viernes, 15 de agosto de 2014

Los 45 000 nietos y nietas



_ ¿Qué tal está, mama? ¿Ya se enteró de la aparición del nieto de Estela de Carlotto?
_Sí, mija.
_ ¡Qué alegre! ¿Verdad?
_ ¡Qué bueno! ¡Qué dichosa ella!
_ ¡Qué dichosas todas las abuelas que han encontrado a sus nietos y nietas!
_ Sí, no cabe duda…
_ En Guatemala es difícil…
_ La vida es bella pero…
(Nos alegramos con tristeza. Caemos en la obviedad. “Guatemala no es Argentina”. Con sentimientos encontrados, me despido.)

El 6 de agosto se dio a conocer una feliz noticia: Guido y su abuela Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, se reencontraron tras casi cuatro décadas de búsqueda. Guido es uno de los 500 niños y niñas que nacieron en cautiverio o fueron detenidos y desaparecidos a muy corta edad junto con sus madres, padres o familiares y entregadas por los criminales a sus “apropiadores”, casi siempre miembros de los aparatos de terror estatal instalado en la Argentina de los setentas y la primera parte de los ochentas, o gente vinculada a ellos. Con él, son 114 las nietas y nietos que han vuelto al seno de sus verdaderas familias. Falta encontrar a 386 y restituirles su verdadera identidad.

Es una maravillosa noticia, “una pequeña victoria en una gran derrota que nos hemos dejado hacer”, como afirmó Guido Montoya Carlotto, que celebro como si fuera mía. 

Sin embargo, Guatemala no es Argentina… 

La primera diferencia, enorme diferencia, entre ambas realidades es que Estela de Carlotto está viva pese a la persecución y hostigamiento permanentes de la dictadura militar, que incluso desapareció y asesinó a sus fundadoras en 1977[i]

En Guatemala a lo largo de varias décadas persiguieron sistemáticamente a todas las personas que demandaron saber el paradero de sus familiares desaparecidos/as.[ii] Muchas de ellas fueron asesinadas o desaparecidas, otras salieron del país. Demandar la verdad sobre los/las desaparecidos/as era altamente peligroso; el solo hecho de ser familiar de algún/a desaparecido/a convertía a una persona en “sospechosa”, un adjetivo que pasó a tener calidad de sustantivo en los tiempos en los que se impuso la concepción del enemigo interno.

La segunda diferencia es que en Argentina está en marcha una política de la memoria y la verdad que, entre otras acciones, recurre a la enseñanza de lo sucedido durante la dictadura, museos, monumentos y otros simbolismos que forman parte de una serie medidas legitimadoras de los esfuerzos emprendidos por las víctimas y sus familias. 

La tercera diferencia es la derrota del ejército argentino en Las Malvinas, un hecho que precipitó su caída debilitándolo a tal grado que en 1985 se llevó a cabo el juicio a las juntas militares. En Guatemala el ejército está intacto, sus archivos son inaccesibles y los implicados en la comisión de los crímenes de lesa humanidad se encubren mutuamente mediante un pacto de silencio. Hemos tenido que esperar treinta años para ver a un militar jefe de Estado en el banquillo de los acusados y una vez sentenciado a prisión por el delito de genocidio, el proceso fue devuelto a sus inicios.

La cuarta diferencia es que Argentina posee un poder judicial independiente con las capacidades técnicas y el necesario acceso a la información para llevar adelante la investigación y enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Además, hay una política gubernamental respecto de la justicia transicional. Como producto de esta voluntad política y ética, en abril, por ejemplo, se confirmó la sentencia condenatoria a los responsables de la desaparición forzada de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Asimismo, a diciembre de 2013 se había condenado a 515 policías, militares y civiles por los crímenes cometidos durante la dictadura; el general golpista Rafael Videla murió en la cárcel a los 87 años donde cumplía dos sentencias, una de ellas por el robo de bebés.

En Guatemala la balanza aún no se inclina del lado de la justicia. Los poquísimos procesos judiciales en los casos de derechos humanos que han culminado con una sentencia condenatoria han debido sortear mil y un obstáculos. Estos van desde el retorcimiento de las leyes y el litigio malicioso hasta la persecución y amedrentamiento de jueces, testigos y fiscales, pasando por la imposición de decisiones ilegales, como las emitidas por la Corte de Constitucionalidad en el juicio de genocidio, la salida prematura de Claudia Paz y Paz de la jefatura del Ministerio Público, las sanciones gremiales contra la jueza Barrios, la criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos, etc.

La quinta diferencia es la existencia del Banco Nacional de Datos Genéticos. Fue creado por el gobierno argentino en 1987 como una de las respuestas a las demandas de las Abuelas que, con su tenacidad, contribuyeron de forma decisiva a avances impresionantes en este campo que hoy son utilizados en el mundo entero. Su objetivo es “garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.” 

Guatemala ha incumplido con el establecimiento de un banco de datos genéticos[iii] y los gobiernos que se han sucedido en el poder desde la firma de los acuerdos de paz no han cumplido con la Recomendación 24 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico[iv] respecto de la búsqueda y ubicación del paradero de los niños y niñas desaparecidos. En dicha Recomendación, la CEH insta al Estado a la “Creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos con la función de buscar niños y niñas desaparecidas, adoptados ilegalmente o separados ilegalmente de su familia y documentar su desaparición”. 

