“Vamos a matar, pero no a asesinar” Los tribunales de fuero especial

Solo en este pueblo de indios existe el derecho de ser criminal.

En otras naciones se aplica la pena de muerte

Efraín Ríos Montt*

Quisiera recordar todos los acontecimientos que se dieron en los meses que viví bajo la bota ríosmonttista. Ha pasado mucho tiempo y solo quedan las grandes líneas, las sensaciones, ciertos sentimientos sofocantes, el estremecimiento que me producía escuchar al dictador y que hasta hoy me hace cambiar de canal si es su imagen la que veo en la pantalla. El aparente olvido -porque todo lo vivido me habita, junto con las personas, las que están y las que nos arrebataron o las que se han ido en condiciones humanas- ha hecho que se borren muchos de los detalles de la escena en la que me movía entonces, cuando un pequeño corazón latía junto al mío, el del niño que tuve la osadía de concebir cuando todo conspiraba contra la vida misma.

La fotografía que tengo entre mis manos es borrosa, pero el rostro del dictador se percibe con absoluta nitidez. Oigo su voz bronca, rasposa, terrorífica, que me hacía creer que si alguna vez escuchara hablar al diablo seguramente sonaría igual. También estoy en la foto. Me envuelve una aflicción profunda, triste y desesperanzada.

Era 1982. Cuando ya nos habían sumergido en el infierno y creí que no podía inventarse nada más, Ríos Montt instauró los tribunales de fuero especial, otro agujero negro en el que cayó más de medio millar de compatriotas, un absurdo kafkiano que se quiso presentar como justicia. Los TEF fueron creados mediante el Decreto Ley 46-82 -una ley “antitécnica, antijurídica y atentatoria”, como la calificó el IX Congreso Jurídico Guatemalteco (Antigua, marzo de 1983) en un pronunciamiento en el que se pidió su derogación- del 1 de julio de 1982, un día después del cese de una de las tantas amnistías decretadas para hacer volver al redil a “delincuentes terroristas y subversivos”. Fueron muy pocos los que se acogieron al perdón y olvido prometidos, por lo que una vez pasada la “oportunidad” surgieron estas aberraciones jurídicas con un sesgo discriminatorio contra la gente de izquierda, como se concluye al leer los considerandos del DL 46-82:

1. Que grupos de delincuentes, mediante actividades subversivas de naturaleza extremista, pretenden por medios violentos cambiar las instituciones jurídicas, políticas, sociales, y económicas de la Nación;

2. Que quienes realizan estas actividades hacen uso de procedimientos que perturban el orden público, alteran gravemente la tranquilidad social y destruyen vidas y bienes de los habitantes de la República.

3. Que para proteger el orden, la paz y la seguridad públicas, se hace necesario dictar la ley que garantice una rápida y ejemplar administración de justicia, en el juzgamiento de delitos que atenten contra estos valores.

Esta clase de tribunales estaba prohibida expresamente en el art. 53 de la derogada Constitución Política de 1965, un monumento a la imaginación en lo que a derechos se refiere:

Es inviolable la defensa de la persona y sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por Tribunales Especiales.

Los TEF, además, contradecían el art. 5 del Estatuto Fundamental de Gobierno, promulgado el 27 de abril de 1982 para sustituir a la Constitución: “en el ejercicio del poder público [el régimen] buscará hacer que la Administración Pública actúe con eficacia y probidad, velará porque la justicia sea tal, cumplida y pronta”. Utópico, materialmente imposible de realizar por un poder judicial que no era otra cosa que “una entidad todavía más dependiente, subordinada y sumisa” que la existente antes del golpe de Estado, como dice la CIDH en su informe de 1983[i].

Uno de los factores de la falta de independencia en la administración de justicia era la excesiva concentración de poder en manos del autoproclamado Presidente de la República. Ríos Montt, que no solo había cerrado el Congreso y legislaba a su antojo, designaba al presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia (Ricardo Sagastume Vidaurre), los magistrados de la CSJ, la Corte de Apelaciones y otros altos tribunales. Con esos nombramientos, a la medida de sus preferencias personales y las del grupo de militares allegados, tampoco se podía esperar imparcialidad en las decisiones de estos órganos.

Los TEF fueron parte de un paquete de medidas represivas que incluían la suspensión de los derechos y las garantías individuales reconocidas por el art. 2 del Estatuto Fundamental de Gobierno. Pero en la Guatemala que habitaba, la de la rebeldía y la resistencia, la del “enemigo” a exterminar, desde hacía mucho tiempo no se nos garantizaban la libertad de asociación, la libre emisión del pensamiento y difusión sin censura previa, la inviolabilidad de la correspondencia y de la posesión de libros o documentos privados, la inviolabilidad del domicilio y protección contra allanamientos ilegales, el derecho a no ser detenida sin orden escrita de autoridad competente, petición y habeas corpus (exhibición personal).

El estado de sitio decretado el 1º. de julio de 1982 se mantuvo vigente hasta el 23 de marzo de 1983. Cualquier persona “sospechosa de ser sospechosa” –un sinsentido total que expresaba de algún modo el clima instalado en la sociedad guatemalteca, tal como la incomprensible sentencia del dictador “vamos a matar pero no asesinar”- podía ser detenida, su casa allanada, su correspondencia abierta, sus libros y documentos revisados y destrozados y ella conducida a cualquier cárcel clandestina y desaparecer para siempre, o emerger de las profundidades con una condena a muerte. Todo era “legal” desde la perspectiva retorcida del poder absoluto sobre la vida, la seguridad y la integridad de los seres humanos. Así, alrededor de 500 personas que sufrieron esa clase de vejámenes, fueron puestas a disposición de los TEF. El resto, incontables, fueron desaparecidas sin dejar huella.

