2013, un año más de resistencia

Ya se fue el 2013 y, como me sucede al final de cada año, me invade la nostalgia por dejar atrás una irrepetible porción de mi existencia. También es una ocasión propicia para repasar el año transcurrido y rescatar algunos momentos importantes para hacer un balance muy personal de la justicia y los derechos humanos en Guatemala. 

El año empezó duramente con el acuerdo gubernativo aprobado a finales de 2012 para limitar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a casos posteriores a 1987, pero muy pronto fue derogado gracias a las presiones de la sociedad civil. Las familias y personas que tenemos sentencias o soluciones amistosas del sistema interamericano no nos quedamos calladas. En febrero, junto con las organizaciones que conforman el movimiento de derechos humanos, nos pronunciamos públicamente exigiendo la renuncia o la destitución de Antonio Arenales Forno, el promotor de dicho acuerdo, quien le ha dado su voz, pluma y rostro a esa y otras medidas regresivas con las que, de un zarpazo, pretenden negar la historia de la ignominia junto con nuestros derechos.

En enero se fortaleció mi convicción de que es posible hacer justicia en Guatemala cuando el juez Miguel Ángel Gálvez mandó a juicio a Ríos Montt por el genocidio del pueblo ixil. En marzo, abril y mayo, a lo largo de jornadas fulgurantes, los valerosos y dignos hombres y mujeres ixiles revivieron dolores abismales al narrar las verdades espantosas que cargaron durante más de tres décadas, estremeciendo al mundo entero con su tragedia. El 10 de mayo el ex jefe de Estado fue condenado a ochenta años de prisión, un hecho que puso a nuestro país en las noticias y en la Historia.

Pero el 20 de mayo la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo cuando tres de sus integrantes gustosamente se arrodillaron ante el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Con su fallo ilegal, le propinaron un duro golpe a la incipiente institucionalidad democrática de la justicia; también por si hacía falta, nos recordaron con voz enardecida y prepotente que ellos son los que mandan en el país y cuáles son los límites que no pueden atravesarse. Cínica y desvergonzadamente se evidenciaron la falta de independencia del sistema de administración de justicia, su sujeción a los poderes fácticos, la podredumbre que prevalece en sus prácticas y las debilidades e inconsistencias de las que adolece el proceso democratizador del Estado y la sociedad guatemaltecos. Con su decisión, los tres jueces de la impunidad echaron por tierra los esfuerzos de un vasto grupo de actores. Entre ellos, las víctimas y los jueces y juezas que, aunque con ello pongan en riesgo sus vidas, se comportan con apego a la ley y a los principios éticos que deben guiar la vida de quienes se dedican al Derecho, sobre todo en un país como el nuestro, de tantas injusticias.

Este proceso, en el que se revelaron detalles de la implicación de los sectores económicos poderosos y la participación de figuras políticas como el actual Presidente de la República, hizo salir de sus madrigueras a los más rabiosos enemigos de la democracia y la justicia. En una típica operación de guerra psicológica, disfrazados de víctimas y héroes, vomitaron racismo y misoginia y recurrieron a demandas judiciales espurias. Con toda la plata del mundo, difundieron sus calumnias y amenazas mediante los “pasquines” insertados en un periódico de circulación nacional y otros medios.

El resultado fue la instalación de un clima de polarización, inseguridad y temor, al peor estilo de los años setenta y ochenta. Pero no se quedaron sin respuesta. Además del repudio de diversos sectores, se enfrentan a una demanda penal promovida por Irma Leticia Velásquez; además, sus actuaciones dieron lugar a una condena moral del Procurador de Derechos Humanos, emitida gracias a la denuncia presentada por numerosas personas y entidades.

A la par, con maniobras leguleyelescas y argumentos trasnochados de la peor especie, los impulsores de la negación del genocidio, la desaparición forzada y la tortura continuaron buscando la forma de ampliar la amnistía a estos delitos. De hacerlo, además de violar los derechos de las víctimas a la justicia y a las reparaciones, el Estado guatemalteco incurriría en responsabilidad internacional al incumplir las obligaciones contraídas con la ratificación de los tratados interamericanos y universales de derechos humanos, aunque este es un asunto que pareciera importarles muy poco.

Entre el negacionismo y la polarización, en 2013 se siguió con la exhumación de los restos de numerosas víctimas sepultadas en los terrenos de un cuartel militar en Cobán. A la fecha, han sido desenterradas más de medio millar de osamentas, muchas de ellas pertenecientes a niños y niñas. Con ellas, la verdad sigue brotando de la tierra y se ponen en evidencia las mentiras de los promotores de la impunidad, buenos émulos de Goebbels, el propagandista de Hitler.

Por otra parte, a lo largo de 2013 se agudizó la criminalización de la protesta. El gobierno homologó con pandilleros a los defensores y defensoras de los derechos humanos y persiguió a quienes se oponen al depredador modelo extractivista. Con el apoyo de las autoridades que persiguen y privan de su libertad a las y los dirigentes, las protestas son reprimidas violentamente por militares y policías, lo que ha cobrado las vidas de numerosas personas, niños incluidos. A estos se ha sumado un nuevo actor: los guardias privados de las empresas que cumplen funciones de sicarios. Si algo prueba esta situación es que en Guatemala la vida no vale nada frente a los grandes intereses económicos a cuya defensa y protección se suman los actuales detentadores del poder, mantenedores de un régimen represivo y destructor.