La Ley 3590 que crearía la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, una iniciativa de la sociedad civil para superar el silencio e inacción estatales, lleva siete años en el Congreso sin ser aprobada. Tanto el banco de datos genéticos como la aprobación de la mencionada ley son obligaciones internacionales de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en vista de que son parte de las medidas ordenadas por este tribunal en la sentencia de reparaciones de Marco Antonio, mi hermano (caso Molina Theissen vs. Guatemala).

Lo anterior no quiere decir que en Guatemala sea imposible saber qué pasó con las personas desaparecidas, en especial de quienes eran niños o niñas cuando fueron víctimas de este crimen atroz, buscarlos para devolvérselos a sus familias vivos o muertos y hacer justicia. Si en Argentina se ha podido hacer, nada nos impide continuar exigiendo acciones efectivas, como la aprobación de la ley 3590 y el banco de datos genéticos, lo que implica el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de desapariciones forzadas y, en general, de las obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos.

El reencuentro del nieto 114, Guido Montoya Carlotto, con su abuela Estela ha sido una alegría que debe multiplicarse en nuestro país, donde todavía hay 45 000 nietos y nietas desaparecidos, entre ellos, cinco mil niños/as. Mi hermano Marco Antonio; Glenda y Rosaura, las dos hijas de Adriana Portillo-Bartow, y su hermana Alma; el bebé de Clemencia Azmitia, a quien desaparecieron cuando tenía cuatro meses de embarazo, son alguna/os de ella/os. 

Para empezar a restituir a los 45 000 seres humanos desaparecidos, de todas las edades y condiciones, hay que rescatarlos del olvido y hacerles un lugar en la memoria individual y colectiva. 

Hay que abrir los archivos militares para buscar su rastro, recorrer los pasillos y mazmorras y horadar el suelo de los cuarteles tenebrosos. Hay que penetrar en la memoria de sus captores, torturadores, desaparecedores y asesinos y recorrer sus rincones hediondos, sus esquinas sangrantes, sus habitaciones oscuras. Quizá en alguna de ellas habiten las imágenes terribles de sus víctimas, su sufrimiento, el último instante que vivieron y guarden en un profundo abismo los nombres de quienes mataron, su último aliento. 

Un país entero tendría que dejar de hacer oídos sordos al dolor de sus familias, cruda e irreparable secuela del que les provocaron los tormentos que les eran infligidos a nuestros seres amados. También deberá dejar de ver para otro lado cuando sus abuelas, sus madres, padres, esposas, esposos, hijos/as, hermanas/os los buscamos, reclamamos justicia, saber la verdad y exigimos la devolución de sus restos.

Hay que atreverse a abrir los ojos, los de la cara y los del corazón, para ver en un desfile interminable sus 45 000 rostros en las envejecidas fotos que atesoramos quienes les sobrevivimos o leer sus nombres en las columnas de la Catedral y repetirlos uno a uno en voz muy alta.

Los 45 000 nietos y nietas desaparecidos en Guatemala eran hijos/as, padres o madres, hermanos/as, esposos/as, amigos/as de alguien. Pensemos en ellos y ellas un minuto. Quizá ese océano de tiempo se convierta en una ola gigantesca que arrase con la desmemoria y, ojalá, en un tsunami de justicia que borre para siempre la impunidad.


[i] El 30 de abril de 1977, las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo Azucena Villaflor de Vicenti, María Esther Ballestrino de Careaga y Mari Ponce de Bianco fueron capturadas y arrojadas vivas al mar en uno de los llamados “vuelos de la muerte”. Sus restos no fueron identificados sino hasta 2005.
[ii] Por ejemplo, en 1971 doña Juana Loza de Molina fue internada en el hospital psiquiátrico por demandar la aparición de su hijo. En 1974 fue asesinado Edmundo Guerra Theilheimer, asesor jurídico del Comité de Familiares de Desaparecidos, conformado con el apoyo de la Asociación de Estudiantes Universitarios. En 1982 mis padres, Emma y Carlos, se sumaron a otro esfuerzo organizativo que terminó con la desaparición forzada de su principal promotor y de su hijo. Se reunían en el parque Central y manifestaban públicamente frente al Palacio Nacional en pleno estado de sitio.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) surgió en 1984. Sobre todo en las zonas rurales del país muchas/os de sus integrantes fueron víctimas del gobierno del militar golpista Humberto Mejía Víctores. En la Semana Santa de 1985 fueron asesinados la fundadora del GAM Rosario Godoy, esposa del joven estudiante sancarlista Carlos Cuevas Molina detenido y desaparecido el 15 de mayo del año anterior; su hijo Augusto Rafael, un bebé de dos años que fue salvajemente torturado; y el joven Maynor Godoy Aldana, hermano menor de Rosario. Días antes, habían matado a Héctor Orlando Gómez Calito, de 32 años, vocero del GAM, a quien le cortaron la lengua.
[iii] Lo que existe es un esfuerzo privado, muy valorado, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Ver más información en http://www.fafg.org/es
[iv] Se trata de las recomendaciones 22 y 24, citadas en Las víctimas de desaparición forzada no deben ser desaparecidas nuevamente

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