Establecidos mediante leyes ilegales, violatorias de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado guatemalteco, los TEF eran tribunales secretos que “operaban en la clandestinidad oficial” dado que “ajustaban su actividad, se desempeñaban y funcionaban, de acuerdo con normas, regulaciones y consignas militares de carácter secreto. En consideración a ello, nadie sabía ni podía informarse quienes los integran, cuántos eran, donde funcionaban, cuándo se reunían, y tampoco se conoce si algún día se podrá llegar a saber el paradero de los expedientes que tramitaron tales Tribunales.” Esta condición contravenía “lo que disponía como regla su propia ley de creación, y los principios básicos de la seguridad jurídica y del debido proceso”.

Las personas sometidas a su jurisdicción permanecían detenidas e incomunicadas durante mucho tiempo, sin que sus familias estuvieran enteradas de su paradero; mientras tanto, eran interrogadas y torturadas para obtener una declaración o “indagatoria” con la que se iniciaba la elaboración de un expediente escrito o sumario. En esta fase, no contaban con abogado defensor “no solo porque no se lo[s] designaron, sino porque no se lo[s] permitieron”, lo que pudo comprobar la CIDH tanto mediante entrevistas como por la revisión de expedientes. Además de lo anterior, no se podían apelar sus resoluciones hasta que una petición de la CIDH llevó a establecer una segunda instancia; como no tenían domicilio conocido, los escritos de los abogados defensores eran depositados en una ventanilla del Ministerio de la Defensa.

Además de violárseles su libertad personal y otros derechos y libertades, las personas detenidas eran sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, los que han sido una práctica de las fuerzas represivas del Estado guatemalteco históricamente. Por ejemplo, en el caso de Marco Antonio González, hondureño, fusilado el 3 de marzo de 1983, durante su estadía en Guatemala la delegación de la CIDH visitó las instalaciones del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional y lo entrevistó en septiembre del 82, cuando tenía 25 días de haber sido capturado: “dijo haber sufrido la tortura (…), estar sometido a los Tribunales de Fuero Especial acusado de distribuir propaganda subversiva y no tener abogado defensor. González protestó su inocencia. No obstante fue fusilado junto con cinco reos más el día 3 de marzo de 1983, en cumplimiento de sentencia de muerte impuesta por el Tribunal de Fuero Especial que lo juzgó.”

La tortura fue descrita por los detenidos que, tras vencer el miedo, hablaron con la CIDH en las instalaciones del referido cuerpo policiaco:

4. Todos coincidieron en afirmar que antes de ser puestos a la orden del tribunal que lo[s] estaba juzgando habían sido objeto de tortura y que esa tortura había consistido en mantenerlos incomunicados y en interrogarlos utilizando el método llamado "capucha llanta". Este consiste en colocarles una especie de capucha de goma que les cubre toda la cabeza hasta el cuello para luego introducir alcohol mientras permanecen atados de pies y manos produciéndoles sofocación al extremo de la asfixia. La operación se repetía una y otra vez, día tras día, hasta lograr la confesión en base a lo cual se les remitía a los tribunales.

De esa forma, los captores obligaban a los detenidos a autoincriminarse, con lo que se violaba su derecho a no declarar contra sí mismos. Su confesión era con frecuencia la única “prueba” de culpabilidad y, por ende, base de la acusación y de la sentencia de muerte. La CIDH agrega que, en términos generales, la tortura no era solamente un medio para lograr una confesión o castigar a la persona detenida, sino que fue convertida en “un sistema de amedrentamiento a la población”.

En esas circunstancias, aprendí a caminar viendo sobre el hombro sin caerme, me nacieron ojos en la nuca y un par de alas en la espalda. Practicaba la invisibilidad y sabía convertirme en el ojo de una hormiga. En mi agujero me enteré con una gran indignación e impotencia de los fusilamientos de septiembre de 1982, el que fue seguido por hechos similares en marzo del 83[ii]. ¿El juzgamiento y condena a muerte de quince personas en circunstancias absolutamente anómalas, en condiciones de total indefensión era el “vamos a matar, pero no a asesinar”? “Vamos a matar, pero no a asesinar”, un juego de palabras siniestro que todavía no comprendo.

Estos fueron los hechos:

1. El 17 de septiembre de 1982 fueron fusilados en Guatemala en cumplimiento de una sentencia de los Tribunales de Fuero Especial los señores: Marcelino Marroquín, Julio Hernández Perdomo, Jaime de la Rosa Rodríguez y Julio César Vásquez Juárez;

2. El 3 de marzo de 1983, se realizó el segundo fusilamiento dispuesto por los aludidos Tribunales de Fuero Especial, como consecuencia de lo cual murieron los señores: Walter Vinicio Marroquín González, Sergio Roberto Marroquín González, Héctor Haroldo Morales López, Marco Antonio González; Carlos Subuyuj Cuc, y Pedro Raxon Tepet;

3. El 22 del mismo mes de marzo de 1983 tuvo lugar el tercero de los fusilamientos dispuesto por tales Tribunales de Fuero Especial, ejecutándose a los señores: Mario Ramiro Martínez González, Rony Alfredo Martínez González, Otto Virula Ayala, Jesús Enrique Velásquez Gutiérrez y Julio César Herrera Cardona; (…)[iii]

Mi indignación e impotencia se acrecentaron con las denuncias de valerosos abogados que se atrevieron a romper el silencio sobre los retorcidos procesos “judiciales” en los que tribunales secretos, conformados por jueces sin rostro sentenciaban a muerte a personas previamente desaparecidas. Era espantoso el hecho de que un día cualquiera detenían a alguien, el tiempo pasaba sin que sus familiares pudieran saber su paradero y volvían a escuchar su nombre junto con las palabras “condenado a muerte”. Y tras la ejecución, los cadáveres eran escamoteados. Ignoro si a la fecha, sus familias pudieron recuperar sus restos.

