Sin embargo, con la absoluta convicción de que los crímenes de lesa
humanidad, como la desaparición forzada y las torturas sufridas por mi
hermano y hermana, no pueden ni deben quedar impunes, seguiremos
exigiendo justicia.
Gracias a todas las amigas y amigos por todas las muestras de solidaridad recibidas el día de hoy.
Por la sangre de mi hermano, por el sufrimiento de mi hermana y de mi madre y mi padre, por todas las víctimas de desaparición forzada, torturas y violencia sexual en Guatemala, seguimos adelante.
La justicia no reparará los daños causados, pero deberá ser un disuasivo para que los atrocidades perpetradas por hombres que violaron todas las leyes humanas y divinas no se repitan NUNCA MÁS.
El 20 de abril hicimos público el siguiente comunicado de la familia:
SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA EN EL
CASO MOLINA THEISSEN ABRE LAS PUERTAS AL LITIGIO MALICIOSO Y REVICTIMIZA A LA
FAMILIA
La audiencia de fase intermedia programada
para el 19 de abril en el caso Molina Theissen fue suspendida por la jueza
contralora. El proceso penal es impulsado por la captura ilegal y torturas
sufridas por Emma entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre de 1981 y la
desaparición del niño de 14 años Marco Antonio Molina el 6 de octubre de 1981, un
acto de venganza cometido por elementos del ejército guatemalteco debido a la
fuga de su hermana de la zona militar de Quezaltenango en donde estuvo
ilegalmente retenida. Como sindicados por estos hechos se encuentran ligados a
proceso penal y en prisión preventiva los señores Edilberto Letona Linares,
Francisco Luis Gordillo, Manuel Callejas y Callejas y Hugo Zaldaña Rojas.
Ayer, una vez instalado el tribunal y antes
del inicio de la diligencia, la juzgadora informó de que había dado trámite a
la apelación presentada por el sindicado Letona Linares contra la resolución
previa de denegar la petición de aplicar la Ley de Reconciliación Nacional (“ley
de amnistía”), del 1 de marzo de 2016. Al expresar su decisión dijo que, pese a
considerar que la ley demandaba la realización de dicha audiencia, consideraba
necesario suspender el acto procesal de apertura a juicio para evitar que
resoluciones posteriores obligasen a “retrotraer” a etapas procesales ya
concluidas.
La familia Molina Theissen, en tanto querellante
adhesiva en el proceso, expresó su desacuerdo con base en el artículo 408 del
Código Procesal Penal (CPP) el cual precisa que todas las apelaciones se
otorgarán sin que se deba suspender el procedimiento; asimismo, el artículo 291
indica que “si el tribunal rechaza la cuestión mandará seguir el procedimiento”.
La suspensión de la audiencia es perjudicial
para la justicia guatemalteca, revictimiza a la familia, sobre todo a la madre
de Marco Antonio, y contraviene lo ordenado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado de Guatemala en su resolución de
supervisión de cumplimiento de sentencia del 24 de noviembre de 2014[1], obligatoria por el
principio de control de convencionalidad dado que es parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En esta resolución, sobre la obligación de
investigar, juzgar y castigar a los implicados en la violación a los derechos
humanos de Marco Antonio y las víctimas de otros once casos juzgados por este
órgano interamericano, la Corte IDH especifica que los jueces deben actuar de
manera que los recursos judiciales no tengan efectos dilatorios y
entorpecedores en el proceso, así como que el Estado se debe abstener de
recurrir a la amnistía, la prescripción o el establecimiento de excluyentes de
responsabilidad.
La decisión de la juzgadora abre las
puertas para más recursos dilatorios y plantea un eventual retardo de la
apertura a juicio, lo cual significa la violación al derecho de acceso a la
justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al
principio de justicia pronta y cumplida. La familia se mantendrá atenta a las
incidencias del proceso y continuará demandando justicia para Marco Antonio,
así como la ubicación y devolución de sus restos para sepultarlos dignamente
con la convicción de que solamente la justicia hará posible que NUNCA MÁS los
niños y niñas guatemaltecos sufran torturas y desaparición forzada.
Guatemala,
19 de abril de 2016
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