Aunado a lo anterior, se observó como el litigio malicioso y las güizachadas se emplean en la denegación del acceso a la justicia en el caso de la masacre de Totonicapán perpetrada el 4 de octubre de 2012 por un contingente de militares.

Pero no hay oscuridad sin luz. A la cabeza de muchos de los avances observados se encuentra Claudia Paz y Paz, una abogada reconocida mundialmente por su desempeño al frente del Ministerio Público. Más allá de sus logros relevantes, como los juicios contra los genocidas y desaparecedores, la Fiscal y su equipo han impulsado la depuración del personal del Ministerio Público, la implantación de procedimientos científicos y la aplicación de técnicas y metodologías de avanzada en la investigación criminal, con lo que se ha logrado el retroceso de la impunidad en los crímenes del pasado y el presente. También se destacaron la jueza Barrios al frente del tribunal que sentenció al genocida Ríos Montt, entre otros casos que le ha tocado examinar, y otros jueces decentes, como Miguel Ángel Gálvez, el magistrado César Barrientos y los miembros de la CC que no se plegaron a los mandatos del CACIF. 

El saldo no es favorable visto desde los principios democráticos y el ideal de la justicia. Es duro constatar que en 2013 Guatemala siguió siendo un país estrecho, diminuto, de bordes afilados, dominado por una oligarquía cavernaria, la más retrógrada de todo el continente, en el que el tiempo avanza en el calendario pero retrocede en la historia. Los sectores oligárquicos junto con sus aliados siguen imponiendo decisiones injustas y apuntalan la impunidad de los más grandes criminales de este lado del mundo; mantienen un sistema de exclusión, opresión y expoliación en el que se niegan los derechos más elementales a las mayorías empobrecidas y despojadas, discriminan a los pueblos indígenas y les regatean con violencia sus derechos a la consulta, a la tierra y al territorio, a la naturaleza y a ser plenamente lo que son, invisibilizando su existencia. Niegan la historia y quieren que olvidemos, que pasemos las páginas sangrientas de un pasado tan reciente y tan vivo. Nos cierran los caminos a la justicia y favorecen un estado de cosas que propicia más violencia, más muertes, más silencio, más iniquidad mientras sus bolsillos se llenan a reventar con el dinero derivado de negocios lícitos e ilícitos. 

Sin embargo, por siempre guardaré una imagen luminosa y un ejemplo admirable: una sala de juicios repleta; al frente, el tribunal encabezado por la jueza Barrios; a la izquierda, los acusados, a la derecha, la dignidad que acusa. A lo largo de varias semanas, los militares poderosos, los que se arrogaron con violencia brutal la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de decenas de miles de personas, debieron escuchar a las mujeres y hombres ixiles contar cómo masacraron a sus familias, violaron a las mujeres sin importar su edad y mataron a sus niños y niñas, aún a los no nacidos. Para cometer esos horrendos crímenes fueron despojados de su humanidad y sus derechos, les rebajaron a la condición de objetos y les asimilaron a la de enemigos, en una lógica mortal e implacable que no entendió de leyes humanas ni divinas. 

En 2013 fui tocada por hechos que me movieron y me conmovieron. A ratos fui muy feliz o inmensamente triste. Cumplí uno a uno mis propósitos. Cuando pienso en lo vivido, a mi cabeza acude un solo pensamiento: ¡no nos dejamos! Por eso, al margen de los desalentadores titulares, me quedo con la letra menuda con la que los mal llamados terroristas y pandilleros, los defensores y defensoras de los derechos humanos, de la naturaleza, de la tierra y el territorio, de la vida, escriben día a día la historia con su indoblegable voluntad de resistencia contra las injusticias y el despojo. En 2014 espero renovar esperanzas y energías para continuar con paciencia y terquedad invocando a la solidaridad y a la memoria. No me arrodillaré. Ahora más que nunca, cuando siento que las fuerzas me faltan y el cielo pareciera caerse sobre mi cabeza, reafirmo que soy parte de un vasto contingente de hombres y mujeres que, desde los albores de la humanidad, siente, piensa, resiste, propone y lucha por construir un mundo mejor donde quepamos todos/as, sin opresión ni discriminación. 

Recordaré por siempre a Marco Antonio y a todas las víctimas del terrorismo de Estado, seres humanos como cualquiera de nosotros que no merecieron jamás sufrir lo que sufrieron, y exigiré justicia. En total rebeldía, seguiré repitiendo sin cansarme que sí hubo genocidio, desaparición forzada y tortura, que sí son delitos perseguibles por la justicia guatemalteca e interamericana y que los perpetradores merecen ser castigados, no amnistiados.

Con un pie en nuestra realidad tan dura y tan compleja y el otro en el dulce territorio de los sueños, sé que llegará el día en que abriremos “las grandes alamedas” por donde transitarán los explotados/as y vilipendiadas/os que con dignidad “han decidido empezar a escribir ellos mismos, para siempre, su historia".