Las denuncias y las condenas internacionales no se hicieron esperar. Entidades como Amnistía Internacional, Pax Christi, Consejo Mundial de Iglesias, America´s Watch, el Tribunal Permanente de los Pueblos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Europeo, el Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, entre otras muchas, se pronunciaron acusando al régimen ríosmonttista de violar los derechos humanos. 

Ante eso, tal como sucedía con la incoherencia en el sistema legal prevaleciente en el país, compuesto por leyes que reconocían y garantizaban los derechos humanos y por otras que eran su total negación, en política exterior también se observaba el doble discurso. De manera que para “lavarse la cara”, la Cancillería invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar el país (visita in loco, una de sus facultades para supervisar la situación en los países), y esta instancia envió una delegación en septiembre de 1982, aproximadamente una semana después de los primeros fusilamientos.

Cuando la delegación de la CIDH arribó al país en septiembre de 1982 y manifestó su preocupación por los fusilamientos, Ríos Montt le respondió:

No son los últimos (los fusilamientos). Son los primeros. Antes aparecían en las calles los cadáveres de las personas ejecutadas. Cada quien mataba a quien quería matar. Los tribunales no hacían justicia. Viendo que no se hacía justicia cada cual mataba por su cuenta. Al asumir la Presidencia yo asumí la responsabilidad de los juicios. Es para sentar precedentes jurídicos…

Como producto de esta visita, la CIDH publicó su segundo Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala en 1983, que se ha venido citando. En su texto, estableció una serie de defectos procesales de los TEF, a saber:

a) Su competencia era demasiado amplia ya que abarcaba no sólo los delitos políticos y los delitos comunes conexos con los políticos, sino que se extendió a todos los delitos comunes tipificados en los Títulos VII, XI, y XII del Libro 2 del Código Penal;

b) La punibilidad era excesiva ya que no solo se duplicó la pena señalada en la ley respectiva, sino que se aplicó la pena de muerte a un gran número de delitos que anteriormente no estaban castigados en forma tan severa;

c) Nunca se supo el número de Tribunales Especiales ni su jurisdicción territorial;

d) Establecieron un Fuero Especial exclusivo desconociendo otros factores determinantes de la competencia;

e) Los miembros de los Tribunales Especiales podían ser abogados u oficiales del Ejército designados por el Presidente. Sin embargo, se desconoce si el dichos tribunales ha intervenido abogados o únicamente oficiales del Ejército;

f) El término de instrucción era muy breve y restringía la posibilidad de una defensa adecuada;

g) La sentencia se fundamentaba en muchos casos en la confesión que no siempre era libre y espontánea. Muchos detenidos comunicaron a la Comisión haber sido torturados;

h) Las sentencias se dictaron en conciencia y, por tanto, se desconocen los fundamentos jurídicos de la condena. De allí que las pruebas no se valorasen según las reglas de la sana crítica, sino según el íntimo convencimiento de los juzgadores;

i) El ejercicio de la acción estaba a cargo de Fiscales Especiales nombrados por el Presidente que podían ser abogados u oficiales, desconociéndose su identidad;

j) Los Tribunales eran secretos;

k) En general, no se observaban las garantías procesales mínimas del debido proceso, ni se permitía a los acusados defenderse en forma adecuada.

Asimismo, la CIDH fue contundente en sus apreciaciones

36. La Comisión quiere dejar expresa constancia de que tales procesos, llevados a cabo sin respetar las garantías mínimas del debido proceso, constituyeron una verdadera farsa, y que se realicen donde se realicen esa clase de juzgamientos, al desnaturalizar las instituciones jurídicas nominando jueces a quienes no lo son, defensores a quienes no defienden; Ministerio Público a quienes no persiguen obtener una pronta, cumplida y ejemplar administración de justicia; y Tribunales de Justicia a cortes marciales sin independencia ni imparcialidad que funcionan en secreto bajo consignas militares, lo que en realidad se hace es todo lo contrario, esto es, atropellar la justicia.

En ese tiempo, con el mundo de cabeza y perdidos los significados más profundos de la vida en sociedad, el dictador Ríos Montt proclamó ante la CIDH:

Yo soy el que hace las leyes. Le garantizo al pueblo un uso justo la fuerza. En vez de cadáveres en las calles, vamos fusilar a los que cometan delitos. Soy Presidente, aunque de facto; pero yo digo que soy mayordomo porque ahora mi tarea es limpiar la casa…

(Continuará)

* El epígrafe fue tomado de una noticia publicada por el periódico mexicano El Día,  del 15 de febrero de 1983, titulada Tribunales de Fuero Especial, una necesidad social, jurídica y moral. Efraín Ríos Montt, con base en información suministrada por EFE, Prensa Latina y Enfoprensa que citan su mensaje dominical.

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[i] Las citas subsiguientes, a menos que se indique lo contrario, son de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Washington, D.C., CIDH, 1983.

