miércoles, 21 de mayo de 2014

La audiencia del 16 de mayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Todavía no consigo juntar el alma con el cuerpo. Está por un algún lado donde se quedó esperándome mientras participaba en la audiencia de la Corte IDH –celebrada el 16 de mayo- en la que este tribunal conoció los obstáculos que inciden en el incumplimiento del Estado guatemalteco de sus obligaciones de investigar, juzgar y castigar a los responsables de los hechos que originaron nuestras demandas ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Los once casos objeto de la audiencia fueron Nicholas Blake (desaparición forzada), Maritza Urrutia (detención ilegal y tortura), Plan de Sánchez (masacre), Carpio Nicolle (ejecución extrajudicial), Tiu Tojin (desaparición forzada), Florencio Chitay Nech (desaparición forzada), Mack Chang (ejecución extrajudicial), Niños de la calle (Villagrán Morales y otros) (ejecuciones extrajudiciales), Bámaca Velásquez (desaparición forzada), Molina Theissen (desaparición forzada) y Las Dos Erres (masacre). Todos tienen dos características: se refieren a graves violaciones a los derechos humanos y en ninguno se ha hecho justicia.

El 15 de mayo me uní a una pléyade de valerosos/as defensores y defensoras de derechos humanos, abogados/as litigantes y víctimas para preparar las intervenciones. Con muchas tazas de café y no sé cuantas galletas, compartimos solidariamente durante una larga jornada en la que el sol le dio paso a la lluvia y, por la noche, nos alumbró la tenue claridad de la luna llena que brilló alta en un cielo despejado, sin nubes. Mientras trabajábamos, pensaba cómo iba a sentirme frente al señor agente del Estado, Antonio Arenales Forno, quien acudió a la cita con un solo objetivo: reafirmar la política de impunidad adoptada por el actual gobierno.

Confieso que, por momentos, me asaltaba un vago temor, como me pasa cuando debo ir a la dentista. Antes de la cita me acuerdo del ruido y el golpeteo del taladro, los pinchazos de la anestesia, la fuerte luz sobre mis ojos, tan molesta. Se me eriza la piel. Pero cuando estoy tendida sobre la silla, me olvido de todo, abro la boca y constato que es peor lo que imagino que lo que vivo en realidad.

Así pasó el 16 de mayo, sin temores, blindada, estaba lista para escuchar los enrevesados “argumentos” del señor representante del Estado y tratar de descifrarlos. Afuera dejé la cólera, la desolación, la frustración y también el alma. Durante 35 interminables minutos, el señor Arenales se dedicó a intentar fundamentar la política de impunidad del actual gobierno. Estoy segura de que a sabiendas de que no puede ni debe hacerlo, impugnó la jurisdicción de la Corte e hizo un arroz con mango con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal. No dijo nada nuevo, repitió hasta el cansancio lo mismo que ha venido diciendo y escribiendo desde los inicios de 2012.

Al concluir la intervención del Estado, la defensora de los derechos humanos Helen Mack le describió a la Corte, con mesura pero con contundencia, la situación de la justicia en Guatemala. Les hizo saber a los señores jueces que se ha reimplantado una política de Estado que, tal como lo dijo su representante, niega la competencia de este tribunal, desconoce la obligatoriedad de sus fallos, incumple sus obligaciones internacionales e ignora deliberadamente las atrocidades y a las víctimas, a las que nos continúa negando los derechos a la verdad y la justicia. La impunidad se sostiene en una institucionalidad de justicia cooptada por los poderes fácticos, en un contexto de remilitarización en distintos ámbitos. Todo esto se expresa en el retorcimiento de las leyes, el cercenamiento de la incipiente independencia judicial y las campañas de guerra psicológica, que van desde la ideologización del discurso y la manipulación de la llamada opinión pública hasta la reconfiguración de un nuevo enemigo interno, que es toda aquella persona o entidad que exige respeto a sus derechos.

