jueves, 5 de mayo de 2016

Marco Antonio en nuestras vidas

Agradecemos la solidaridad de nuestras amigas de laCuerda por publicar este artículo en su edición 188, disponible en http://www.lacuerdaguatemala.org/
Abajo está la versión en html.




El 27 de septiembre de 1981, Emma Molina Theissen, de 21 años, fue detenida ilegalmente en un retén militar en Santa Lucía Utatlán porque portaba documentos de una organización política opositora clandestina. Prisionera en el cuartel Manuel Lisandro Barillas, de Quetzaltenango, fue interrogada y torturada salvajemente por hombres de la G2, la inteligencia militar. Huyó tras nueve días de cautiverio en los que sufrió hambre, sed y violaciones. Como represalia, al día siguiente, nuestro hijo y hermano Marco Antonio, un niño de 14 años, fue capturado ilegalmente y desaparecido hasta el día de hoy, también por agentes de la G2. Le sobrevivimos sus tres hermanas y su madre. 

Después de 34 años y tres meses de perpetrados los crímenes y a casi 17 de haber sido interpuesta la demanda penal, en 1999, el 13 de enero de 2016 la jueza quinta de primera instancia, Judith Secaida, encontró indicios suficientes para ligar a proceso a cuatro militares de alto rango por delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada; además, fijó un plazo para completar la investigación. Mientras tanto, los ahora presuntos responsables guardan prisión en el cuartel Mariscal Zavala. Pronto sabremos si se va a juicio.

En esta segunda fase de la búsqueda de justicia para Marco Antonio –la primera fue entre 1981 y 1983- se interpusieron dos habeas corpus y se inició un proceso especial de averiguación. Asimismo, en 1998 elevamos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en 1999, nos adherimos a la demanda de Rigoberta Menchú ante la Audiencia Nacional de España. 

El proceso internacional culminó en 2004, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sus sentencias (fondo, 4 de mayo; y reparaciones y costas, 3 de julio) condenando al Estado por haber violado, entre otros, los derechos a la vida, la libertad y la integridad personales de Marco Antonio; entre otras reparaciones, le ordenó investigar, enjuiciar y castigar a quienes resultaran responsables. Aunque esto debió ser cumplido mucho antes, no fue sino hasta ese día de enero que se dio este primer paso efectivo hacia la justicia, lo que fue favorecido no solamente por nuestra persistencia, sino también por el compromiso de las Fiscales Generales y el trabajo de abogados y fiscales del Ministerio Público.

Acabar con la impunidad en estos casos ha estado fuera de la agenda nacional. Son escasos los procesos y demasiadas las personas muertas o desaparecidas. Por eso, a la falta de voluntad política opusimos la voluntad de justicia.

Conscientes de los riesgos, vencimos el temor afirmándonos en nuestros derechos. Sin justicia, un derecho indiscutible, básico, estos son imposibles.

Al mandato de olvido, respondimos con memoria amorosa y lealtad al recuerdo de nuestro hijo y hermano.

Desobedecimos la orden de silencio denunciando, hablando y escribiendo sobre lo sucedido. 

Contrarrestamos la frustración y la aparente inutilidad de los esfuerzos realizados con la terquedad y la convicción de que la justicia es el único remedio posible para hechos tan injustos y atroces.

Hicimos a un lado que esta deja de serlo si no es pronta. 

Al desgaste emocional y las frustraciones derivadas de los ires y venires kafkianos de un proceso entrampado durante décadas, opusimos la dignidad y nuestra decisión absoluta de que las atrocidades perpetradas en los cuerpos y en las vidas de Emma y Marco Antonio –y en las nuestras- no deben quedar impunes.

Sobrellevamos el dolor y la rabia gracias al amor a Marco Antonio, un sentimiento sepultado bajo la amargura durante un largo tiempo que no se acaba en él, se extiende a Guatemala, a su gente que lucha, a la vida.

Asumiendo las limitaciones del sistema de (in)justicia prevaleciente en Guatemala, que nuestro tiempo individual no es el tiempo social y que nuestra voluntad es ínfima frente a la del poder, hemos perseverado pacientemente en la búsqueda de la justicia porque es el único medio para hallar la verdad sobre los responsables materiales e intelectuales de lo sucedido a Emma y Marco Antonio, el paradero de nuestro niño y recuperar sus restos para sepultarlo dignamente. Somos conscientes de nuestros derechos. Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo. 

En condiciones adversas, sin más esperanza que la de no claudicar -así, cada avance es un triunfo- la presencia de nuestra madre ha sido fundamental. Ella, con su callada firmeza y su fortaleza descomunal, ha decidido cada paso. Cuando le pedí representarla como querellante adhesiva, lo es gracias a un amparo presentado en 2011 ante la Corte Suprema de Justicia, su tajante respuesta fue “no, yo quiero verlos a la cara”. 

En este difícil proceso no estamos solas, como en 1981. Nos acompañan abogados y psicólogos, el movimiento de derechos humanos nacional e internacional y la solidaridad de quienes anhelan justicia para Guatemala; contamos con un MP comprometido y la posibilidad de tener jueces/as honestos.

Volver sobre lo sucedido jamás ha sido fácil. Estar en un tribunal tampoco lo será. Pero hoy, más unidas que nunca, sabedoras de la justeza de nuestras demandas, luchamos por la justicia para Marco Antonio, Emma y todas las víctimas del pasado reciente.

Publicado en laCuerda en su edición 188, disponible en http://www.lacuerdaguatemala.org/
 


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