[ii] Fusilados en Guatemala tres civiles y dos militares http://elpais.com/diario/1983/03/22/internacional/417135614_850215.html

El Papa viaja al 'volcán centroamericano' Gran tristeza de la Iglesia de Guatemala por la ejecución de seis personas en vísperas de la visita de Juan Pablo II. El nuncio asegura que el Papa había intercedido en favor de los condenados http://elpais.com/diario/1983/03/04/internacional/415580402_850215.html

[iii] Capítulo III. Resoluciones relativas a casos individuales. Resolución Nº 15/84. Casos Nº 8094, 9038 y 9080 (Guatemala) 3 de octubre de 1984, en Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1984-1985. http://www.cidh.oas.org/annualrep/84.85sp/Guatemala8094.htm

Tengo un dolor enorme, que no me cabe en el corazón ni en las palabras

En 1982 teníamos miedo porque había muchos muertos en la aldea. (…)

No teníamos nada,

habían quemado nuestras cosas y no teníamos comida. (…)  

Nos estaban disparando y cabal me dieron en la cabeza.

El soldado se llevó a mi esposo,

me quedé con mi hijo como de seis meses.

Me agarró y me acuchilló y tengo las cicatrices todavía. (…)

Una noche me violo, yo ya no podía moverme, ni caminar.

Me tiraron como si fuera una pelota y eso me da pena,

me hicieron sufrir.

El tapó la boca de mi hijo y se lo echó encima a mi hijo,

le salió sangre por la nariz, por la boca, por las por los ojos.

Murió mi hijo. (…)

Me violo y después me acuchilló, todavía tengo cicatrices.

No vengo a mentir.

No tengo un delito, no he hecho nada.

Tal vez va a haber un cambio en mi vida por venir a hablar aquí,

porque aquí me estoy desahogando.

Vengo a dar mi declaración para que no vuelva a pasar otra vez,

porque por nosotras las mujeres da pena.

Muchos soldados me violaron.

Casi quedé inválida.[i]

Testiga diez

Mi cabeza es un torbellino. El aire no me alcanza. En estos días, desbordada de angustia, con mi propio dolor a flor de piel por la desaparición forzada de mi hermano Marco Antonio y las abominables vejaciones sufridas por mi hermana a manos del ejército guatemalteco en 1981, he seguido los testimonios de los valerosos hombres y mujeres ixiles que han declarado en el juicio por genocidio que se desarrolla contra los generales Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado de facto en 1982-83, y su ex jefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez.

Yo sé de lo que fueron capaces. Mataron a población civil desarmada e indefensa, a personas que no cayeron en combate. No les importó que fueran niños, niñas o personas ancianas. No tuvieron límite alguno para ejecutar las órdenes de muerte. Pero ahora es distinto. Ahora sé porque ellas y ellos guardaron el dolor y la memoria para siempre, juntaron sus pasos en el tiempo hasta llegar al tribunal en donde nos contaron del horror escarbando en sus pechos y volviendo a sentirlo como si lo atroz estuviera pasando en este instante.

Por eso, gracias a la persistencia de los hombres y mujeres ixiles, gracias a su valentía y coraje, gracias a su dignidad, ahora sé con, mis oídos y mis ojos, con mi corazón y mi razón, qué pasó con la niña de don Francisco Velasco a quien le escuché decir "a mi hija, le abrieron el pecho, le sacaron el corazón... ¿Qué culpa tenía mi niña?”[ii] Sé con mis lágrimas que le cortaron la cabeza a una anciana de 68 años, una señora que tenía el pelo muy largo, y la pusieron en la cocina de un destacamento militar, como declaró el ex mecánico del ejército Hugo Ramiro Leonardo Reyes; él estaba con el rostro cubierto porque sabe de lo que son capaces[iii]. Sé con rabia y con indignación lo que dijo una de las diez valientes mujeres que declaró el 2 de abril: “Ellos querían que fuera su mujer pero yo no me dejaba, pero ellos me cortaron la cabeza y así fue cuando me dejé…. Yo tenía seis meses de embarazo y a los quince días nació mi bebe muerto…”[iv] Ahora también sé y me duele profundamente que, cuando huían, a la niña de cuatro años de doña Cecilia Ramírez Raymundo la mató una rama que se cayó de un árbol por el peso de la lluvia y que todavía llora por la muerte de su hijito de dos años y su madre.

Sabía y no sabía. No es lo mismo enterarme de estas infamias en un libro que puedo esconder por un momento cuando de pronto se convierte en un doliente corazón empapado de sangre o me quema las manos como una brasa ardiente, que oírlo de las propias víctimas en su idioma ancestral, gente de carne y hueso que sobrevivió a las atrocidades. Ahora sé y también siento en el alma su tristeza y su miedo, el peso de su tragedia inmensa, su profunda angustia pero también su resistencia heroica, su necesidad de justicia nacida de los más grandes oprobios y su indoblegable convicción de obtenerla.

Respirando el mismo aire que respiran las víctimas –que reescriben la historia con grandes letras de valor y dignidad- están los generales y sus abogados. ¿Cómo harán para no derrumbarse, para no morirse de una vez por todas, agobiados por los remordimientos? ¿Estarán hechos de las mismas sustancias que yo, que sus víctimas? ¿Cómo pueden permanecer imperturbables oyendo lo que oímos, sin llorar, sin sentir repulsión contra sí mismos, sin salir corriendo o caer de rodillas y pedirles perdón por lo que hicieron?

Podría pensar que los dos acusados son indignos, que están locos, que son monstruos, que pertenecen a otra especie o que seguramente están drogados y por eso se les ve tan serenos ante tantos horrores. Pero no. Por más que lo dude, estos especímenes son humanos como todos/as los/as que están en esa sala, al igual que yo, que los oficiales que estuvieron en el terreno y sus soldados, aunque actuaran como insensibles máquinas de odiar y de matar, incapaces de percibir –y menos de sentir- el dolor que infligieron despiadadamente. En un intento de entender qué sucede, me imagino que continúan viendo al pueblo ixil y a todos/as aquellos/as que identificaron como “el enemigo”, sus víctimas, como cosas insensibles, objetos distintos de lo humano con los que podían hacer impunemente lo que hicieron, lo que ahora relatan los testigos/as.