Esto se encuentra en la base de la criminalización de las defensoras/es de derechos humanos, los operadores/as de justicia que actúan con independencia y las víctimas de graves violaciones que exigen la verdad y el enjuiciamiento y castigo de los responsables. Para ejemplificar, Helen se refirió al hostigamiento, las amenazas y el abandono sufridos por el magistrado César Barrientos, que lo condujeron a acabar con su vida; las resoluciones ilegales de la Corte de Constitucionalidad que resultaron en la defenestración de Claudia Paz y Paz y la anulación del proceso penal contra el genocida Ríos Montt; la sanción contra la jueza Yassmín Barrios, a la que se suma la acción emprendida por el tribunal de honor del colegio de abogados contra Nery Rodenas, de la ODHAG, y el nefasto punto resolutivo 3-2014 que niega el genocidio.

(La noche del martes 13 la pasé casi en blanco después de enterarme de la resolución de olvido del genocidio, increíble pero cierta en el país en el que se ven muertos acarreando basura. Los dipucacos manifestaron desvergonzadamente su complicidad con los genocidas usando un lenguaje engañoso, salpicado de palabras hermosas como paz y derechos humanos, en otra resolución ilegal que pretendieron legitimar invocando tratados internacionales y la constitución política. Es un hecho indignante. como todo lo que está sucediendo en Guatemala en el campo de la justicia y en tantas otras facetas de la vida social y política del país.)

Durante los siguientes quince minutos, el abogado Leopoldo Zeissig explicó con detalle las dificultades que limitan e impiden el avance de los procesos penales, como la ausencia de planes adecuados de investigación, la negativa permanente del Ministerio de la Defensa a entregar la información depositada en los archivos militares, el abuso reiterado de los recursos de amparo que, en actitud cómplice, son acogidos por la Corte de Constitucionalidad para dar más largas a los procesos, su paralización mediante el litigio malicioso y los recursos dirigidos a que se aplique la Ley de Reconciliación Nacional (ley de amnistía) a los acusados de delitos de lesa humanidad (genocidio, desaparición forzada y tortura), que fueron excluidos de la exención de responsabilidad penal; la falta de ejecución de las órdenes de detención de personas presuntamente involucradas; y la falta de garantías de trasparencia e idoneidad de muchos operadores/as de justicia.

Posteriormente, Viviana Krsticevic, directora de CEJIL, entidad que nos representa ante los órganos del sistema interamericano, solicitó una nueva audiencia -ojalá pública- para que el Estado le informe sobre los avances en la justicia en estos once casos, además de manifestar que esperamos que en su resolución le recuerde con firmeza sus obligaciones internacionales, entre otras peticiones dirigidas a que Guatemala cumpla con las sentencias y se resguarden la integridad y la vida de las personas implicadas.

Le siguió el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el abogado James Cavallaro, expresó los criterios de este órgano acerca de esta situación al tiempo que le llamó la atención al Estado respecto de su obligación de cumplir su deber de investigar. Asimismo, hizo saber la preocupación de la CIDH sobre el punto resolutivo 3-2014, la que esta instancia hizo pública mediante un comunicado.

En su réplica, el representante del Estado volvió sobre los mismos “argumentos”. Esta vez le respondieron Marcia Aguiluz, directora de CEJIL Mesoamérica, y Édgar Pérez, el representante de las víctimas del genocidio del pueblo ixil y las masacres de Las Dos Erres y Río Negro, entre otros casos.

Luego tomé la palabra en nombre de mi hermano para recordar a las víctimas, que no son un expediente sino personas con derechos y la razón de ser del sistema. Entre otras cosas, señalé que el Estado violó su propia legalidad para masacrar, torturar, desaparecer y asesinar a decenas de millares de personas y ahora se niega a reconocer su responsabilidad y hacer justicia, con lo cual nos vuelve a victimizar.

