sábado, 11 de octubre de 2014

A 33 años de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, una vez más demandamos justicia


Marco Antonio Molina Theissen fue detenido ilegalmente y desaparecido a los 14 años y 10 meses de edad por la G2 del ejército. Por este crimen de lesa humanidad, continuado e imprescriptible, –cometido el 6 de octubre de 1981- la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado investigar, enjuiciar y castigar a sus perpetradores en su sentencia del 4 de julio de 2004 la que, sin embargo, el actual gobierno se niega a acatar.

Demandar justicia para Marco Antonio y las víctimas del genocidio y la desaparición forzada no es un capricho, es un derecho. Sin embargo, esta no será posible para él ni para la totalidad de víctimas, tanto las del genocidio y la desaparición forzada como las de la vorágine de violencia que golpea duramente a la sociedad guatemalteca en la actualidad, mientras persista la debilidad de un sistema judicial sujeto a los poderes fácticos, minado por la corrupción, el tráfico de influencias y, por tanto, proclive a mantener la impunidad de los criminales de antes y de ahora en un contexto de violencia y brutalidad en el que seguirá prevaleciendo la ley del más fuerte.


Esta situación se reveló con crudeza en el último año y meses en las actuaciones abiertamente ilegales de la Corte de Constitucionalidad, una instancia que ha desvirtuado su mandato desvergonzadamente, como lo demostró con sus recientes intervenciones en el juicio por genocidio y la salida abrupta, prematura e injusta de Claudia Paz y Paz de la jefatura del Ministerio Público. Más recientemente, con asco hemos asistido a los sucios y viciados procedimientos para las “elecciones” de la actual fiscal general y los magistrados y magistradas de la CSJ, efectuados (más bien, perpetrados) por unas comisiones de postulación espurias y desnaturalizadas -dado que han hecho exactamente lo contrario de aquello para lo que fueron establecidas- en confabulación con el Congreso de la República y el Ejecutivo.

Es imposible confiar en la CC y en procedimientos que ya han probado ser ineficaces, como tan clara y contundentemente lo dice Julie: 

“No quiero poner me gusta en nada que siga haciendo de la CC un superpoder. Ni que la CC "ordene" ni que la CC "anule". (…) ¿Hablan de la CC que intervino el poder judicial en el caso de genocidio? ¿De la que -cantado por Ríos Montt "estamos 3 contra 2"- dio paso a su candidatura presidencial? ¿De la que "ordenó" sin tener potestades que se iniciara la elección de Fiscal General para sacar a Claudia Paz y Paz 7 meses antes del cumplimiento de su periodo? Y esto último ¿lo hizo la CC para dar lugar a esta compraventa de sentencias e impunidad? La CC refiere a cumplimiento constitucional. La corrupción que estamos viendo, la CC la tiene en la cocina. No exijo que la CC ordene ni anule este proceso. El proceso debe reiniciarse porque ha sido viciado, porque hay pruebas, y porque debemos la ciudadanía, constituirnos en veeduría de transparencia en las postulaciones. Porque estamos ante una clase política que está extendiendo la corrupción y la impunidad del ejército genocida al congreso irresponsable y a la cooptación de todo el sistema judicial para seguir actuando con impunidad. ¿Quién dice que esto lo arregla la CC? Si es un organismo cooptado desde antes de esta embestida. La CC ya es un organismo dedicado a la protección de intereses del poder económico. Están atrasados resolviendo los amparos interpuestos y esa sí es su labor. Están atrasados a propósito. ¿Quién con una luz se pierde?”

Pues con esa luz, entiendo que aunque se haya conseguido la suspensión temporal de la “elección” de magistrados/as, la situación es mucho más complicada. Para que haya justicia se requiere de un poder judicial independiente, sólido, sin fisuras, conformado por profesionales honestos/as, capaces y apegados/as a la ley, que se reconozcan a sí mismos/as como ciudadanos y ciudadanas dignos y en pleno ejercicio de sus derechos para rechazar ser parte en los procesos espurios y corruptos, como lo hizo la magistrada Claudia Escobar, quien demandó “un proceso transparente, en el que se privilegie la elección de los funcionarios más idóneos y aptos para el cargo, en consecuencia que se respeten las normas establecidas en la Ley de la Carrera Judicial.” (http://www.albedrio.org/htm/articulos/c/cescobar-001.html)

Para que haya justicia se necesitan jueces y juezas conscientes de sus responsabilidades en el ejercicio de la judicatura para que garanticen la realización de nuestros derechos, que sean nombrados mediante procesos limpios, transparentes, en los que no impere otro interés que el de favorecer el bien común.

¿Qué hay qué hacer para construir un poder judicial independiente e incorruptible que garantice la justicia para Marco Antonio y las víctimas de los crímenes de ayer y de ahora en una sociedad en la que mandan el dinero, el miedo y los mandatos de sumisión y obediencia dictados por el poder? Además de limpiar de arriba abajo los tres poderes del Estado y establecer su independencia mutua, algo que no es fácil en las actuales circunstancias, se necesita una serie de condiciones que den lugar a un proceso sostenido de fortalecimiento del sistema de administración de justicia, entre ellas, las siguientes:
  • la vigilancia ejercida por la ciudadanía junto con las organizaciones profesionales, populares y de derechos humanos;
  • la mirada vigilante de la prensa independiente y las y los periodistas sin precio;
  • un currículo de estudios de Derecho que forme a los/las futuros/as profesionales en derechos humanos, les capacite para conocer y analizar la realidad del país y les dé las bases para que actúen con apego a la ley, a principios y valores éticos de servicio a la sociedad y no a los mercados legales e ilegales y respeto a los derechos de todas las personas y colectivos por igual; y,
  • la participación organizada de abogados y abogadas honestos, que conciben el Derecho y la justicia como un instrumento para (r)establecer relaciones sociales civilizadas, entre personas y colectividades consideradas iguales ante la ley, para incidir en una efectiva profesionalización de la carrera judicial, ajena a compadrazgos politiqueros y mafiosos, con un alto compromiso ético.
Y, por el momento, me uno a quienes exigen que se repita el proceso de elección de magistrados/as para la CSJ con absoluta limpieza, transparencia y apego a las leyes.

El sufrimiento por la desaparición forzada de Marco Antonio, que se prolonga a lo largo de 33 años, solo podrá ser atenuado por la acción de la justicia y la devolución de sus restos. La justicia es el primero de los derechos, un pilar fundamental para la construcción de una sociedad auténticamente democrática y en paz en la que no se repitan los hechos atroces del pasado reciente, los conflictos se resuelvan de manera pacífica y se cumpla con la finalidad más alta de las colectividades humanas: proteger y resguardar la vida y la dignidad de todas las personas, en igualdad.


En el 33 aniversario de este hecho injusto,

EXIJO JUSTICIA PARA MI HERMANO,
EXIJO LA DEVOLUCIÓN DE SUS RESTOS,
EXIJO EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA QUE LE ORDENA AL ESTADO DE GUATEMALA INVESTIGACIÓN, JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES, LA APROBACIÓN DE LA LEY 3590 PARA LA INSTAURACIÓN DE UNA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, LA APROBACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LA DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA Y LA INSTALACIÓN DE UN BANCO DE DATOS GENÉTICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

¡¡¡No olvido, no perdono, no me arrodillo, no me callo, lo que quiero es justicia!!!
 

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