Ciertamente, los acusados no perpetraron estos crímenes directamente, con sus manos, pero sí lo hicieron con sus órdenes, con los planes y financiamientos que aprobaron, con la enorme cuota de poder que detentaron, con su indiferencia absoluta ante la humanidad de las víctimas, con su visión de mundo en la que se amalgamaron el racismo[v] y el anticomunismo, un mundo en el que los pueblos indígenas no tienen cabida. Lo hicieron con conceptos como “cada mata de milpa es un guerrillero” y con las consignas que les hacían repetir a sus soldados en sus ejercicios matinales: “indio visto, indio muerto” o “mujer capturada, mujer violada”.

Ríos Montt y Rodríguez Sánchez y todos los militares que junto con ellos ejercieron el poder en 1982-83 en el Palacio Nacional, en los grandes cuarteles y en los reducidos destacamentos militares, son responsables no solamente de genocidio[vi], también de etnocidio, al obligar a las personas sobrevivientes a hablar en español, al quitarles sus trajes, al cortarles la lengua cuando hablaban ixil, al aniquilar a las personas ancianas que son las que conservan y transmiten la cultura, al pretender borrarlos “hasta la semilla” sacando los fetos de los vientres de sus madres, echando niños/as vivos/as a las fosas comunes, disparándoles a “guerrilleros” de tres meses de edad. Con ellos también son responsables la oligarquía parásita, que se ha lucrado históricamente con el despojo y la expoliación del trabajo de las mayorías indígenas, y los Estados Unidos, que apoyaron política y financieramente los planes contrainsurgentes ríosmonttistas[vii].

Lo que cuentan los testigos/as ixiles no pasó una vez. Fueron centenares las masacres documentadas por el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica y la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Los ejecutores fueron los oficiales y, mayoritariamente, los soldados, casi todos indígenas, pero en una estructura rígida y vertical, como es el ejército, ellos obedecen órdenes. Me resulta inevitable preguntar ¿cómo los convirtieron en asesinos? ¿Qué pensamientos pusieron en sus cabezas y que sentimientos implantaron en sus corazones? ¿De qué forma estos jóvenes labriegos fueron transformados en seres capaces de arrebatar las vidas de hombres, mujeres, niños y niñas de las maneras más crueles? ¿Qué les hicieron, qué les dieron, qué les ordenaron, para que fueran capaces de cortar cabezas, rajar vientres de mujeres embarazadas, violar salvajemente a mujeres, niñas y niños incluyendo bebés, sepultar gente viva, mutilarla? Son demasiadas las preguntas. Muchas de las respuestas podrían estar en la cabeza de los hoy acusados, otras en los manuales de entrenamiento para torturar y matar, unas más en la práctica de asesinar a alguien cercano y querido con la que los endurecieron hasta el límite. El volumen II del informe “Guatemala : Nunca Más”, del REMHI, titulado “Los mecanismos del horror”, analiza estos procesos.

Ni viviendo mil vidas podría diluirse este dolor que corre espeso por las venas de los hombres y mujeres ixiles, dolor humeante como la sangre que anegó el suelo de Nebaj, Chajul y Cotzal. Ellos y ellas, los más humildes entre los humildes de mi tierra, encarnan la dignidad de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala y nuestra lucha por la justicia. Soy humana y no tengo suficiente corazón para que quepa todo su sufrimiento, pero hoy quiero decirles que lo siento tanto, que me duele hasta lo más profundo todo lo que les obligaron a vivir, que me agravia su despojo, que soy una más que está a la par de ustedes exigiendo justicia y respeto a nuestra dignidad y a la memoria de los hechos, una más que permanece fiel al amor a nuestros seres queridos.

Mientras tanto, trato de vaciarme de la aflicción con estas letras, pero no es suficiente. El único remedio es la justicia.

El juicio, que durará varias semanas más, puede verse en vivo aquí: http://www.paraqueseconozca.blogspot.com/

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[i] Recopilado por Periquita Pérez en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala el martes 2 de abril.

[ii] Testigos narran asesinato de niños en juicio por genocidio a Ríos Montt http://www.elperiodico.com.gt/es/20130403/pais/226602/

[iii] El soldado que acusó a los altos mandos, en http://www.plazapublica.com.gt/content/el-soldado-que-acuso-los-altos-mandos

[iv] Mujeres ixiles narran atrocidades cometidas por el Ejército, en http://www.elperiodico.com.gt/es/20130403/pais/226580

[v] Sobre el racismo en Guatemala, ver Casaús Arzú, Marta Elena. Guatemala: Linaje y racismo. Guatemala: F&G Editores, noviembre de 2010, 4ta. edición, revisada y ampliada

[vi] Entre otros aportes de Ricardo Falla, ver “Negreaba de zopilotes”, en http://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/negreaba_de_zopilotes.pdf y ¿Cómo que no hubo genocidio?, en http://www.plazapublica.com.gt/content/como-que-no-hubo-genocidio

[vii] Al respecto, hay un amplísimo análisis en Figueroa Ibarra, Carlos. El recurso del miedo. Estado y terror en Guatemala. Guatemala: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, BUAP / F&G Editores, julio de 2011. Segunda edición, corregida y aumentada

Vivir duele

No acierto a poner en palabras estos sentimientos. Quizá me aliviaría. Con el ceño fruncido y el alma cargada me afano en encontrar alguna forma de que mi cuerpo se destuerza. Quisiera poner la mente en blanco y apagar las llamaradas que me queman desde la hondura de mi pecho para aplacar la tristeza que brota de otra herida muy nueva. Sé que vivir duele, pero eso en este momento no es consuelo.

