en el primer lugar a un tipo apoyado por los militares.

Como 2 y 2 son 4, ¿la revolución azul y blanco iba a desembocar en un rechazo al régimen imperante y a los militares, por todo lo que trae consigo su presencia en el poder? Por lo visto hasta hoy, no. Demandar la renuncia de un chafa ladrón no hizo que a toda la gente le hiciera clic su pasado de represor y violador de derechos; rechazar a uno, no implicó rechazar de una vez por todas a sus congéneres ni dejar atrás la mentalidad pro militar. Y sí, lo acepto con pesar, al prevalecer una cultura autoritaria, a ellos se les sigue aplaudiendo, votando, llevando a puestos públicos, apoyándolos, eligiéndolos diputados, presidentes, ministros, además de aceptarlos socialmente y legitimar sus actuaciones con los más trasnochados argumentos de la guerra fría (“seríamos otra Cuba”).

La realidad es necia, infinitamente más compleja que una operación aritmética y no hay que perder de vista que las protestas, con ser un acto político, fueron protagonizadas por personas ajenas a la política tradicionalmente entendida. Es más, muchas declararon abiertamente su apoliticidad, apartidismo y su desprecio por “derechas e izquierdas” las que, en una especie de daltonismo político, vienen a ser la misma cosa. 

El temor a un golpe de Estado que emergió a mi conciencia en esa pesadilla, fue evocado por las palabras del ahora ex presidente Pérez cuando dijo que Guatemala podía retroceder treinta o cuarenta años de persistir la situación crítica a la que, según él, condujeron las acusaciones del Ministerio Público y la CICIG.

No hay tal retroceso, no hay necesidad. Las líneas fundamentales de la opresión, la discriminación y la desigualdad se mantienen casi intocables. Los nombres -y los hombres- se repiten de una década a otra, con mayor o menor intensidad. Después de los casi cosméticos acuerdos de paz los ladrones siguieron robando y matando, por supuesto no como en aquellos años. Con mayor intensidad bajo el gobierno del dueño de la finca –tampoco hay tales, la finca sigue siendo de los mismos- se remilitarizaron las instituciones, se implantaron más estados de sitio, se acentuaron la persecución y criminalización de hombres y mujeres defensores de derechos humanos, de la naturaleza y de la vida, se llevó a la lipidia a los ministerios de salud y educación y se expresó con un descaro total su desprecio a la vida humana con la desprotección a niños y niñas con hambre. Mientras la institucionalidad se caía a pedazos, “La Línea” se forraba con los recursos que debieron destinarse a mejorar la vida de las personas que viven en pobreza, que son la mayoría en el país más desigual del hemisferio.

El pueblo guatemalteco merece otra cosa que lo que probablemente se nos viene encima: un gobierno tomado por los militares solapada o abiertamente. Con una fachada sonriente, al parecer se tendrá más de lo mismo y no es por estupidez ni porque nos lo merecemos. Hay razones y motivos de fondo que deben ser identificados para construir alternativas de participación política que posibiliten el acceso real de personas decentes, idóneas y capaces a puestos de elección.

En fin, si JM gana la segunda vuelta, que no dejará de ser una bofetada en el rostro de las víctimas de ayer y hoy, de las de siempre, para el comediante ser presidente será como asumir otro personaje de los muchos que ha representado en un sainete que, ojalá, no se convierta en tragedia.

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