sábado, 28 de junio de 2014

Reseña del libro “Guatemala: del genocidio al feminicidio"


El 25 de junio, Día del Maestro y la Maestra en Guatemala, el Colectivo Dignidad, Memoria y Paz y el Doctorado Interdisciplinario en Letras y Artes de América Central (DILAAC) de la Universidad Nacional de Costa Rica presentaron el libro “Guatemala: del genocidio al feminicidio" de Victoria Sanford, publicado por F&G. Esta fue la reseña que preparé para la actividad con la que se inició la conmemoración del 70 aniversario de la Revolución de Octubre y de la muerte de la maestra María Chinchilla.

María Chinchilla Recinos
La autora del libro que me corresponde reseñar es Victoria Sanford, profesora de antropología de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Su trayectoria académica y su interés por los derechos humanos la llevaron a vivir en Guatemala donde conoció de primera mano la situación que describe en su breve monografía titulada “Guatemala: del genocidio al feminicidio”.

http://www.fygeditores.com/FGPI9789992261880.htm
 
En su análisis parte del conflicto armado que sufrió el país entre 1960 y 1996, en el que el ejército, la policía y los escuadrones de la muerte –estructuras clandestinas que funcionaban en el seno de las fuerzas de seguridad- perpetraron un genocidio político y étnico. Luego, se refiere a la violencia postconflicto y explica las prácticas de limpieza social y su diferencia con la violencia de las maras o pandillas juveniles. Al hacer referencia al asesinato de la joven Claudina Isabel Velásquez Paiz y la investigación emprendida por los entes encargados, nos proporciona un claro ejemplo de la forma en la que el Estado incumple con su obligación de garantizar la protección de los derechos a la vida, la igual protección ante la ley y el acceso a la justicia.

Victoria Sanford se refiere en general a la problemática de los homicidios en la primera década de este siglo, cuya tasa en 2008 era de 42 por cada 100 000 habitantes. Al respecto, destaca que entre 2000 y 2005 se registraron casi 21 000 homicidios y que, de seguir creciendo esa cifra “serán más las víctimas de muertes violentas en los primeros 25 años de la paz” que los que murieron durante los años del conflicto.

Esta conjetura podría llegar a ser cierta en 2021 de mantenerse la tendencia como hasta ahora.

En su informe Seguridad Ciudadana con rostro humano, diagnóstico y propuestas para América Latina (http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf), dado a conocer en noviembre de 2013, el PNUD contabilizó treinta homicidios por cada 100 000 habitantes. El 3 de enero, El Faro dio cuenta de que de los tres países que conforman el llamado “triángulo norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras), en Guatemala se pasó de 6 025 asesinatos en 2012 a 6 072 en 2013 de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), es decir, 39.3 asesinatos por cada 100 000 habitantes, una décimas menos que El Salvador y unos escasos puntos menos que en el período estudiado por la autora (http://www.elfaro.net/es/201401/internacionales/14364/). En la misma nota se lee que para la ONU “un país, un territorio, una región están martirizados por la violencia cuando se supera la tasa de 10 homicidios por cada 100 000 habitantes”, de allí que considere que el “triángulo norte” es la subregión más violenta del mundo.

En el siguiente apartado de su libro la autora da cuenta los hallazgos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, una instancia creada mediante el Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca que fue respaldada por la ONU.

En su informe “Guatemala : memoria del silencio”, la CEH estableció que el Estado cometió actos de genocidio a la luz de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, de la cual Guatemala es parte. Su análisis de los datos de tres años –del 80 al 82- le permite a Sanford concluir que “el genocidio es una atrocidad vinculada al género porque está motivado por la intención de eliminar a un grupo cultural (…)” Con este se busca “la destrucción de las bases materiales de la comunidad más su capacidad de reproducirse”, de allí que “las mujeres son los blancos principales”. Sanford nos ilustra con cifras de 1981 cuando las mujeres asesinadas en Rabinal fueron el 14% del total de víctimas y en junio de 1982, a tres meses del golpe de Estado que llevó a Ríos Montt al poder, ya eran el 42% (p. 21).

Como se demostró en el juicio efectuado en 2013 contra el general Efraín Ríos Montt, en esos años la victimización de las mujeres indígenas, cuyos cuerpos fueron mancillados de maneras perversas para impedir la sobrevivencia de sus pueblos, fue un elemento preponderante en la perpetración del genocidio.

En el libro reseñado encontramos la diferencia entre la limpieza social y la violencia de las maras en términos de que la primera cuenta con la aquiescencia, complicidad, apoyo o tolerancia voluntaria o involuntaria del Estado. El modus operandi de los perpetradores le lleva a concluir que cuentan con una infraestructura y recursos para detener y mantener cautivas a las víctimas, someterlas a torturas y trasladar sus cuerpos sin vida a otros sitios, mientras que la violencia de las pandillas es observada adentro de sus respectivos territorios, los cuerpos son marcados con sus distintivos, los crímenes no son limpios, etc.