Talvez me logre refugiar en el sueño, ese delicioso estado de inconsciencia en el que escapo a esos otros mundos que crea mi mente desbocada. O me convierta en el collar de la reina que se enreda sobre la pared gris. Escondida en la hortensia, que estalla en índigos y celestes, borro por un instante la imagen de una madre triste que no puede llorar por el bebé que acuna entre sus manos.

Intento nuevamente destorcerme. Desde el entrecejo, con los ojos cerrados, sigo la letanía monótona del maestro de yoga y visualizo las plantas de los pies, los empeines, los tobillos, los dedos, pero son otros pies diminutos, perfectos, los que ocupan el lugar de los míos. Mis piernas tampoco son las mías, las que veo están dobladas sobre el pequeño vientre del bebito. Sus manos pequeñitas tienen todos los dedos; su cabecita es perfecta, con el cabello negro untado sobre el cráneo. Sus ojitos cerrados no se van a abrir nunca.

Floto. El agua sostiene mi cuerpo que disfruta fugazmente de esa sensación que se acerca a la ingravidez. El Corazón del Cielo brilla intensamente sobre el mundo. Pero tanta belleza y tanta vida no pueden devolvérnoslo y hoy no fue mi cuerpo sino el suyo, pequeño e indefenso, el que sumergí en el agua del océano en un afán inútil porque su corazón latiera y poder regresarlo al vientre de su joven madre, su capullo.

Y pienso nuevamente, con rabia y desaliento, “vivir duele” porque vemos morir a los que amamos.

Vigilia

Un pájaro trina en la madrugada. Como tantas otras veces en las que no logro conciliar el sueño, me asomo a la ventana de mi cuarto. Hace frío. Un relente helado se cuela por la rendija y me hace estremecerme. Es una noche hermosa y clara, quizá alumbre un trocito de luna. El horizonte se corta con la línea oscura de las montañas al suroeste de la ciudad y las luces del alumbrado, allá lejos, forman figuras caprichosas. Más cerca, un hermoso eucalipto de tupido follaje plateado, se ilumina con la luz naranja del alumbrado público. El cielo, que siempre lo llena todo, mis días, mis noches y mis sueños, es de un celeste desvaído cruzado por nubes blancas, enormes como barcos perdidos, amontonadas por el viento. Algodonosas nubes que imagino mullidas como almohadas en las que quisiera recostar mi cabeza y dormirme por fin.

Desolada, cansada, no lo logro. Repaso: no tomé café, no estuve tarde en la computadora, seguí cada paso de la rutina nocturna, me tomé las veinte gotas de pasiflora y luego veinte más, mis pies están tibios… pero no dejo de dar vueltas en la cama con todos mis sentidos alertas, como si de mí dependiera que el sol salga mañana.

Todo está bien. Estoy entera pese al corazón roto, pese a estar lejos de otros horizontes tan amados en los que se perfilan los volcanes, pese a que me falta mi hermano cada segundo de mi vida. Pero no duermo en este instante en el que, si me quedo con lo que soy y lo que tengo ahora (mis hijos, mis dos ojos, mi familia que sobrevivió), podría ser la persona más feliz de la tierra y del universo circundante y dormir, como mi gato viejo, o una niña de pecho con el corazón y el cerebro casi en blanco.

Mientras las lágrimas corren por mi rostro, en un intento vano por aflojarme los nudos, me dejo llevar por un llanto callado y suave, sin gemidos ni sobresaltos, resignado, y me digo a mí misma que no puedo continuar posponiendo el sueño hasta encontrar a Marco Antonio. Tampoco puedo hacerlo depender de que se haga justicia en su caso y en tantos más. Tengo que desatarme.

Sin quererlo, porque una cosa lleva a la otra, mis pensamientos toman vida propia y se encadenan, buscan recuerdos e imágenes, retazos de todo lo vivido, y empiezan a desfilar velozmente frente a mis ojos que siguen abiertos. El pájaro cantor ya tiene compañeros, son las cuatro de la mañana. Estoy exhausta, adolorida, con frío en el alma y en el cuerpo. Casi amanece.

No sé qué voy a hacer. Tiene que haber algún remedio. Pienso en el 19 de marzo. Al genocida no le dieron la amnistía que ansiaba para irse de este mundo sin encarar sus culpas. Él es uno de los que sembraron este pequeño infierno en mí, este que visito cada vez que el sueño no me cierra los ojos. Espero que también esté despierto recordando una a una las veces que mató y las veces que ordenó que mataran. Espero que sus ojos no se cierren jamás, ni siquiera cuando ya se haya muerto, para que sumergido en el río de sangre en el que estará toda la eternidad vea los rostros de sus víctimas y nuestros dedos señalándolo.

La desaparición forzada de personas (7)

Derechos constitucionales y estado de excepción, la legalización de la arbitrariedad

Las constituciones políticas de cada país recogen con claridad los preceptos establecidos por las convenciones internacionales en cuanto a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad personales. Los derechos humanos se integran al cuerpo jurídico de cada país mediante normas de protección de los derechos individuales, como la inviolabilidad del domicilio, la obligación de presentar a las personas detenidas ante un juez competente en un plazo determinado, la notificación de la causa de la detención, el derecho a no declarar si no es ante autoridad judicial competente, la conducción a sitios de detención legales, el derecho a un juicio justo y legal, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, entre otros. Cuando estos derechos y garantías son irrespetados, la ley contempla los recursos de exhibición personal (hábeas corpus) y amparo.