Al finalizar la audiencia, con Eugenia, mi hermana, cruzamos el recinto hacia la derecha –literal y simbólicamente- y, en un intento de exorcismo, le mostramos una foto de Marco Antonio bebé al representante del Estado. El señor sin permitir que mi mirada traspasara la suya, tras saludarnos quiso repetirnos su discurso sobre por qué no se puede juzgar la desaparición forzada. Yo –que no quería otra cosa que demostrarme a mí misma que puedo estar cerca de personas como él sin desintegrarme- le dije que podía decir lo mismo durante mil años que jamás estaríamos de acuerdo. Me despedí deseándole que ojalá pudiera dormir con la conciencia tranquila, “si es que la tiene”, agregó Eugenia.

Por lo escuchado esa mañana, es evidente que nada les importa con tal de conseguir el resguardo de la impunidad de los terroristas de Estado y sus cómplices en los estamentos de poder. Ya pagaron el costo político de haber anulado el juicio de genocidio, acortado el mandato de Claudia Paz y Paz, perjudicado la carrera judicial de Yassmín Barrios y emitido un punto resolutivo con el que hacen saltar por los aires lo poquito que podía quedar de la independencia judicial y el Estado de Derecho. Esta clase de magos no recurre a varitas mágicas, chisteras o mazos de cartas para sus actos de encantamiento y cuando cortan a la mujer en dos, la cortan de verdad. De su maleta salen tanto resoluciones ilegales de la CC, puntos resolutivos y sanciones mañosas como sobornos millonarios, amenazas de muerte e infumables pasquines… Son hombres acostumbrados a moverse a conveniencia entre la legalidad y la ilegalidad y, con sus actos y decires, revelan el proceso de remilitarización que vive nuestro país.

En esta audiencia quedó demostrado palmariamente que quienes rompieron con las leyes humanas y divinas (“no matarás”) y crearon un mundo paralelo en el que impusieron su voluntad mortal como única ley, ahora reducen sus obligaciones internacionales a un perverso juego de palabras. Para quienes fueron capaces de haber matado, torturado y desaparecido a centenares de miles de personas, incluyendo niños y niñas, aún los no nacidos, mujeres y adultos/as mayores, es un juego de niños desafiar a la Corte, convertir en papel mojado la Convención Americana y sus sentencias y trastrocar los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Profieren sus falacias al estilo acuñado por Goebbels: “Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad". Al igual que el hitleriano alquimista de las palabras, el señor representante del Estado espera que sus afirmaciones mentirosas se conviertan en verdades aceptadas.

No fue sencillo estar allí ese día, pero encontré inspiración y fortaleza en mi hermano –que me acompañó desde mi corazón-, mi hermana, Nery, en los valiosos hombres y mujeres que, en primera línea, continúan demandando decencia y justicia en Guatemala y en las comprometidas abogadas de Cejil. Desde mi orilla, este comportamiento del Estado constituye un insulto al Derecho, a la profesión de abogado/a y a la inteligencia y autoridad de los jueces, además de ser revictimizador.

En el país del nunca jamás, el sol sale por el poniente, el planeta gira al revés y la verdad se muere en la boca de los criminales. Los relojes y calendarios marcan el ritmo de lo cotidiano, pero a nosotrxs, desempoderadxs, el tiempo de la Historia nos está vedado. Sin Poder, con P mayúscula, me es imposible cambiar la mentalidad y la voluntad de un puñado de hombres que pretenden imponernos el silencio, perpetuar la injusticia, negar a las víctimas y decretar el olvido de sus atrocidades. Lo que sí puedo hacer, con toda mi alma, es no callar, recordar con amor a mi hermano y, en su nombre y en el de todas las víctimas, mantener encendida la llama de la verdad y la justicia que, algún día, se convertirá en una hoguera purificadora que arrasará con las mentiras y las manipulaciones y allanará el camino hacia una paz verdadera.

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