En los siguientes apartados Victoria Sanford abunda en detalles acerca de lo sucedido a Claudina Isabel y las fallidas acciones de la policía, el forense y la fiscalía que impidieron el desarrollo de una investigación técnica y científicamente realizada, adecuada y efectiva para hacerle justicia. La joven, asesinada en 2005, es una de las 518 mujeres muertas violentamente ese año. Con sus 17 años, corresponde al perfil de la mayoría, que no pasaban de los treinta años.

En el caso de Claudina Isabel y en muchos otros, las autoridades policiales y judiciales guatemaltecas no adoptaron medidas inmediatas y exhaustivas de búsqueda y protección inmediatamente después de haber sido denunciada su desaparición en un contexto de violencia contra las mujeres que hacía temer por su vida; tampoco investigaron seriamente su desaparición, violencia y muerte. Mediante el acompañamiento a su afligido padre en las diligencias que realizó infructuosamente, Victoria Sanford pudo darse cuenta de las múltiples falencias en las que incurrieron la policía y los fiscales en el manejo de la escena del crimen, la manipulación de la evidencia, los errores graves en su análisis, las fallas en las pruebas periciales. Su cuerpo de niña no fue examinado como se debía para verificar si había sido violada sexualmente. Con dolor, su padre y su familia se percataron de que su nombre ni siquiera había sido consignado en el informe del forense. Y ni hablar de la demora de la justicia.

El 5 de marzo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso de Claudina Isabel Velásquez Paiz a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por segunda vez Guatemala será llevada a juicio por su responsabilidad internacional derivada del incumplimiento del deber del Estado de protección a la vida e integridad personal de las mujeres. En estos días se espera que la Corte emita una sentencia en otro caso de feminicidio en Guatemala; se trata de María Isabel Véliz Franco, asesinada en 2001 a los quince años de edad.

Claudina Isabel fue estereotipada como una persona “eliminable” cuya muerte era deseable; por su forma de vestir fue encasillada en alguna de las categorías de potenciales víctimas de la limpieza social en auge en aquellos años: prostitutas o pandilleros/as.

Ese discurso naturalizador y justificador de la impunidad, la violencia, el feminicidio y la limpieza social induce la culpa sobre las víctimas, al igual que en los peores tiempos del terrorismo estatal. Este año el presidente militar al referirse a las muertes a balazos de dos muchachas estudiantes de un instituto público las vinculó a las maras. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los padres y madres de familia para que vigilen y controlen a sus hijos e hijas, como lo hacía Ríos Montt en sus sermones dominicales.

Ese estado de cosas inhumano es socialmente aceptado. Lamentablemente, es demasiada la gente que continúa dividiendo a la población guatemalteca en dos categorías: las personas matables y las que matan con base en estereotipos y prejuicios discriminadores.

Esta dimensión de la violencia contra las mujeres fue tomada en cuenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su examen del caso de Claudina Isabel al considerar que en las graves deficiencias identificadas en las actuaciones de la policía y los diferentes fiscales privó la discriminación. Tal discriminación –que se extiende a las mujeres guatemaltecas, sobre todo a las indígenas, las empobrecidas y marginadas- forma parte de la cultura patriarcal imperante en el país, caracterizada por el sexismo y la misoginia, aderezada con un racismo de la peor especie. La discriminación y sus distintas expresiones, como los estereotipos naturalizadores y justificadores de los crímenes contra las mujeres, está muy presente en las instancias encargadas de investigar, enjuiciar y castigar a los culpables.

Para explicar por qué se mata y se violenta a las mujeres en Guatemala, Victoria Sanford recurre al concepto político de feminicidio. A diferencia del término criminológico de “femicidio” -“el asesinato de mujeres por hombres, porque son mujeres” (Russell, p. 62)-, el feminicidio va más allá de situar la culpa en los perpetradores al enfocarse en las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres y en la responsabilidad al Estado y sus instituciones de justicia. Eso le permite concluir que “el Estado guatemalteco ha fracasado en crear condiciones jurídicas y sociales” (p. 64) que garanticen los derechos humanos de las mujeres, sobre todo su vida y su seguridad.

En este sentido, como señalan en sus informes los relatores especiales de la ONU y la Comisión Interamericana, Guatemala ha incurrido en responsabilidad internacional al no garantizar el derecho a la vida de las víctimas de feminicidio, no tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar los crímenes ni investigar, enjuiciar y castigar a los responsables. Entre las obligaciones a cumplir para que la prevención sea efectiva, el Estado debe “transformar las estructuras patriarcales y los valores que perpetúan y se atrincheraron en la violencia contra las mujeres” (Ertuk).

Victoria Sanford intenta entender el asesinato de mujeres en Guatemala y, en el siguiente apartado, resume una multiplicidad de “causas” de acuerdo con lo establecido por la Policía Nacional Civil, la fiscalía, la CIDH, la ONU y la PDH. A la par de otros motivos y circunstancias, figuran los que se emplean para estereotipar, discriminar y dejar de investigar los asesinatos de mujeres: el involucramiento con las pandillas y la delincuencia y los problemas personales y pasionales. Otras de las explicaciones incluyen palabras como narcotráfico y crimen organizado; sin nada que decir, la fiscalía declaró en aquellos años que el alza de los crímenes contra las mujeres era parte del alza generalizada de los homicidios en el país.