Aunque debió haber sido suficiente el reconocimiento constitucional de los derechos individuales para delimitar la acción de los organismos de seguridad y las autoridades policiales, evitando que incurrieran en excesos violatorios a los derechos humanos, la desaparición forzada de personas se repitió decenas de millares de veces en Guatemala y en otros países del hemisferio.

 

La desaparición forzada de personas transgrede todos los derechos y garantías consagrados en la legislación nacional e internacional en una suerte de estado de excepción puesto en práctica de hecho o "legalmente" según las circunstancias de cada país. En el segundo caso, se suspendía la Constitución Política -o la aplicación de los artículos correspondientes a derechos y garantías- o se emitían leyes con las que se pretendió legitimar todo tipo de arbitrariedades en un contexto de autoritarismo dictatorial y lucha contrainsurgente.

Este estado de excepción –declarado o no- ahondaba la situación de indefensión extrema en que eran colocadas las víctimas de la desaparición forzada al ser apartadas del mundo, lejos del alcance de sus familias, amigos/as y compañeros/as pero, sobre todo, de abogados/as y jueces.

Uno de los antecedentes de este tipo de acciones es el del régimen nazi, que reemplazó el orden jurídico por la arbitrariedad legalizada mediante la emisión de leyes que les permitieron cometer los más brutales excesos represivos sustentados en la voluntad política y la subordinación del poder judicial a la razón de Estado. (Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Barcelona, 1983, pp. 32 y 34).

Esta práctica, entusiastamente incorporada a la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en Guatemala y otros países del continente, fue criticada por el doctor Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, muerto en el asalto al Palacio de Justicia en 1985:

"Tales legislaciones presentan entre otros los siguientes elementos comunes:

a) Están marcadas por un creciente intervencionismo estatal representado en varios países por gobiernos militares.

b) Presentan frecuentes violaciones al principio de tipicidad en cuanto describen como hechos punibles formas de comportamiento que realmente no vulneran intereses vitales para la comunidad.

c) Entregan a los militares el poder de juzgar a los civiles por delitos comunes y mediante procedimientos violatorios del derecho de defensa.

d) Suprimen unas y recortan otras [garantías para] la real aplicación del habeas corpus.

e) Afectan sensiblemente el ejercicio normal de derechos inalienables como los de reunión, sindicalización y expresión." (“La desaparición forzada en Colombia”).

Todos estos esfuerzos estuvieron dirigidos a establecer e institucionalizar un régimen de impunidad que favoreció a los perpetradores y sus cómplices a lo largo de varias décadas.

Los culpables, sin juicio ni castigo

La maquinaria de terror establecida para desaparecer personas combinó numerosos elementos jurídicos, políticos, sociales, psicológicos, militares, creó un mundo paralelo sin Dios ni ley en el que la ejecución de los múltiples delitos estuvo en manos de los cuerpos estatales y paramilitares, junto con los llamados "grupos especiales" dentro de los organismos de seguridad legalmente constituidos. Sus operaciones fueron secretas y sus cárceles eran clandestinas. Todo ello se dio en un marco de garantías para la preservación de la impunidad de los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, una resolución de la Asamblea General de la OEA consideró que "La desaparición forzada de personas constituye un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal" (Asamblea General de la OEA. Resolución AG/RES. 666 (XIII-0/83). Aprobada en la sesión plenaria del 18 de noviembre de 1983).

Con la creación del aparato de terror, generalmente clandestino, y la supresión de hecho o “legalmente” de todos los recursos previstos por la ley para la protección de las personas detenidas por agentes estatales, paralelamente se estableció una práctica que garantizó la evasión de la responsabilidad de los "desaparecedores" y, por supuesto, su impunidad. Esta práctica se observó en distintos planos:

• Las desapariciones no fueron investigadas;
• Los delitos se ocultaron y se negaron; y,
• Se aprobaron leyes que institucionalizaron la impunidad, como las numerosas leyes de amnistía en Guatemala, El Salvador y Honduras, la obediencia debida en Uruguay o el punto final en Argentina, derogadas en años recientes.

En este sentido, “(...) toda la metodología estaba destinada a no dejar huellas, a garantizar la total impunidad de los criminales. Todo estaba dirigido principalmente a que no fuera descubierto el aparato de terror, de muerte, de sangre, de genocidio total. (...) En lugar de asumir responsablemente esta situación que ellos llamaban guerra, ocultaron la verdad, mintieron sistemáticamente. Dijeron en un comienzo que los desaparecidos eran la creación de la propaganda "subversiva". Más tarde, que estaban en Nicaragua o en Cuba, que se los había hecho salir del país..."(Luis Marcó del Pont, El Estado terrorista para asegurar la impunidad de los crímenes; en: La desaparición, crimen contra la humanidad, pp.63 y 64) 

Quienes hicieron de la práctica de las desapariciones forzadas e involuntarias una política de Estado para sancionar a las personas por sus creencias, opiniones y posición política, y las planearon y ejecutaron de manera sistemática y masiva, tomaron todas las previsiones legales e ilegales para resguardarse de la acción de la justicia. Para ello, retorcieron la legalidad, pusieron a su servicio -por simpatía o por temor- a jueces y abogados, establecieron las estructuras necesarias para garantizar la clandestinidad de sus actos y del aparato empleado para desaparecer personas, ocultaron la información, contaron con la absoluta falta de conciencia-y el absoluto miedo- de los militares que dieron las órdenes y que, pese al tiempo transcurrido, les continúa impidiendo decir la verdad y asumir su responsabilidad.

Pero hay algo que desde su inhumana acción y pensamiento no pudieron prever: nuestro amoroso resguardo de la memoria de nuestro ser querido desaparecido/a, la implacable voluntad de justicia que nos caracteriza, nuestra persistente búsqueda de la verdad, nuestra lealtad indoblegable al amor transfigurado en un dolor que no hallará alivio mientras el relámpago de la justicia no logre fulminarlos. Por eso, el régimen de impunidad que tan laboriosa y perversamente construyeron, se les está yendo a pique.

