Ya se fue el 2013 y, como me
sucede al final de cada año, me invade la nostalgia por dejar atrás una
irrepetible porción de mi existencia. También es una ocasión propicia para
repasar el año transcurrido y rescatar algunos momentos importantes para hacer
un balance muy personal de la justicia y los derechos humanos en Guatemala.
El año empezó duramente con el
acuerdo gubernativo aprobado a finales de 2012 para limitar la jurisdicción de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos a casos posteriores a 1987, pero
muy pronto fue derogado gracias a las presiones de la sociedad civil. Las
familias y personas que tenemos sentencias o soluciones amistosas del sistema
interamericano no nos quedamos calladas. En febrero, junto con las
organizaciones que conforman el movimiento de derechos humanos, nos
pronunciamos públicamente exigiendo la renuncia o la destitución de Antonio
Arenales Forno, el promotor de dicho acuerdo, quien le ha dado su voz, pluma y
rostro a esa y otras medidas regresivas con las que, de un zarpazo, pretenden
negar la historia de la ignominia junto con nuestros derechos.
En enero se fortaleció mi convicción
de que es posible hacer justicia en Guatemala cuando el juez Miguel Ángel Gálvez
mandó a juicio a Ríos Montt por el genocidio del pueblo ixil. En marzo, abril y
mayo, a lo largo de jornadas fulgurantes, los valerosos y dignos hombres y
mujeres ixiles revivieron dolores abismales al narrar las verdades espantosas
que cargaron durante más de tres décadas, estremeciendo al mundo entero con su
tragedia. El 10 de mayo el ex jefe de Estado fue condenado a ochenta años de
prisión, un hecho que puso a nuestro país en las noticias y en la Historia.
Pero el 20 de mayo la Corte de
Constitucionalidad anuló el fallo cuando tres de sus integrantes gustosamente
se arrodillaron ante el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Con su fallo ilegal, le
propinaron un duro golpe a la incipiente institucionalidad democrática de la justicia;
también por si hacía falta, nos recordaron con voz enardecida y prepotente que
ellos son los que mandan en el país y cuáles son los límites que no pueden
atravesarse. Cínica y desvergonzadamente se evidenciaron la falta de
independencia del sistema de administración de justicia, su sujeción a los
poderes fácticos, la podredumbre que prevalece en sus prácticas y las
debilidades e inconsistencias de las que adolece el proceso democratizador del
Estado y la sociedad guatemaltecos. Con su decisión, los tres jueces de la
impunidad echaron por tierra los esfuerzos de un vasto grupo de actores. Entre
ellos, las víctimas y los jueces y juezas que, aunque con ello pongan en riesgo
sus vidas, se comportan con apego a la ley y a los principios éticos que deben
guiar la vida de quienes se dedican al Derecho, sobre todo en un país como el
nuestro, de tantas injusticias.
Este proceso, en el que se
revelaron detalles de la implicación de los sectores económicos poderosos y la
participación de figuras políticas como el actual Presidente de la República,
hizo salir de sus madrigueras a los más rabiosos enemigos de la democracia y la
justicia. En una típica operación de guerra psicológica, disfrazados de
víctimas y héroes, vomitaron racismo y misoginia y recurrieron a demandas
judiciales espurias. Con toda la plata del mundo, difundieron sus calumnias y
amenazas mediante los “pasquines” insertados en un periódico de circulación
nacional y otros medios.
El resultado fue la instalación
de un clima de polarización, inseguridad y temor, al peor estilo de los años
setenta y ochenta. Pero no se quedaron sin respuesta. Además del repudio de
diversos sectores, se enfrentan a una demanda penal promovida por Irma Leticia
Velásquez; además, sus actuaciones dieron lugar a una condena moral del
Procurador de Derechos Humanos, emitida gracias a la denuncia presentada por
numerosas personas y entidades.
A la par, con maniobras
leguleyelescas y argumentos trasnochados de la peor especie, los impulsores de
la negación del genocidio, la desaparición forzada y la tortura continuaron
buscando la forma de ampliar la amnistía a estos delitos. De hacerlo, además de
violar los derechos de las víctimas a la justicia y a las reparaciones, el
Estado guatemalteco incurriría en responsabilidad internacional al incumplir las
obligaciones contraídas con la ratificación de los tratados interamericanos y
universales de derechos humanos, aunque este es un asunto que pareciera importarles
muy poco.
Entre el negacionismo y la
polarización, en 2013 se siguió con la exhumación de los restos de numerosas
víctimas sepultadas en los terrenos de un cuartel militar en Cobán. A la fecha,
han sido desenterradas más de medio millar de osamentas, muchas de ellas
pertenecientes a niños y niñas. Con ellas, la verdad sigue brotando de la
tierra y se ponen en evidencia las mentiras de los promotores de la impunidad, buenos
émulos de Goebbels, el propagandista de Hitler.
Por otra parte, a lo largo de
2013 se agudizó la criminalización de la protesta. El gobierno homologó con
pandilleros a los defensores y defensoras de los derechos humanos y persiguió a
quienes se oponen al depredador modelo extractivista. Con el apoyo de las
autoridades que persiguen y privan de su libertad a las y los dirigentes, las
protestas son reprimidas violentamente por militares y policías, lo que ha
cobrado las vidas de numerosas personas, niños incluidos. A estos se ha sumado
un nuevo actor: los guardias privados de las empresas que cumplen funciones de
sicarios. Si algo prueba esta situación es que en Guatemala la vida no vale
nada frente a los grandes intereses económicos a cuya defensa y protección se
suman los actuales detentadores del poder, mantenedores de un régimen represivo
y destructor.
