Agradecemos la solidaridad de nuestras amigas de laCuerda por publicar este artículo en su edición 188, disponible en http://www.lacuerdaguatemala.org/
Abajo está la versión en html.
El 27 de septiembre de 1981, Emma
Molina Theissen, de 21 años, fue detenida ilegalmente en un retén militar en
Santa Lucía Utatlán porque portaba documentos de una organización política
opositora clandestina. Prisionera en el cuartel Manuel Lisandro Barillas, de
Quetzaltenango, fue interrogada y torturada salvajemente por hombres de la G2,
la inteligencia militar. Huyó tras nueve días de cautiverio en los que sufrió
hambre, sed y violaciones. Como represalia, al día siguiente, nuestro hijo y
hermano Marco Antonio, un niño de 14 años, fue capturado ilegalmente y
desaparecido hasta el día de hoy, también por agentes de la G2. Le sobrevivimos
sus tres hermanas y su madre.
Después de 34 años y tres meses
de perpetrados los crímenes y a casi 17 de haber sido interpuesta la demanda
penal, en 1999, el 13 de enero de 2016 la jueza quinta de primera instancia,
Judith Secaida, encontró indicios suficientes para ligar a proceso a cuatro
militares de alto rango por delitos contra los deberes de humanidad y
desaparición forzada; además, fijó un plazo para completar la investigación. Mientras
tanto, los ahora presuntos responsables guardan prisión en el cuartel Mariscal
Zavala. Pronto sabremos si se va a juicio.
En esta segunda fase de la
búsqueda de justicia para Marco Antonio –la primera fue entre 1981 y 1983- se interpusieron
dos habeas corpus y se inició un proceso especial de averiguación. Asimismo, en
1998 elevamos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y,
en 1999, nos adherimos a la demanda de Rigoberta Menchú ante la Audiencia
Nacional de España.
El proceso internacional culminó
en 2004, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sus
sentencias (fondo, 4 de mayo; y reparaciones y costas, 3 de julio) condenando
al Estado por haber violado, entre otros, los derechos a la vida, la libertad y
la integridad personales de Marco Antonio; entre otras reparaciones, le ordenó
investigar, enjuiciar y castigar a quienes resultaran responsables. Aunque esto
debió ser cumplido mucho antes, no fue sino hasta ese día de enero que se dio
este primer paso efectivo hacia la justicia, lo que fue favorecido no solamente
por nuestra persistencia, sino también por el compromiso de las Fiscales
Generales y el trabajo de abogados y fiscales del Ministerio Público.
Acabar con la impunidad en estos
casos ha estado fuera de la agenda nacional. Son escasos los procesos y
demasiadas las personas muertas o desaparecidas. Por eso, a la falta de
voluntad política opusimos la voluntad de justicia.
Conscientes de los riesgos,
vencimos el temor afirmándonos en nuestros derechos. Sin justicia, un derecho
indiscutible, básico, estos son imposibles.
Al mandato de olvido, respondimos
con memoria amorosa y lealtad al recuerdo de nuestro hijo y hermano.
Desobedecimos la orden de
silencio denunciando, hablando y escribiendo sobre lo sucedido.
Contrarrestamos la frustración y
la aparente inutilidad de los esfuerzos realizados con la terquedad y la
convicción de que la justicia es el único remedio posible para hechos tan injustos
y atroces.
Hicimos a un lado que esta deja
de serlo si no es pronta.
Al desgaste emocional y las
frustraciones derivadas de los ires y venires kafkianos de un proceso
entrampado durante décadas, opusimos la dignidad y nuestra decisión absoluta de
que las atrocidades perpetradas en los cuerpos y en las vidas de Emma y Marco
Antonio –y en las nuestras- no deben quedar impunes.
Sobrellevamos el dolor y la rabia
gracias al amor a Marco Antonio, un sentimiento sepultado bajo la amargura
durante un largo tiempo que no se acaba en él, se extiende a Guatemala, a su
gente que lucha, a la vida.
Asumiendo las limitaciones del
sistema de (in)justicia prevaleciente en Guatemala, que nuestro tiempo
individual no es el tiempo social y que nuestra voluntad es ínfima frente a la
del poder, hemos perseverado pacientemente en la búsqueda de la justicia porque
es el único medio para hallar la verdad sobre los responsables materiales e
intelectuales de lo sucedido a Emma y Marco Antonio, el paradero de nuestro
niño y recuperar sus restos para sepultarlo dignamente. Somos conscientes de
nuestros derechos. Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo.
En condiciones adversas, sin más
esperanza que la de no claudicar -así, cada avance es un triunfo- la presencia
de nuestra madre ha sido fundamental. Ella, con su callada firmeza y su fortaleza
descomunal, ha decidido cada paso. Cuando le pedí representarla como
querellante adhesiva, lo es gracias a un amparo presentado en 2011 ante la Corte
Suprema de Justicia, su tajante respuesta fue “no, yo quiero verlos a la cara”.
En este difícil proceso no
estamos solas, como en 1981. Nos acompañan abogados y psicólogos, el movimiento
de derechos humanos nacional e internacional y la solidaridad de quienes anhelan
justicia para Guatemala; contamos con un MP comprometido y la posibilidad de
tener jueces/as honestos.
Volver sobre lo sucedido jamás ha
sido fácil. Estar en un tribunal tampoco lo será. Pero hoy, más unidas que
nunca, sabedoras de la justeza de nuestras demandas, luchamos por la justicia
para Marco Antonio, Emma y todas las víctimas del pasado reciente.
Publicado en laCuerda en su edición 188, disponible en http://www.lacuerdaguatemala.org/