Enlaces a los artículos anteriores:

La desaparición forzada de personas (6)

La desaparición forzada de personas (5) 

La desaparición forzada de personas (4) 

La desaparición forzada de personas (3)

La desaparición forzada de personas (2)

La desaparición forzada de personas (1)

La justicia, ni pronta ni cumplida pero justicia al fin

Guatemala era un infierno, Ríos Montt era el demonio y yo era un animal perseguido por despiadados cazadores. Ya había sucedido lo de Marco Antonio y, pese al dolor que aún hace que se me doblen las rodillas, me mantenía en pie sostenida por la terquedad y la rabia respirando el aire envenenado, saturado de muerte y de las mentiras proferidas por el pastor evangélico al que consideraba un loco altamente peligroso.

Ignorante de lo que sucedía en las zonas rurales debido a la censura, leía los partes amañados emitidos por la oficina de información del ejército en los que las víctimas civiles, mayoritariamente indígenas, eran perversamente transformadas en combatientes, miembros de una fantástica guerrilla, la más numerosa del planeta. En mi cabeza, que se aferraba desesperadamente a la idea de que no podía ir tan mal la cosa, construía la versión de que los muertos eran soldados caídos en combate. Años después supe la verdad leyendo los informes de derechos humanos que circulaban internacionalmente.

Sin embargo, pese a la censura, a mis oídos llegaban fragmentos de verdades terroríficas, inmanejables para cualquier ser humano, que me provocaban pesadillas en las que era yo la que tomaba a los niños y niñas por los pies, los hacía girar sobre mi cabeza y los estrellaba contra las paredes de madera de la casa que habitaba.

Corrían los años de 1982 y 1983. Guatemala se convirtió en un territorio de humo y llanto, de balas y de sangre, de bombas cayendo desde un cielo que no se apiadó de los hombres y mujeres, niños y niñas, que angustiadxs buscaban resguardar su única posesión: la vida. Ni siquiera se podía desnudar las lágrimas sin aparecer como cómplice de los terroristas, delincuentes subversivos, los culpables de todo, como predicaba el pastor en sus mensajes dominicales en los que repartía culpas y responsabilidades entre las propias víctimas y entre los padres y madres -que no controlaban a sus hijos/as- por los asesinatos y desapariciones forzadas.

La campaña de mentiras y manipulaciones tenía otro componente del cual recuerdo las melodías pegajosas de los anuncios manipuladores pautados en la radio y la televisión, como aquel cuyo estribillo decía “un soldado es un hijo, un amigo y un hermano” que se repetía mecánicamente en mi cabeza con un martilleo desesperante, junto con las imágenes del soldado buen mozo, uniformado, que visita su aldea y es recibido por la madre y la hermanita que salta de felicidad. O aquella otra canción de las Patrullas de Autodefensa Civil. En octubre de 1981, en el camino a Occidente, unos kilómetros más allá de Los Encuentros, fue la primera vez que vi a los patrulleros caminando a la orilla de la carretera. Portaban una bandera de Guatemala, un trapo triste y empolvado en la punta de algún instrumento de labranza, y marchaban en fila con el gesto cansado y también triste. Algunas semanas después a la pregunta de qué hacían las banderas erguidas en medio de los maizales, alguien me contestó que eran las que los protegían de la llegada de los pintos o los ejércitos, como les decían los indígenas a las tropas que asaltaban sus comunidades. Se trataba de los primeros pasos de los planes militares que arrasaron con millares de vidas de “enemigos” y aplastaron cualquier vestigio de rebeldía en las comunidades indígenas.

De eso estaba hecho el mundo en aquel tiempo tan lejano y tan cerca, tan adentro mío, de muerte, mentiras y manipulaciones, de miedo y de silencio, de asquerosas complicidades del poder oligárquico con los más grandes criminales. Quienes resistíamos en nuestros agujeros sentíamos, más que sabíamos, que el cerco se cerraba implacable por encima de nuestras cabezas.

Y ahora, la justicia, ni pronta ni cumplida pero justicia al fin, no un trofeo que se entrega a las víctimas sino un resultado de su persistencia de décadas. La justicia como la única respuesta válida ante los crímenes descomunales y el dolor insondable, crímenes de lesa humanidad que son calificados como tales por la huella profunda en la memoria de quienes sobrevivieron a las masacres, a las quemas de sus humildes casas, a la destrucción de sus animalitos y cultivos, a la muerte infligida aún a las criaturas no nacidas.

La justicia al fin, no un trofeo que se entrega a las víctimas sino un resultado de su persistencia de décadas

En nuestro país, la justicia para las víctimas de los genocidas, torturadores y desaparecedores debe ser un alto en un proceso vertiginoso, altamente violento, caracterizado por la “democratización” de la cruda muerte, tan cruel e inesperada. Viejos y nuevos criminales de todos los tamaños y en todos los ámbitos siguen siendo favorecidos por la impunidad, en un contexto en el que todo es distinto, sobre todo en la imposición de formalismos jurídicos y rituales democrático - electorales engañosos, pero en esencia permanece inalterado, Guatemala sigue siendo concebida como una fincota propiedad de un reducido grupo de oligarcas que acaparan los beneficios del trabajo de las mayorías indígenas. Este es un momento de reflexión sobre quiénes somos y qué queremos como sociedad, para decidir si vamos a seguir diciéndoles a los criminales de ayer y de hoy “señor presidente”, “señor ministro”, “señor diputado”.