Aunado a lo anterior, se observó como
el litigio malicioso y las güizachadas
se emplean en la denegación del acceso a la justicia en el caso de la masacre
de Totonicapán perpetrada el 4 de octubre de 2012 por un contingente de
militares.
Pero no hay oscuridad sin luz. A
la cabeza de muchos de los avances observados se encuentra Claudia Paz y Paz,
una abogada reconocida mundialmente por su desempeño al frente del Ministerio
Público. Más allá de sus logros relevantes, como los juicios contra los
genocidas y desaparecedores, la Fiscal y su equipo han impulsado la depuración
del personal del Ministerio Público, la implantación de procedimientos
científicos y la aplicación de técnicas y metodologías de avanzada en la
investigación criminal, con lo que se ha logrado el retroceso de la impunidad
en los crímenes del pasado y el presente. También se destacaron la jueza
Barrios al frente del tribunal que sentenció al genocida Ríos Montt, entre
otros casos que le ha tocado examinar, y otros jueces decentes, como Miguel
Ángel Gálvez, el magistrado César Barrientos y los miembros de la CC que no se
plegaron a los mandatos del CACIF.
El saldo no es favorable visto
desde los principios democráticos y el ideal de la justicia. Es duro constatar
que en 2013 Guatemala siguió siendo un país estrecho, diminuto, de bordes
afilados, dominado por una oligarquía cavernaria, la más retrógrada de todo el
continente, en el que el tiempo avanza en el calendario pero retrocede en la
historia. Los sectores oligárquicos junto con sus aliados siguen imponiendo
decisiones injustas y apuntalan la impunidad de los más grandes criminales de
este lado del mundo; mantienen un sistema de exclusión, opresión y expoliación
en el que se niegan los derechos más elementales a las mayorías empobrecidas y
despojadas, discriminan a los pueblos indígenas y les regatean con violencia
sus derechos a la consulta, a la tierra y al territorio, a la naturaleza y a
ser plenamente lo que son, invisibilizando su existencia. Niegan la historia y
quieren que olvidemos, que pasemos las páginas sangrientas de un pasado tan reciente
y tan vivo. Nos cierran los caminos a la justicia y favorecen un estado de
cosas que propicia más violencia, más muertes, más silencio, más iniquidad mientras
sus bolsillos se llenan a reventar con el dinero derivado de negocios lícitos e
ilícitos.
Sin embargo, por siempre guardaré
una imagen luminosa y un ejemplo admirable: una sala de juicios repleta; al
frente, el tribunal encabezado por la jueza Barrios; a la izquierda, los
acusados, a la derecha, la dignidad que acusa. A lo largo de varias semanas,
los militares poderosos, los que se arrogaron con violencia brutal la potestad
de decidir sobre la vida y la muerte de decenas de miles de personas, debieron
escuchar a las mujeres y hombres ixiles contar cómo masacraron a sus familias,
violaron a las mujeres sin importar su edad y mataron a sus niños y niñas, aún
a los no nacidos. Para cometer esos horrendos crímenes fueron despojados de su
humanidad y sus derechos, les rebajaron a la condición de objetos y les
asimilaron a la de enemigos, en una lógica mortal e implacable que no entendió
de leyes humanas ni divinas.
En 2013 fui tocada por hechos que
me movieron y me conmovieron. A ratos fui muy feliz o inmensamente triste.
Cumplí uno a uno mis propósitos. Cuando pienso en lo vivido, a mi cabeza acude un
solo pensamiento: ¡no nos dejamos! Por eso, al margen de los desalentadores
titulares, me quedo con la letra menuda con la que los mal llamados terroristas
y pandilleros, los defensores y defensoras de los derechos humanos, de la
naturaleza, de la tierra y el territorio, de la vida, escriben día a día la
historia con su indoblegable voluntad de resistencia contra las injusticias y
el despojo. En 2014 espero renovar esperanzas y energías para continuar con
paciencia y terquedad invocando a la solidaridad y a la memoria. No me
arrodillaré. Ahora más que nunca, cuando siento que las fuerzas me faltan y el
cielo pareciera caerse sobre mi cabeza, reafirmo que soy parte de un vasto
contingente de hombres y mujeres que, desde los albores de la humanidad,
siente, piensa, resiste, propone y lucha por construir un mundo mejor donde
quepamos todos/as, sin opresión ni discriminación.
Recordaré por siempre a Marco
Antonio y a todas las víctimas del terrorismo de Estado, seres humanos como
cualquiera de nosotros que no merecieron jamás sufrir lo que sufrieron, y
exigiré justicia. En total rebeldía, seguiré repitiendo sin cansarme que sí
hubo genocidio, desaparición forzada y tortura, que sí son delitos perseguibles
por la justicia guatemalteca e interamericana y que los perpetradores merecen
ser castigados, no amnistiados.
Con un pie en nuestra realidad
tan dura y tan compleja y el otro en el dulce territorio de los sueños, sé que
llegará el día en que abriremos “las grandes alamedas” por donde transitarán
los explotados/as y vilipendiadas/os que con dignidad “han decidido empezar a
escribir ellos mismos, para siempre, su historia".