Guatemala es un país atravesado por la violencia y la impunidad, su hilo conductor, como Sanford nos lo demuestra en otra parte de su libro. Las víctimas de feminicidio en tiempos de “paz” están vinculadas a las miles que fueron víctimas del genocidio, la violencia sexual, la tortura y la desaparición forzada en los años del terrorismo estatal. Entonces si, como dice Victoria Sanford, “El Estado entrenó a los asesinos para violar, mutilar y asesinar mujeres durante la guerra (…) [y] estos asesinos y violadores están libres (…) [se] los continúa protegiendo (…) con la impunidad, entonces porqué esperar que busquen a los asesinos de Claudina Isabel Velásquez Paiz o cualquier otra mujer asesinada”.

Lo cierto y doloroso es que la criminalidad contra las mujeres guatemaltecas ha aumentado a la sombra de la impunidad. Sus victimarios, al igual que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en los años del terror estatal, no han sido castigados. 
La magnitud de estos crímenes se expone crudamente en el periódico La Hora del 16 de junio bajo el título LOCALIZAN MUERTA A UNA FÉMINA EN ALTA VERAPAZ. En la noticia se lee que, según el Sistema Informático de Control del Ministerio Público (Sicomp), de enero de 2011 a mayo de 2014 se recibieron un total de 177 553 denuncias por violencia contra la mujer. Los delitos más frecuentes son violación, agresión sexual, violación agravada, violencia económica y psicológica, femicidio, trata de personas, violencia física y violación a la intimidad sexual. Por otra parte, según ONU Mujeres, dos mujeres son asesinadas cada día en Guatemala (http://www.endvawnow.org/es/articles/299-datos-basicos-.html).

Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que constituyen obligaciones internacionales del Estado guatemalteco en virtud de su ratificación de la Convención de Belém do Para, Victoria Sanford finaliza su libro con una serie de recomendaciones para que la justicia sea una realidad, tanto para Claudina Isabel como para las decenas de millares de víctimas del pasado y el presente. Sin embargo, el país en lugar de avanzar, en el último año retrocedió estrepitosamente.

A casi veinte años de la firma de la paz, el nuestro es uno de los países más violentos e impunes del planeta, una violencia que se ensaña de manera brutal con los cuerpos de las mujeres. El cercenado y superficial proceso de democratización del país, lo que democratizó fue la violencia y la muerte, si me permiten emplear este término en este contexto, violencia, muerte e impunidad que Sanford ubica en un continuo histórico.

La impunidad se sostiene en una débil institucionalidad de justicia cautiva de los poderes fácticos, en un contexto de remilitarización. Todo esto se expresa en el retorcimiento de las leyes, el cercenamiento de la independencia judicial y las campañas de guerra psicológica, que van desde la ideologización del discurso, la manipulación de la llamada opinión pública y la concreción de una visión discriminadora, hasta la reconfiguración de un nuevo enemigo interno, que es toda aquella persona o entidad que exige respeto a sus derechos.

Pero, contra la voluntad del poder de asegurar la impunidad de los perpetradores de los horrendos crímenes de ayer y hoy, la justicia se abre paso dificultosamente de la mano de las mujeres. En este sentido, Victoria Sanford me pidió que llamara su atención acerca de que el 21 de junio fueron capturados Esteelmer Reyes Girón, exoficial del Ejército, y Heriberto Valdez Asij, excomisionado militar, acusados de crímenes de guerra cometidos en 1982 y 1983 en Sepur Zarco, El Estor, Izabal, al noreste del país. En su mensaje, Victoria menciona que la acusación incluye –además de la desaparición forzada de 18 personas- la detención, servidumbre y violencia sexual de quince mujeres en el destacamento de esa localidad. Estos delitos, dice, son otra muestra de la institucionalización de la violencia sexual contra la mujer por parte de las autoridades de Guatemala. Acerca de Valdez Asij, Victoria dice que siguió desempeñando cargos de jefe de de la policía al igual que otros presuntos criminales, “lo cual ha fomentado violencia contra la mujer y un desinterés en procesar violadores en el presente.” Continúa diciendo que “el Canche Asij fue jefe de la policía en Panzós en 1978, cuando hubo la masacre; seguía como jefe de la policía en 1997 cuando yo participaba en la exhumación de las víctimas de la masacre de Panzós. El hilo conductor de la masacre de Panzós y la violencia de Sepur Zarco hasta el feminicidio de ahora es la impunidad fomentada por los hechores que sigue con poder público, oficial y clandestina paraestatal.

Cada juicio que procesa violadores y asesinos de las mujeres (ya sean del presente o pasado) abre más la posibilidad de romper la impunidad y parar la misoginia estatal. Así que pido a los que asisten al evento que apoyen los procesos jurídicos para la justicia en Guatemala, así sean procesos en las cortes de Guatemala, en la Corte Interamericana o en cortes de otros países como España y Suiza.” 

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